El fiscal general afirmó que el militar es un criminal confeso y que pretendía llenar de sangre al país mediante actos terroristas
Por El Nacional –
El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció este viernes que solicitará al gobierno de Colombia la extradición de Cliver Alcalá Cordones y de otros implicados en una presunta conspiración.
En una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, el fiscal afirmó que son criminales confesos que pretendían realizar actos terroristas y llenar de sangre al país.
«Mientras todos estamos esforzándonos por evitar exponernos y exponer a nuestros seres queridos, un grupo de criminales está complotando para generar violencia y muerte en nuestro territorio», dijo.
Saab reiteró que abrió una investigación penal contra el presidente encargado, Alcalá Cordones y otras personas involucradas con ese presunto golpe de Estado.
«El jueves se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de Cliver Alcalá y Antonio Sequea, las cuales resultaron acordadas por el tribunal por traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación, precisó.
La confesión
Este jueves, el mayor general retirado del Ejército Alcalá Cordones aseguró que es el autor de orquestar un golpe de Estado contra Maduro. La confesión la hizo luego de que el gobierno de Donald Trump presentara cargos contra él y el régimen venezolano.
Añadió que habría contado con el apoyo del presidente interino de la República, Juan Guaidó, el estratega político Juan José Rendón y asesores norteamericanos, con quienes conformaría un ejército contra Maduro.
«En un pacto firmado por el señor Guaidó, J. J. Rendón, Vergara, y asesores norteamericanos, venimos trabajando desde hace meses para conformar una unidad militar para la libertad de Venezuela«, dijo en video publicados en Twitter.
Alcalá Cordones también afirmó que las armas incautadas en la frontera con Colombia resultaron adquiridas para llevar a cabo esa misión.
«Como resultó informado, el pasado 23 de marzo incautaron un arsenal de armas de guerra en territorio colombiano, que iba a terminar trasladado ilegalmente hacia Venezuela para utilizarse contra autoridades nacionales por grupos de asalto entrenados en Colombia«, indicó el fiscal general de Maduro.
Saab recordó que Alcalá también dijo que Iván Simonovis y Leopoldo López tenían conocimiento de ese plan.
La supuesta operación
El funcionario oficialista detalló que esa operación se encuentra dividida en tres grupos, que están conformados por 20 personas cada uno, su gran mayoría por militares venezolanos retirados.
El primero grupo estaría comandado por Juvenal Sequea Torres, alias Tigre; el segundo por Félix Adonai Mata Sanguineti, alias José; y el tercero, instaurado en Riohacha, por era comandado por Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera.
«Estos grupos fueron entrenados en campamentos establecidos en territorio colombiano, con la anuencia del gobierno de Colombia y con participación de asesores estadounidenses», señaló.
Comparó la situación con lo ocurrido en Nicaragua, donde, aseguró, mercenarios se instalaron en las fronteras de ese país para llenarlo de sangre con apoyo económico de Estados Unidos.
«El Estado venezolano no lo permitirá«, expresó en referencia a un posible ataque armado contra el régimen de Maduro.
Acusaciones de Estados Unidos
Saab condenó las acusaciones presentadas este jueves por la Fiscalía de Estados Unidos contra Maduro, así como funcionarios y ex figuras de su régimen.
«Veo que Estados Unidos dice de la nada, sin pruebas ni elementos de convicción que Venezuela es un narcoestado. Hay que destacar que el mayor productor de cocaína en el mundo es Colombia y Estados Unidos es el mayor consumidor», enfatizó.
El Departamento de Estado ofreció 10 millones de dólares por la captura y entrega de Alcalá Cordones, así como de otros altos funcionarios como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, Hugo Carvajal, mayor general retirado del Ejército y Tareck El Aissami, vicepresidente del sector Económico, a quienes acusó de conspiración internacional para distribuir cocaína hacia los Estados Unidos.
No obstante, la recompensa mayor se dejó para Maduro, por quien el gobierno de Trump pide 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura y condena por delitos de narcoterrorismo, importación de cocaína y corrupción.
«No existe evidencia de que se haya usado alguna logística de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haya sido utilizada para el manejo de drogas«, defendió el fiscal general de Maduro.