Los habitantes de los urbanismos de Misión Vivienda siguen en un limbo respecto de su estatus: no son propietarios ni inquilinos ni ocupantes por préstamo. Enrique Larrañaga, arquitecto, diseñador urbano y docente, considera que las edificaciones de Misión Vivienda «parecen ser muy pobres de construcción», pues rápidamente comenzaron a mostrar fuertes signos de deterioro. «Eso es grave porque están creándole a los usuarios una necesidad de mantenimiento»
Zulvyn Díaz | Luna Perdomo – TalCual
Con la promesa de dejar atrás «el drama de la vivienda heredado del capitalismo», el entonces presidente Hugo Chávez lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela el 30 de abril de 2011. Dijo que su meta era construir dos millones de hogares en los siguientes siete años. En marzo de 2018, Nicolás Maduro afirmó haber cumplido la promesa de su predecesor y se comprometió a elevar el número a cinco millones de casas para el 2025. Gran Misión Vivienda cumple 12 años entre grietas, inundaciones, construcciones inseguras y habitantes sin titularidad.
Casi los mismos años que tiene la Gran Misión Vivienda tienen engavetadas e ignoradas por las instituciones del Estado las primeras quejas de vecinos que alertaban sobre diversas fallas estructurales, que comenzaban a aparecer entonces en las recién estrenadas edificaciones.
Filtraciones, ausencia de tuberías de agua y gas directo, fallas en el cableado eléctrico, construcciones en zonas de riesgo y fallas geológicas destacan como los principales problemas en las construcciones de Misión Vivienda, según el informe «La GMVV: entre el riesgo y la corrupción» de Transparencia Venezuela del año 2017.
Aunque la mayoría de los residentes de urbanismos de Misión Vivienda, consultados por TalCual en diversas zonas céntricas de Caracas, aseguran que «todo está y funciona bien», puertas adentro muestran la carga que conlleva habitar estas edificaciones: temas de convivencia, inoperatividad de servicios, falta de mantenimiento de espacios comunes y más.
Una de las que fue adjudicada con uno de los 184 apartamentos que integran el urbanismo José Rafael Núñez Tenorio, ubicado en la avenida Roosevelt, cerca de la plaza Los Símbolos (parroquia San Pedro, Caracas), relata —bajo el resguardo de su identidad— que su vivienda se inunda desde que le fueron entregadas las llaves, hace unos diez años. En 2011, el gobierno anunció que los nuevos residentes allí eran todos damnificados por lluvias en distintas zonas de Caracas.
«Aquí nosotros tenemos unas filtraciones que son muy feas y peligrosas. Cuando llueve, el agua se empoza en la azotea y se empieza a filtrar para acá abajo. Se hizo un hueco de las filtraciones y mi esposo lo tapó», relata la mujer de 33 años y madre de cinco hijos.
Detalla que al inicio era solo una gota en el techo de la cocina, pero rápidamente eso se convirtió «en chorros» constantes que la familia intentó recoger con tobos, pero que terminaban rebosados. La casa se inunda con cada aguacero. En el cuarto principal la situación empeora: sobre la cama caen tantas gotas que en época de lluvias hay más ollas sobre la cama que almohadas.
Este apartamento es de espacio reducido: se divide en dos cuartos, una cocina-lavadero y una sala-comedor. Las paredes internas y techos son de drywall —una placa de yeso usada en la construcción para el revestimiento de paredes y techos— que al mojarse absorbe grandes cantidades de agua, que luego son difíciles de drenar.
El techo y los parches para tapar de forma improvisada las múltiples goteras reflejan el daño que las filtraciones han ocasionado por años.
Los vecinos han logrado solventar algunos problemas trabajando en conjunto y aportando aunque sea «un dólar». En enero rompieron parte de la platabanda del edificio para acabar con algunas filtraciones «que hacen una piscina cuando llueve». Los visitó el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández; dicen que tomó fotos del lugar, pero hasta la fecha no les ha aportado soluciones.
