Venezuela se acerca a las elecciones presidenciales de 2024, pero el régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro, despliega su maquinaria de inhabilitaciones políticas para obstaculizar la participación de líderes opositores, como María Corina Machado. A pesar de la oposición interna y las críticas internacionales, Maduro busca mantenerse en el poder, recurriendo a tácticas que han marcado la escena política venezolana durante 17 años.
Maduro utiliza la inhabilitación política como una de sus principales armas para excluir a figuras opositoras destacadas, como María Corina Machado, quien, a pesar de ganar las primarias, se enfrenta a una sanción que le prohíbe ocupar cargos públicos hasta 2030. Estados Unidos intervino en este conflicto, presionando por garantías democráticas a cambio del levantamiento de sanciones, lo cual condujo a la revisión de casos por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, Machado, desconfiada de los procesos oficiales, se opuso a la revisión de su caso, alegando la falta de notificación y cuestionando la legitimidad del procedimiento. Esta resistencia refleja la larga historia de medidas similares en el país y la desconfianza hacia el oficialismo.
Las inhabilitaciones políticas en Venezuela comenzaron en 2006 con la «Lista Russián», una modificación que amplió las categorías de inhabilitación y su alcance. A pesar de las objeciones internacionales, el régimen ha mantenido esta estrategia, respaldada por el control total de los poderes nacionales y el aval legal otorgado al Contralor General para imponer sanciones de hasta 15 años.
Esta práctica choca con la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen que la suspensión de derechos políticos solo puede ocurrir mediante una sentencia judicial firme en casos determinados por la ley. En 2015, la CIDH ya había advertido sobre la violación del Pacto de San José y exigido la supresión de la atribución del Contralor, abogando por la participación libre en el proceso electoral.
Conclusión:
A medida que se acercan las elecciones de 2024, la persistencia de las inhabilitaciones políticas revela la determinación de Maduro por mantenerse en el poder. A pesar de las críticas y las demandas internacionales, el régimen chavista continúa utilizando esta táctica controvertida, generando desconfianza y afectando la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.