La política antimigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump se agrava un día más luego de que The New York Times diera a conocer que se pondrán en marcha operativos contra migrantes en ciudades santuario.
Carlos Guevara | El Sol de México
La administración de Trump desplegará equipo táctico de élite de la patrulla fronteriza en ciudades como Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit, Newark y Nueva Jersey.
La información fue proporcionada al Times por dos funcionarios que saben de esta «operación secreta» que ayudará las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para atrapar a personas indocumentadas en Estados Unidos.
Lawrence Payne, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) confirmó al medio estadounidense que desplegarán 100 oficiales coordinados con los del ICE con el «fin de mejorar la integridad del sistema de inmigración, proteger la seguridad pública y fortalecer nuestra seguridad nacional».
El despliegue será de febrero a mayo con la ayuda de agentes de la unidad táctica conocida como BORTAC la cual actúa de manera similar a los equipos SWAT utilizando la fuerza letal y equipo antimotín.
Pese a la presencia de los agentes especiales, éstos no están autorizados para irrumpir en inmuebles y realizar arrestos, según el Times se trata más de un mensaje de intimidación contra los indocumentados.
La carga contra ciudades santuario
El pasado lunes, el gobierno de Trump demandó a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington por medidas que protegen a los migrantes indocumentados, llamadas políticas de «santuario».
El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y su fiscal general Xavier Becerra por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.
Según un comunicado del DOJ, debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados «a un gran costo», lo que podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.
Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es «ilegal».
La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La ley también prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal, en busca de bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.
La mencionada legislación prevé igualmente que se notifique «prontamente a una persona detenida, por escrito y en un idioma que pueda entender», si el ICE ha solicitado su detención.
Según la queja presentada este día, en múltiples ocasiones los funcionarios de Nueva Jersey no proporcionaron durante el año pasado información sobre la fecha de liberación de extranjeros que habían sido acusados o detenidos por crímenes, explicó en la nota el DOJ, que califica igualmente de «ilegal» esa normativa de Nueva Jersey.
El Gobierno inició de igual forma una demanda contra el condado de King, en el estado de Washington, y el jefe del Ejecutivo local, Dow Constantine, por una orden que ha prohibido que contratistas del ICE usen el aeropuerto de esa población como terminal de salida de los vuelos con deportados o para transportar migrantes detenidos dentro del país.
La decisión, que no incluye los aviones del Gobierno federal, «ha creado dificultades operativas y costes adicionales para el ICE», argumentó el Departamento de Justicia.