Un grupo de más de 120 Organizaciones No Gubernamentales, alertaron al país y a la comunidad internacional sobre las pretensiones de la administración de Nicolás Maduro de llevar al máximo nivel la arremetida contra defensores de DDHH, a través de persecución, amedrentamiento y sobre todo, la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG que impulsa la AN chavista.
Durante rueda de prensa, presentaron un documento en el que condenan que Maduro busque cerrar el espacio cívico, criminalizar y perseguir a ONG y defensores de DDHH, tras la aprobación en primera discusión del mencionado proyecto de ley.
El comunicado fue entregado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, personalmente durante una reunión este jueves.
La coordinadora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón exclamó que la criminalización de las ONG «es solo la punta del iceberg» del contenido del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines; porque la realidad es que busca el control de todos los aspectos de los venezolanos.
«Puede inhibirse la cooperación internacional porque esto lo regula la ley. Aquí no sólo están en riesgo las ONG, sino las personas defensoras en sistemas como Naciones Unidas y la CPI», enfatizó.
Fustigó la coalición de activistas que el gobierno avanza con un patrón de estigmatización, persecución y ataques contra sociedad civil porque sabe que tiene la posibilidad de no ganar elecciones y ser minoría.
«Solo buscan mantenerse en el poder y quiere reprimir la acción política de los venezolanos, en definitiva, silenciar a un país (…) La demanda de derechos es una acción política que quiere ser perseguida, destruida y criminalizada» y condenaron «se pretende instaurar una ley del miedo, del silencio para que la población no denuncie las violaciones a sus derechos humanos».
Por su parte, Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana, recordó que las organizaciones sociales están comprometidos con dar ayudas a la población.
Y precisó que durante la reunión con Türk, en nombre de 90 organizaciones, se hicieron varias exigencias como que el mandato integral de su oficina se cumpla de forma integral, es decir, que la asistencia técnica tenga el mismo peso del componente de protección de DDHH. Además, pidieron que el memorando de entendimiento -firmado en 2019- sea público.
Por último solicitaron a Türk que, ante la inminencia de próximos procesos electorales en Venezuela, «se pronuncie sobre las condiciones en las cuales se realizarán las venideras elecciones».