La gobernación del estado Miranda desalojó arbitrariamente a 11 familias de sus casas en el conjunto residencial Los Olímpos, sector Lagunetica, en Los Teques, estado Miranda, el pasado jueves 11 de febrero, denunció el abogado defensor de los afectados.
Las viviendas fueron adjudicadas en el año 2006 por el Instituto de Vivienda del Estado Miranda (Inviami), y fueron debidamente pagadas por las familias. Sin embargo, nunca recibieron su título de propiedad.
“Si no estás aquí para desayunar, almorzar y cenar es que no necesitas la casa”: la excusa a 11 familias para desalojarlas
Viviana Heredia*, una de las víctimas, contó a El Nacional que las precarias condiciones del transporte público, la escasez del efectivo y el monto de los pasajes mínimos de los autobuses le hacen imposible subir todos los días a su casa. Por ello, se queda con su abuela durante los días de semana en los que tiene que ir a trabajar a Caracas; y los sábados y domingos está en su vivienda.
“Todo pasó el jueves en la mañana, mi hija me llama y me dice: ‘mamá, apúrese porque se nos están metiendo en la casa’. Cuando llegamos, la gente del Cicpc estaba allí impidiendo el paso. Les digo ‘esa es mi casa, déjame pasar, yo tengo niños pequeños’, pero por más que intenté no me dejaron pasar y dijeron que si lo hacía, la orden era llevarme presa”, contó Heredia.
La víctima indicó que el consejo comunal no los apoyó y que al contrario, anteriormente, los amenazaron diciendo que “los iban a ver salir uno a uno de ahí”.
“Esa casa ya no es tuya”
“La que se presentó como la directora de Inviami, Pamela Escobar, me dijo ‘esa casa ya no es tuya’. Pero cómo no va a ser mía si yo la pagué y además con mucho esfuerzo le puse el piso, la reja, la cocina. Allí están mis corotos, todo, el juego de comedor, la cubertería, mi cocina. Incluso allí están los documentos que dan fe de que yo lo pagué pero ni siquiera puedo entrar a buscarlos”, destacó.
Añadió que las funcionarias que realizaron el procedimiento justificaron que habían realizado inspecciones desde hace varios meses para ver quiénes estaban en las casas y quiénes no. Sin embargo, jamás dejaron notificaciones bajo las puertas, sino supuestamente con el consejo comunal. “La del consejo comunal sabe que por trabajo y falta de recursos no puedo subir todos los días. Esta es mi casa y la de mis hijos que son pequeños, pero eso no les da el mínimo remordimiento a ellos porque lo que quieres es sacarnos de ahí”, lamentó.
Escobar defendió: “Los adjudicatarios de esta casa tienen que desayunar, almorzar y cenar aquí, si no es que no la necesitan”.
Las múltiples irregularidades del proceso
El abogado del caso denunció a El Nacional que el procedimiento de desalojo de las 11 familias se ejecutó sin orden judicial por el Inviami con el Cicpc y la GNB, quienes entraron a las viviendas por la fuerza, destruyeron sus cerraduras y las sustituyeron.
“Las familias quedaron literalmente en la calle: no tienen adonde ir y en plena pandemia del covid-19. Hay menores de edad y adultos mayores entre los miembros de las 11 familias”, añadió.
Los funcionarios que realizaron el procedimiento aseguraron seguir órdenes del gobernador chavista de la jurisdicción Héctor Rodríguez, aseguró el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Relató que tras el hecho acudió ante los tribunales de lo contencioso administrativo a interponer un amparo constitucional, el cual luego de muchos inconvenientes logró que fuera recibido. “La juez a cargo del juzgado 8vo de lo contencioso administrativo (jueza coordinadora) se negó a recibir la solicitud de manera arbitraria por lo que me trasladé a la corte de lo contencioso administrativo donde logré que finalmente fuese recibido. Aunque no es el tribunal competente, puede decretar medidas cautelares, que a la fecha no ha ocurrido”, explicó.
“Denunciamos la flagrante violación del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio (artículo 48 CRBV), el derecho constitucional a la vivienda digna (artículo 82 CRBV), derecho constitucional de propiedad (artículo 115 CRBV) y derecho constitucional al debido proceso y a la defensa (artículo 49 CRBV)”, especificó.
También indicó que el desalojo arbitrario de las 11 familias por partes del Inviami viola el Decreto N° 4.279 del Ejecutivo nacional, publicado en G.O. 41.956 del 2-09-2020, que ha sido prorrogado y prohíbe el desalojo en tiempos de coronavirus.
No obstante, hasta la fecha no habido pronunciamiento sobre la medida cautelar especialísima solicitada y adicionalmente a ello, el abogado denunció que no ha podido tener acceso al expediente, presuntamente por el azueto de carnaval. “De acuerdo a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales todos los días y horas se consideran hábiles, pero hasta ahora no me dan acceso al expediente. Probablemente hasta el día miércoles luego de las fiestas”, dijo.
Sin una respuesta del gobernador a 11 familias
A pesar de las denuncias realizadas por ONG como Acceso a la Justicia y Provea; defensores de Derechos Humanos como Rocío San Miguel y la diputada a la Asamblea Nacional legítima, Delsa Solorzano; el ejecutivo regional no se ha pronunciado al respecto.
Viviana Heredia* es un nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de las fuentes.