El marcador de la gasolina del carro de Jairo (*), enfermero del Hospital Universitario de Maracaibo, uno de los más importantes de Venezuela, está en rojo, a niveles de reserva, en plena pandemia.
Por Gustavo Ocando Alex | Voz de América
Ha podido surtir una sola vez a su vehículo de combustible en la ciudad en las últimas cuatro semanas, es decir, desde que inició la cuarentena por la COVID-19.
El salvoconducto que le entregaron en su hospital le fue útil esa única oportunidad. Ahora, los directivos del centro de salud elaboran una lista del personal que necesita combustible y se la entregan a las autoridades militares y policiales. Son ellas las que administran el recurso.
“Esto está imposible. Les dije a mis jefes que, si no consigo gasolina, lamentablemente no podré ir a mis guardias. Eso a mí me duele, me pega”, expresa el enfermero, poco después de solicitar a la Voz de América que se reserve su identidad por temor a represalias en su lugar de trabajo.
José Manuel Olivares, presidente de la subcomisión de Salud del Parlamento, denunció el sábado que el 62 por ciento de los médicos, enfermeros, camilleros y el resto del personal de salud de Venezuela no pudo trabajar la semana pasada por la imposibilidad de llenar los tanques de sus vehículos.
El legislador detalló que 84 por ciento de los trabajadores encuestados refirió que no pudo “echar gasolina” y 70 por ciento confirmó que se ausentó al menos un día de sus ocupaciones por ello.
Algunas alcaldías, como la de Maracaibo, prohibieron el transporte público para prevenir riesgos de contagio de la infección respiratoria y activaron una red de buses para trasladar al personal de salud.
Jairo valora que esa iniciativa, al menos en su ciudad, opera con descoordinación y retraso. Si la aprovecha, llega tarde a su turno, acota. Y la alternativa es cara e ilegal.
Un litro de gasolina revendida en sectores populares por contrabandistas o “bachaqueros”, como se les conoce localmente, cuesta tres dólares estadounidenses.
“Nadie aguanta comprar gasolina en este país: 20 litros por 50 dólares. Eso es imposible. Yo no tengo para comprar eso”, asevera, encolerizado.
El enfermero recurre a una expresión muy venezolana para ilustrar cómo hace cada vez que debe movilizarse hasta el Hospital Universitario para iniciar sus guardias de 24 horas continuas.
“Estamos haciendo milagros, por ejemplo, ‘pidiendo cola’ (un aventón) de cualquier familiar. Hacemos milagros, milagros, milagros, como todo lo que se hace en este país”, reitera.
“Bloqueo y sanciones”
Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana?, juzga que las cifras aportadas por el diputado Olivares son “conservadoras”, al menos en su gremio.
“Creemos que son muchos más. Esos porcentajes son bastante discretos”, indica.
León Natera calcula que entre 28.000 y 30.000 médicos practican el oficio en Venezuela y, de ellos, “se aproxima al 80 por ciento” la cifra de quienes han tenido que ausentarse forzosamente de sus labores por falta de gasolina en sus vehículos o por insuficiencia de unidades del transporte público.
Reprocha que no se priorice el surtido de gasolina a los médicos en la contingencia de la pandemia.
Critica, asimismo, que el personal de salud “pierda tiempo” en las estaciones mientras, dice, las autoridades permiten que decenas de motorizados pasen antes que ellos.
León Natera opina que el régimen chavista “enmascara” la crisis de la gasolina que, insiste, ya vivía Venezuela antes de la pandemia y la cuarentena.
La escasez de gasolina es crónica en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Tareck El Aissami, funionario del gabinete de Nicolás Maduro, anunció la semana pasada un “plan especial” de suministro de gasolina.
El vocero no precisó cuáles serían las medidas para garantizar la movilidad de unidades de “sectores priorizados”, como salud, alimentación, seguridad y transporte público.
El Aissami, buscado por Washington bajo acusaciones penales de narcotráfico, atribuyó el agravamiento de la escasez al reforzamiento del patrullaje de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe para combatir el tráfico de estupefacientes.
Las limitaciones en las estaciones de servicio se han notado en los últimos días hasta en Caracas, la capital. En el resto de Venezuela, sin embargo, ocurren desde hace meses.
El madurismo importó gasolina desde el año pasado a cambio de crudo, principalmente gracias a operaciones de la empresa rusa Rosneft.
Las sanciones económicas de Estados Unidas al madurismo han asfixiado la ya mermada capacidad de refinación nacional de combustible, señalan fuentes sindicales petroleras.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en febrero a Rosneft Trading, filial de la estatal rusa. La compañía anunció hace una semana el cese de sus operaciones en Venezuela.
Y, en marzo, los precios mundiales del petróleo se desplomaron a niveles de costo, al menos para Venezuela, empujados a la baja por la crisis pandémica y las discrepancias sobre recortes de la producción de crudo entre Rusia y Arabia Saudita, advirtieron economistas.
Maltrato y riesgos
En estados como Zulia, el más poblado de la nación suramericana, las autoridades prohibieron a mediados de marzo surtir de combustible a ciudadanos particulares y lo reservan solo para unidades de sectores “estratégicos”.
Francisco (*), médico especialista en cirugías cardiovasculares, se trasladó la semana junto a un grupo de colegas de Maracaibo hasta un comando policial de San Francisco, municipio aledaño.
Las autoridades militares les prometieron que en la dependencia de seguridad de esa ciudad les llenarían sus tanques de gasolina. El viaje tomó 30 minutos, aproximadamente.
Francisco, quien hace guardias frecuentes en el Hospital Universitario -centro “centinela” para atender casos de la COVID-19 en Maracaibo-, dice haber perdido su tiempo y su combustible.
“Nos hicieron ir a ese puesto de la Policía de San Francisco. Nos tuvieron hasta las 2:00 de la mañana y, después, nos dijeron que no nos iban a ‘echar’ gasolina”, cuenta, frustrado.
Uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana organizan las extensas colas de patrullas del Estado, camiones de transporte de alimentos y vehículos de médicos y enfermeros.
El Colegio de Médicos de Zulia difundió un comunicado el 25 de marzo pasado en el que denunciaba “maltratos” en las “bombas” de gasolina a galenos de consultas públicas y privadas.
Francisco, con 20 años de experiencia, certificó los agravios. “Hemos sido humillados con el tema de la gasolina por parte de la Guardia Nacional. Esto está muy grave”, critica.
La más reciente decisión de las autoridades zulianas ha sido limitar la cantidad de médicos por especialidad de cada guardia que acuden a las estaciones de servicio.
“Ahora, solo permiten ‘echar gasolina’ a un médico por equipo de guardia. Es decir, llaman a dos médicos de cada 10 que conformamos los equipos de guardia”, denuncia.
Maryori (*), joven enfermera, cuenta que ha tenido que arriesgar su integridad personal solicitando aventones a extraños para llegar a su puesto de trabajo. Su otra opción es caminar por kilómetros.
“No quiero abandonar. Hay otros compañeros que no piensan igual y no van”, dice.