Dependencia del Estado
Enrique Larrañaga, arquitecto, diseñador urbano y docente universitario, confiesa que nunca ha entrado a un edificio de la Misión Vivienda. Opina, sobre la base de «lo que se ve desde la calle», que estas edificaciones «parecen ser muy pobres de construcción», pues rápidamente comenzaron a mostrar fuertes signos de deterioro. «Eso es grave porque están creándole a los usuarios una necesidad de mantenimiento y el público al que se dirigieron esas edificaciones va a tener problemas para poder mantenerlos».
Larrañaga explica que el hecho de que la vida útil de los edificios de Misión Vivienda sea tan corta y que sus habitantes no puedan costear los gastos de mantenimiento, en el fondo tiene una dimensión política «porque hacen unas edificaciones que, supuestamente, van a remediar una discriminación histórica hacia determinado sector de la sociedad y, para remendar ese capote, les están dando una edificación cuyo mantenimiento no les va a ser posible y, nuevamente, van a tener que depender del Estado para que les haga el favor de pintarles el edificio».
Esta subordinación al Estado también se evidencia en el urbanismo Carlos Escarrá, ubicado en Valle Abajo (parroquia San Pedro), una edificación que tiene una década sufriendo constantes inundaciones debido al colapso de los ductos de aguas blancas y servidas que confluyen en las bases que sostienen el bloque de tres torres, de 12 pisos cada una y 145 apartamentos en total.
Sus primeros habitantes, según informó el gobierno para la fecha, eran damnificados por las lluvias en El Valle, Antímano, 23 de Enero, El Junquito y Federico Quiroz.
Ahora, informan a TalCual, que desde la entrega de los primeros apartamentos, en 2013, el rebose de agua por el sistema de alcantarillas ha sido una constante. El sistema de drenaje siempre colapsa y el agua brota por las paredes e inunda la fosa del ascensor, quedando estancada y mojando las cadenas, que ya están oxidadas tras tener una década sometidas a inundaciones frecuentes.
Dentro de la cabina del ascensor se acumula el agua que escurren las cadenas sobre el techo. Las tarjetas electrónicas y microchip de seguridad del ascensor se han quemado a causa de cortocircuitos generados por esas filtraciones. También se han generado fallas en el servicio telefónico y de internet, así como daños estructurales en un apartamento de la planta baja.
La recomendación de los expertos es la paralización del ascensor, pero los habitantes lo encienden y apagan por ratos.
Informes, cartas y otros documentos explicando la situación y solicitando ayuda a las autoridades tienen fecha de hace 10 años, pero no ha habido respuesta concreta. En septiembre de 2013, recién estrenados los primeros apartamentos, se envió una carta al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. En 2022 se mandó una carta a la Corporación de Servicio Municipal de la Alcaldía de Libertador, en la que se presentó una evaluación detallada de los daños visibles y gastos acumulados, pero ambas siguen sin contestación.
«Hasta ahora no se ha realizado una inspección que explique el origen (de la filtración). Los informes de los ingenieros consultados hablan de un manantial de agua subterráneo, raíces que afectan las tuberías y tubos rotos por movimientos telúricos recientes», expone el documento más nuevo.
En 2021, la Alcaldía de Libertador mandó un camión vactor (con gran poder de succión) para el mantenimiento y drenaje del sistema de alcantarillas, pero desde ese año no reciben favores de ningún tipo, pese a que los problemas se mantienen.
Para solucionar, así sea a medias, los vecinos destapan con cabillas el alcantarillado y, otras veces, pagan a jóvenes para que drenen con tobos el agua de la fosa del ascensor.
La alcaldesa Carmen Meléndez (PSUV) inauguró una cancha en enero de 2022 y los habitantes de la zona denunciaron la precaria situación de las áreas afectadas. Ella dijo que «su asistente» se encargaría, intercambiaron números de teléfono, pero desde la Misión Vivienda Carlos Escarrá le escriben y los «dejan en visto», aseguran.
