Nicolás Maduro, lanzó una ofensiva política para aprobar este año en la AN/6D 34 leyes nuevas o reformas de normas vigentes. VOA precisó 5 claves de este nuevo plan legislativo y señaló que buscará vigilar redes sociales e impulsar el modelo comunal a través de estas reformas.
Jorge Rodríguez, presidente de la AN de mayoría chavista, elegida en diciembre pasado en medio del rechazo a esas votaciones de la oposición nacional, la OEA y la Unión Europea, anunció hace días la aprobación unánime del Plan Legislativo 2021 en Venezuela.
Maduro dio públicamente su visto bueno al proyecto e incluso confirmó que las gestiones parlamentarias de los próximos meses significarán la aprobación de al menos nueve leyes promovidas o recomendadas por su poder ejecutivo.
La Voz de América puntualizó cinco claves de la nueva estrategia del madurismo:
1. La mayoría absoluta: el oficialismo ganó 253 de las 277 diputaciones, lo que significa que políticos leales a Maduro controlan el 91 % del Parlamento hasta 2025, lo que permite al Psuv y sus aliados tener el control del voto de las dos terceras partes del poder legislativo. Con ello, puede fácilmente aprobar y reformar leyes orgánicas, modificar la Constitución, certificar votos de censura a ministros, nombrar funcionarios del poder público nacional, refrendar convenios internacionales y amnistías, o autorizar al ejecutivo de Maduro para enajenar bienes del país.
2. El listado: esta AN aprobó de manera unánime el Plan Legislativo Nacional para los próximos 10 meses. El mismo está compuesto por una treintena de leyes de “interés prioritario”, según Rodríguez. El número definitivo de leyes a aprobar está poco claro. Rodríguez mencionó 35 normas, Maduro, 34, y, al mencionarlas, el presidente solo nombró 33.
El plan tiene fundamento en el artículo 68 del Reglamento de Interior y de Debate del Parlamento. Su certificación por parte de la plenaria de la AN no impide que se añadan nuevos proyectos de ley en el transcurso del año. Las leyes orgánicas que contempla aprobar el chavismo son las de Drogas, propuesta por Maduro, del Parlamento Comunal Nacional, sobre los Derechos de la Madre Tierra, para la Planificación Territorial y del Consejo de Gobierno, que es un organismo donde coinciden el poder ejecutivo nacional, sus ministros y representantes de las gobernaciones y alcaldías del país. El oficialismo también prevé dar curso a las leyes de Cooperación Internacional, del Código Penal -impulsada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y figura cercana a Maduro, Maikel Moreno-, del Poder Popular para las Contralorías Regionales y Locales, de Nuevos Emprendimientos y de la Gran Chamba Juvenil -el programa oficialista que da empleos a venezolanos simpatizantes de su gestión.
El plan incluye también las leyes de Participación Política de pueblos indígenas; de Desarrollo Económico de esas comunidades, para el Uso y Disfrute del Tiempo Libre y la Recreación, de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Viviente e Inmaterial; de Servicios Sociales, del Gas Doméstico, de Timbres Fiscales, del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, de “Ciberespacio” y de Ciudades Comunales. Se promoverán reformas a las leyes Contra la Corrupción, de Zonas Económicas Especiales, de Minas, de Fronteras, del Código Orgánico de Justicia Militar, sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Otras leyes orgánicas sufrirán modificaciones, como las de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Protección de la Familia, de Protección de Adultos y Adultas Mayores, de Aguas y del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. Se creará, además, un nuevo Código de Comercio para Venezuela. Rodríguez, uno de los más cercanos colaboradores de Maduro, dijo que la lista de leyes era “una meta mínima” y anticipó que se pueda ampliar.
3. Legitimidad y obediencia: esta «nueva AN» está teñida de un manto de ilegitimidad en un sector amplio de la población venezolana que critica al oficialismo y, especialmente, en buena parte de la comunidad internacional. La oposición alega que esa elección parlamentaria la convocó un poder electoral designado, no por el poder legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, sino por una sala del TSJ, integrada por magistrados cercanos al poder ejecutivo de Maduro.
Ese CNE organizó unos comicios que no fueron considerados como libres, justos, democráticos, ni representativos de la voluntad del pueblo venezolano, según el juicio de decenas de gobiernos. Bloques de países, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, rechazaron esas votaciones y su resultado. Por ende, dicen no reconocer la institución ni sus decisiones como válidas.
Si bien la oposición argumenta que el diputado opositor Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela, su control de los poderes públicos es nulo y los ciudadanos tendrán que acatar pragmáticamente las leyes aprobadas por un Parlamento considerado ilegítimo, advierten expertos en ciencias políticas.
4. La polémica: el oficialismo enumeró las leyes a aprobar este año sin aportar mayores detalles. Maduro mencionó que la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos introducirá un capítulo referido al uso de las redes sociales dentro del territorio venezolano. Esa normativa, aprobada en 2004 cuando el chavismo también gozaba de mayoría legislativa, contempla la regulación del contenido de los medios de comunicación venezolanos, que no pueden incluir “violencia”, ni “terrorismo”.
Sirvió desde entonces para regular las concesiones de televisoras y emisoras, cerrar medios de prensa, y despertó preocupaciones en organismos multilaterales e internacionales que defienden las libertades de expresión y de prensa. Sus críticos la valoran como una ley “mordaza”. La vigilancia y sanción del uso de redes sociales ha sido una frecuente preocupación pública de Maduro. El chavismo utilizó la Ley del Odio, aprobada en la ya extinta Asamblea Nacional Constituyente, para judicializar a políticos y a ciudadanos que ofendían a funcionarios públicos en sus publicaciones.
También, resalta la intención del oficialismo de impulsar el poder y legalidad de las comunas en varias de las leyes propuestas. Esa figura, de corte socialista, no está contemplada en la Constitución como forma de organización política, social y económica, autosustentable y autónoma, advierten sus críticos. Cuenta, sin embargo, con un ministerio y una ley orgánica que regula su funcionamiento.
5. Aprobación expedita: el chavismo aspira a aprobar un promedio de 3 a 4 leyes por mes antes de enero de 2022. La Constitución venezolana precisa que un proyecto de ley debe discutirse, aprobarse o rechazarse en 2 sesiones celebradas en días distintos, con un interín de estudios de las normas por parte de las comisiones permanentes del Parlamento con competencia en esas materias.
Es competencia del presidente de la República sancionar o vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. En este caso, la alianza entre Maduro y el Parlamento de 2020 hace escasamente probable que haya desarmonías en la aprobación y sanción de las leyes propuestas, y parece indicar, en cambio, que habrá vía libre para una discusión expedita de todas las normativas.
En los últimos 22 años, el oficialismo ha aprobado leyes en apenas días cuando así se lo ha propuesto. En diciembre de 2015, luego de la victoria electoral de la oposición que le permitiría controlar el Parlamento en los siguiente cinco años, el oficialismo aprobó leyes y designó funcionarios de otros poderes prontamente, sin contar con la mayoría calificada o las dos terceras partes.