Cada día más comercios abren sus puertas y trabajadores informales empiezan a salir nuevamente a las calles para garantizar su sustento en cuarentena
Luisa Quintero / TalCual
La tarde del 13 de marzo, Nicolás Maduro anunció los dos primeros casos confirmados de personas residentes en Venezuela que contrajeron la covid-19, nombre con el cual se conoce al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El 16 de marzo se decretó una cuarentena «social y colectiva» en el Área Metropolitana (Distrito Capital, Vargas y Miranda) y un día después se hizo efectiva para todo el territorio nacional.
Prohibición de circular sin mascarillas, cierre de negocios, comercios y paralización de las actividades no esenciales como la prestación de servicios de salud o producción de alimentos fueron algunas de las medidas tomadas por el gobernante venezolano para evitar la rápida propagación del corovirus en el país.
Dos meses después y con las mismas restricciones en todo el territorio nacional, la situación dista mucho de ser una cuarentena perfecta. Cada día más comercios abren sus puertas y trabajadores informales empiezan a salir nuevamente a las calles en busca del sustento para sus hogares, que no puede sostenerse con un aumento de solo 150.000 bolívares del salario mínimo o los llamados bonos de guerra que se entregan a través del sistema Patria.
Según mediciones de la firma Ecoanalítica, desde el 17 de marzo hasta inicios de mayo los precios de los alimentos aumentaron 153% y los de servicios de salud y medicina 109%. Mientras, el país se mantiene en una espiral hiperinflacionaria y el Ejecutivo liderado por Maduro no ha tomado las medidas económicas de estímulo, algunas relacionadas al acceso a créditos, que permitan a las empresas sufragar gastos operacionales durante la paralización temporal de sus actividades.
Gremios empresariales afirman desde hace tres semanas que es hora de levantar paulatinamente la cuarentena en el área productiva, como se ha hecho en otros países de la región a pesar del aumento progresivo de contagios de covid-19.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) propusieron que, a partir del 14 de mayo, otros sectores que no han entrado dentro de la caracterización de prioritarios reiniciaran actividades de manera progresiva, tomando en cuenta medidas de prevención contra el coronavirus.
Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a las peticiones de estos sectores, e incluso dijo que centros comerciales y establecimientos como librerías y restaurantes son «cosas superfluas» que «pueden esperar».
Los que no han esperado por avisos del Ejecutivo para laborar es la llamada «economía de acera». Cada día, más manteleros y buhoneros se suman a las calles para ofertar sus productos y conseguir lo necesario para llevar alimento a sus casas.
Servicios en cuarentena
La noche del 15 de mayo, las autoridades informaban sobre 459 personas que han dado positivas para covid-19 hasta la fecha y de las cuales el 80% había ingresado a territorio venezolano de otros países. El otro 20%, señalaba el ministro Jorge Rodríguez, se trata de contactos comunitarios, «personas que violentaron la cuarentena, que participaron en tumulto, aglomeraciones».
A medida que han pasado las semanas, los reportes de protestas sociales relacionadas con las fallas de servicios públicos (agua, luz, telefonía, gas doméstico) se han incrementado, así como los reclamos por la escasez de combustible o el aumento en los precios de los alimentos en todo el territorio nacional.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha reportado que desde inicios de 2020 hasta la fecha se han registrado 2.693 protestas en todo el país por diversos motivos; de ellas, 1.192 se refiere a la falta de servicios básicos y más de mil manifestaciones se han realizado en estos 60 días.
Uno de los picos más altos de conflictividad se registró en abril, cuando una serie de saqueos o intentos de robos a comercios, además de protestas por la falta de agua, electricidad y gasolina coparon titulares en la prensa nacional.
El OVCS registró 716 protestas durante abril de 2020, equivalente a un promedio de 24 manifestaciones diarias. El 87% de ellas se hizo para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), con un incremento de los reclamos por alimentos y gasolina; por ésta última se contabilizaron al menos 176 protestas.
Los estados en los que se registraron más manifestaciones fueron Táchira (125) y Mérida (115), seguidos de Miranda (72), Falcón (50) y Anzoátegui (46).
Con respecto a los reclamos por electricidad, agua y gas doméstico, los venezolanos protagonizaron 464 protestas. Otros derechos más demandados fueron alimentación (146), salud (102), laborales (97) y derechos civiles y políticos (50).
Plano político
La cuarentena decretada por Nicolás Maduro, cuyo primer decreto la ubica desde el 13 de marzo, y que recientemente acaba de extenderse hasta el 12 de junio, no ha estado exenta de eventos políticos que han sacudido la opinión pública o levantado las alarmas de la comunidad nacional e internacional.
El aumento de detenciones arbitrarias por motivos políticos se ha incrementado en este periodo, pese a la liberación de al menos 20 presos políticos, según registró el Foro Penal. Además, han advertido sobre el llamado efecto «puerta giratoria» con el arresto de nuevas personas vinculadas a protestas sociales o motivos políticos.
Mientras la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó prosigue sus actividades de forma virtual, las reuniones que lidera el diputado Luis Parra desde el Palacio Federal Legislativo y con la anuencia del chavismo se reactivaron luego de la llamada operación Gedeón, una fallida incursión militar organizada por efectivos venezolanos y estadounideses, activos y retirados, y que tenía como objetivo la captura de Nicolás Maduro.
Por este hecho hay más de cincuenta personas detenidas -de la mitad se desconoce su identidad- y ocho fallecidos. El régimen de Nicolás Maduro reconoció que esta era una operación militar que habían logrado infiltrar, luego de que uno de los cabecillas, el estadounidense Jordan Groudeau, dueño de la empresa de seguridad Silvercorp USA, reclamara a Juan Guaidó por no cumplir con un contrato que supuestamente habría firmado en octubre del año pasado para realizar esta incursión, además de reclamar el pago de 212 millones de dólares.
Maduro ha acusado directamente a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, mientras ha prometido encarcelar a Juan Guaidó por esta incursión fallida en territorio venezolano. Todos estos actores han negado su participación directa o indirecta en estos hechos, al tiempo que devuelven la pelota al mandatario venezolano para acusarlo de querer usar estos hechos para aumentar la represión y el control social en medio de la cuarentena por el coronavirus.
Estados Unidos ha enfatizado que su propuesta se sitúa en el «marco para una trasición democrática». Esta propuesta fue lanzada por la administración de Donald Trump el 31 de marzo y consta de 14 propuestas y dos garantías específicas, con el objetivo de lograr un gobierno de transición y un cambio político en el país a cambio del levantamiento de ciertas sanciones si Nicolás Maduro abandona el poder.