De acuerdo al más reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), las ejecuciones extrajudiciales al parecer siguen siendo un patrón que se mantiene desde los cuerpos de seguridad.
Solo entre septiembre del 2021 y abril del 2022 la organización registró al menos 43 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por cuerpos policiales y militares solo en el estado Bolívar.
Serían los municipios Caroní, El Callao y Piar, los que tienen la mayor cantidad de registros de ejecuciones con 16, 11 y cinco respectivamente.
El informe sobre monitoreo de estas muertes señala a la Guardia Nacional (GN) como el organismo más letal, siendo los supuestos responsables de 20 víctimas en el estado Bolívar.
En la misma entidad, siguen otros cuerpos de seguridad como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La Codehciu advierte en el caso de Bolívar que tres hombres murieron bajo custodia del Estado, uno en la cárcel de Vista Hermosa y dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, municipio Caroní.
También registraron 28 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el estado Monagas durante los últimos ocho meses, tras un monitoreo a medio de comunicación de la entidad. Este tipo de asesinatos se registraron en seis de los 13 municipios que conforman la entidad, siendo la capital (Maturín) la más afectada.
23 de estas personas murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad, mientras que responsabilizaron a la PNB de haber ejecutado a ocho de estas víctimas.
“En el estado Monagas suele haber una cifra menor de ejecuciones extrajudiciales que no debe traducirse en una menor incidencia de la letalidad policial y militar, pues siempre habrá un subregistro de casos que no trascienden a la prensa regional”, alertó Codehciu.
La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales no trascienden a la prensa, relató el informe, y el Estado no da acceso a cifras oficiales. Codehciu presume que no hay una disminución real de la ocurrencia de esta violación de derechos humanos, y el Estado no ha tomado en cuenta las recomendaciones de los organismos multilaterales para prevenirlo.
Fuente: Tal Cual