Cada semana indígenas mueren ejecutados por la guerrilla de las FARC y el ELN, sin que se condene a nadie, denunció el exgobernador Liborio Guarilla en el coloquio Yanomami: la nobleza de un pueblo indígena violentado en sus derecho, que el IEPFT realizó para debatir sobre los hechos en Parima B con destacados especialistas
Los yanomami, uno de los 20 pueblos indígenas del estado Amazonas, reclama que su cultura ancestral y derechos constitucionales sean reconocidos y respetados para evitar tragedias como la ocurrida en la comunidad de Parima B, en el Alto Orinoco, el 20 de marzo pasado. Allí, cuatro indígenas fueron asesinados por militares de un destacamento de la zona durante un incidente por un router. Y por ello exigen justicia.
Las consideraciones fueron expuestas en el coloquio Yanomami: la nobleza de un pueblo indígena violentado en sus derechos, del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en el que participaron el exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, y la diputada indígena Mauligmer Baloa.
El evento fue convocado por el IEPFT con el propósito de ofrecer espacios para el debate y la búsqueda de soluciones a los problemas del país, en el marco de los sucesos ocurridos en Amazonas. Participó como moderador el politólogo Tulio Gudiño, especialista en derecho y política internacional, quien destacó la significación del pueblo yanomami por su identidad cultural y rasgos singulares en Venezuela y América Latina. También agradeció al presidente del instituto, Ramón Guillermo Aveledo, el espacio que permitió a panelistas calificados disertar sobre el tema.
Contó asimismo con el apoyo de Universitas Fundación.
Respeto a los yanomami
Baloa, abogada de la etnia baniva, se refirió al pueblo yanomami, que conforman más de 200.000 indígenas, y está ubicado en uno de los patrimonios culturales de la humanidad: la Sierra Parima Tapirapecó, Parima B, en el Alto Orinoco, en el sur del país. Es una comunidad nómada, dedicada a la siembra y a la caza, y con una cultura muy antigua que admite el canibalismo. “Ellos consumen a sus muertos, un ritual que consiste en incinerar los cadáveres y las cenizas las consumen en bebidas y con otras plantas que son inhaladas, para revivir los espíritus en los cuerpos vivos. Y por eso no se debe mencionar los nombres de los fallecidos en la comunidad”, explicó.
La parlamentaria que formuló las primeras denuncias sobre los cuatro indígenas asesinados por tiros de militares, se refirió a cómo ocurrió el hecho y el estado de las investigaciones que adelantan organismos estatales. “Por esto levantamos nuestra voz de forma contundente por los yanomami”, dijo y mostró fotos inéditas sobre los hechos.
“Parte de los hechos que ocurrieron tiene que ver con el desconocimiento del acervo cultural de este pueblo. Los funcionarios militares no estaban preparados para entender las costumbres de estos pueblos ni cómo disuadir una situación hostil”, dijo.
Relató que el 20 de marzo pasado, aproximadamente 2:30 pm, se inició un incidente, según actas del Cicpc. La comunidad indígena Yanomami poseía un router que le obsequió una ONG, dado que habría Internet satelital en la zona, para que pudiera comunicarse con ONG del exterior, “porque no tienen atención del gobierno”. Le prestaron el aparato a los funcionarios militares que no tenían ninguno, para que se conectaran y enviaran mensajes, pero luego estos no se lo quisieron devolver.
“Pidieron al comandante que le diera la clave y usar el servicio, pero les pidió a cambio unas gramas de oro. Ya hemos comprobado que había roces anteriores por esto. Los Yanomami se molestaron y el militar desenfundó su pistola”, señaló.
El cacique de los yanomami reaccionó “en legítima defensa”, indicó Baloa, y se inició forcejeo en el que sacaron arcos y flechas, y culminó con los cuatro indígenas muertos por tiros y militares heridos. “Si los yanomami hubiesen sido dirigidos o estado de acuerdo para matar hubiesen utilizado veneno en las puntas de las flechas que es lo que hacen, según su cultura, para cazar o ir a la guerra”, manifestó.
Otro incidente estuvo a punto de ocurrir al día siguiente, pues los yanomami exigieron la entrega de sus muertos a la autoridad.
“El acta del Cicpc señala que no había cuerpos del delito, una sola arma de 9 milímetros, una ametralladora, y cascos de bala de una y otra arma, en detrimento de nuestros fallecidos”, expresó la parlamentaria. Afirmó que piden la reposición de los hechos. Mientras, un yanomami herido, de 16 años de edad, fue trasladado a un hospital de Caracas y se encuentra a la orden de la autoridad.