A juicio del arquitecto Enrique Larrañaga, los edificios de estos urbanismos niegan la ciudad, «son edificios que buscan ser autosuficientes, que no se relacionan con el que tienen al lado, no proveen facilidades para el espacio público y tienen fallas de funcionamiento y organización muy elementales».
Destaca que estas condiciones de Misión Vivienda «afectan a todos porque esos edificios no están escondidos, están sobre la calle».
Espera que estas edificaciones hayan sido proyectadas por profesionales capaces y «necesito pensar que no haya riesgos estructurales significativos. Todo es posible, pero vamos a pensar que el riesgo no es mayor», dice Larrañaga; sin embargo, menciona que las evaluaciones deben estar a cargo de terceros que no sean responsables de las construcciones ni habitantes de esos urbanismos.
Sin titularidad
«Aquí hay mucha gente que ya no cree en el Gobierno. Yo te puedo decir que a mí Maduro no me ha dado nada, porque yo le di mi casa por esto (apartamento), y lo estamos pagando», afirma una habitante de la Misión Vivienda José Rafael Núñez Tenorio de la avenida Roosevelt.
Detalla que cuando le entregaron el apartamento pagaron una cantidad —aunque no recuerda el monto ni el concepto de pago—. «Ahora (2023) vinieron del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y nos están cobrando 140 dólares en efectivo para el finiquito», pero esta institución les advierte que el monto subirá para quienes no cancelen a tiempo porque está anclado al petro.
No obstante, Banavih también les aclara que el pago por este monto es para la entrega del certificado de finiquito y no corresponde al pago de la vivienda, «pero quedamos en las mismas porque hasta que no paguen todos (el finiquito) el apartamento no es tuyo», sostiene la mujer.
Las entregas de las casas de Misión Vivienda se han hecho bajo la figura de «adjudicatorio»; es decir, en la mayoría de los casos se otorgan las llaves de la vivienda y un certificado provisional de ocupación que indica: «El presente certificado provisional es personalísimo e intransferible y reconoce al beneficiario antes identificado, las facultades inherentes al uso exclusivo, goce y libre aprovechamiento del inmobiliaria, quedando condicionada su disposición a la posterior protocolización del documento de propiedad».
La mujer agrega que después de este trámite «viene el pago del título de propiedad. Uno mismo tiene que buscar abogados y pagarles para legalizar esto, para poder venderlo o poder decir esto es mío«.
Sin embargo, en octubre de 2021, Nicolás Maduro afirmó que «cada familia favorecida con vivienda cuenta con su título de propiedad» y los instó a pagar «con comodidades, de acuerdo a su ingreso» para convertir ese dinero en nuevas viviendas.
Pero la mayoría de los habitantes de estas edificaciones no han podido cancelar ni siquiera el monto para el finiquito, pues sus ingresos no se los permiten. Entonces, no queda claro bajo qué condición habitan los urbanismos de Misión Vivienda: no son propietarios ni inquilinos ni ocupantes por préstamo.
«¿Están arrimados? ¿Es una condición muy imprecisa sobre la que toca estar agradecido? Es muy malvado todo», reflexiona Enrique Larrañaga.
Para el arquitecto, vivir en una construcción de Misión Vivienda es como «estar amarrado porque, en el fondo, están viviendo prestado». Afirma que es una «trampa ideológica que estigmatiza la propiedad privada» y busca mantener «amarrado (al beneficiario) a quien se le hizo el favor de darle una vivienda».
Esta falta de titularidad para quienes habitan los apartamento construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela también se traduce en una violación de derechos humanos, pues los reduce «a la condición de súbditos que deben agradecer que les dieron un regalo».
De 2011 a 2015, de acuerdo con las Memoria y Cuenta, la Misión Vivienda había construido un total de 158 mil 958 viviendas en todo el país. A partir de 2016, el Ministerio dejó de detallar el nombre y ubicación de las obras en ejecución o entregadas. Según la página web del Ministerio de Vivienda y Hábitat hasta el presente se han fabricado 4.500.000 viviendas.