“El hecho no se ha aclarado, y es que no les interesa conocer muchas verdades que ocurrieron allí. Seguiremos levantando la voz para que las comunidades a lo largo y ancho del Amazonas no estén minimizadas ni desasistidas. Esperemos que la fiscal sea imparcial”, manifestó.
Estado cómplice frente al atropello de los yanomami
Por su parte, el abogado Guarulla, indígena baniva, señaló que la masacre de Parima B no es la primera contra los yanomami ni será la última. “Esto se desprende de la actuación del régimen más oprobioso que hemos tenido en 530 años”, expresó.
“Han muerto más de 20 indígenas en 130 minas que están en Amazonas, y que no se pueden explotar. Estos indígenas que mueren cada semana son ejecutados por elementos de la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN, y el Estado venezolano hace la vista gorda. Nosotros lo sabemos porque estos muertos llegan al puerto de San Fernando de Atabapo, en Puerto Ayacucho. Y también porque los propios indígenas desde estas minas nos lo comunican. Y se están ejecutando de manera sistemáticas sin que el Estado, como el Cicpc, la Defensoría del Pueblo o la misma Fiscalía, condenen a nadie”, dijo.
Condenó los asesinatos cometidos por agentes extranjeros y recordó la masacre de Haximú, ocurrida en la región del mismo nombre, en Amazonas, en 1993. Un grupo de garimpeiros brasileños dieron muerte, en dos ocasiones, a 16 indígenas yanomami, entre ellos 8 niños y niñas. El hecho fue condenado por la Corte-IDH, de la cual Venezuela aún formaba parte.
“Los conflictos en vez de aminorar se han agravado en el Alto Orinoco desde que Hugo Chávez ordenó la salida de nuevas tribus de varias comunidades, y se asentaron por primera vez en la zona de Amazonas destacamentos militares. No sabemos el argumento”, señaló.
Puntualizó que la intromisión de las FAN en poblaciones indígenas no es nueva pero es grave, y lo pudo constatar en las zonas durante sus visitas como gobernador de Amazonas. Si bien los yanomami son “una mina para ONG, periodistas, antropólogos, sociólogos y América Latina y el mundo”, la otra mina es el oro, catalogado como el más puro y preciado de Amazonas.
“La explotación de oro en la zona tiene más de 35 años y lo vienen haciendo elementos extraños, muchas veces con complicidad del Estado venezolano, la FAN. Y no solo ocurre allí sino también en el municipio Río Negro”, puntualizó.
Dijo, como ejemplo, que para ingresar al municipio Alto Orinoco donde se asienta el pueblo yanomami se requiere un permiso debido a que gran parte de su extensión es parque nacional, y también porque es el único lugar de Venezuela considerado zona indígena. Ni el turismo está permitido. El permiso, que antes lo expedía el Ministerio de Educación, ahora lo da la FAN y el despacho presidencial.
“Uno puede decir que todo lo que ocurre a los Yanomami y la explotación de oro y de minerales estratégicos como el uranio, tiene vinculación directa con la presidencia o con quien ejerce el gobierno nacional. Por eso se puede decir que esta masacre que ocurre de manera permanente va a continuar”.
Descartó la tesis del enfrentamiento en el caso de Parima B, pues en el hecho hubo armas de guerra contra arcos y flechas. “Estamos frente a una masacre como la que cometían españoles y portugueses hace más de 130 años”, dijo. Y llamó la atención sobre militares heridos de bala.
Aseguró, como integrante del movimiento indígena desde la década de los 80 y de luchas reivindicativas, que estos pueblos son violentados “por quienes han usado la bandera del indigenismo”.
Añadió que “el régimen chavista y madurista no ha cumplido ninguno de los puntos que se aprobaron en la Constitución”. Citó el caso de la elección de representantes indígenas a la AN y el despojo del derecho de elegir de manera directa a sus representantes.
Y tampoco ha cumplido con la demarcación de tierras indígenas: “No llega ni a 1 millón de hectáreas en estos últimos 22 años, no se hizo en los estados Bolívar ni Amazonas, donde se encuentra la mayoría de poblaciones indígenas. Al no demarcarse se crea el Arco Minero Orinoco, y se está cometiendo el peor ecocidio contra la Amazonia y el mayor desplazamiento de los pueblos indígenas, y con la complicidad con Estado”.
Fustigó que el Ministerio de Pueblos Indígenas no haya levantado la voz de protesta.
“Seguiremos levantando nuestra voz como en los años 80, cuando no había aún una sola ley a favor de los pueblos indígenas, y sin embargo logramos que el Estado aprobara recursos de amparo, decretara comisiones para investigar. En el caso de esta masacre lo que hay es un profundo silencio”, dijo.
Con información de nota de prensa.
Fuente: El Nacional