La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la intervención de DirecTV es inejecutable y contradictoria, además de vulnerar derechos fundamentales. El constitucionalista Juan Carlos Apitz Díaz enfatiza que no tiene sentido que se ordene a DirecTV Venezuela continuar el servicio de televisión por suscripción, pero también a la Junta Ad Hoc de la Comisión Naconal de Telecomunicaciones (Conatel). Destaca que es imposible que la empresa cumpla con sus operaciones si se le incautan sus equipos. Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, indica que el dictamen solo busca complacer a un sector de la población
Sofía Nederr / TalCual
La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la intervención de DirecTV es inejecutable y contradictoria, además de vulnerar derechos fundamentales. En esta lectura coinciden el constitucionalista Juan Carlos Apitz Díaz y Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
«La sentencia del TSJ sobre DirecTV es gravemente contradictoria e inejecutable. El dispositivo no se puede aplicar. Al leer la nota de prensa, que es lo único que se conoce hasta ahora, se aprecian varios aspectos que no tienen sentido: Se le ordena a DirecTV Venezuela continuar el servicio de televisión por suscripción, pero también a la Junta Ad Hoc de la Comisión Naconal de Telecomunicaciones (Conatel). Entonces, la pregunta es: ¿Quién debe ejecutar DirecTV Venezuela o Conatel?«, enfatiza Juan Carlos Apitz Díaz.
En el dictamen, emitido este viernes 22 de mayo, se ordena la designación de una Junta Directiva Ad Hoc para DirecTV Venezuela, que estará presidida por el director de Conatel, general de brigada Jorge Elieser Márquez Monsalve. Al militar, el TSJ le concede «amplias facultades de administración, a fin de garantizar el inmediato restablecimiento de los servicios de televisión por suscripción y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa».
El abogado agrega que otro de los contrasentidos de la sentencia es que se ordena la incautación de los bienes muebles e inmuebles de DirectV Venezuela, pero, simultáneamente, se le pide que continúe prestando el servicio. Señala Juan Carlos Apitz Díaz que es como el caso de un taxista al que se le incauta su vehículo, sin embargo se le ordena que siga trabajando.
El constitucionalista advierte que resulta cuesta arriba calificar la sentencia del TSJ «porque no entra en ningún molde jurídico». Explica que el TSJ responde a un amparo con una violación constitucional porque además prohibe la salida del país de los directivos de DirecTV y ordena congelar sus cuentas «sin que medie un proceso judical. No han sido procesados por ningún delito».
Asimismo, Juan Carlos Apitz Díaz recuerda que la decisión de salir de las pantallas de 10 millones venezolanos fue asumida por la empresa matriz American Telephone and Telegraph (AT&T) en cumplimiento de las sanciones personales que Estados Unidos dictó contra Raúl Gorrín, directivo de Globovisión, y las sanciones contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Añade que la sentencia sobre DirecTV se parece al dictamen de intervención del Banco Occidental de Descuento (BOD) cuando el TSJ ordenó a la Superintendencia Bancaria de Curazao que cesara la intervención del banco. Para el constitucionalista, no hay dudas de que la sentencia, de este viernes 22 de mayo, «tiene carácter simbólico y se dirige al público chavista radical».
Intervención sin jurisdicción
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, coincide en que la sentencia del TSJ no aplicable y añade que el máximo tribunal del país no tiene jurisdicción sobre la empresa estadounidense American Telephone and Telegraph (AT&T). Señala que aunque el dictamen, solo difundido por la cuenta del TSJ en Facebook, no menciona de forma explícita la palabra intervención de DirecTV Venezuela, ese es su objetivo.
«La decisión del TSJ pone, de manera ilógica, la irresponsabilidad en quien no la tiene. Quien tomó la decisión de salir de Venezuela fue el dueño de la señal de AT&T y el Tribunal Supremo echa la culpa al receptor de la señal aquí en Venezuela. El panadero sino recibe la harina, no hace pan. Se ttata de una decisión no ejecutable. Aunque no se refiere la palabra intervención, se toma posesión de los bienes y equipos. Esta sentencia es un gesto para la galería, para tratar de hacer ver que se hace algo», argumenta Alí Daniels.
El abogado llama la atención sobre la prontitud con la que el TSJ actuó en el caso de DirecTV, que salió de la pantalla de los hogares de los venezolanos el 19 de mayo. Sin embargo, sostiene, no aplica el mismo procedimiento para la restitución del servicio de agua potable tan necesario para la vida.
La sentencia del TSJ incluyó dentro de los activos de DirecTV a las antenas y decodificadores que no fueron adquiridos pero sí alquilados por los suscriptores. Un aspecto clave es que DirecTV no es dueño de los canales que ofrece en su programación, solo lo es de la señal.
El periodista Arnaldo Espinoza recordó, en su cuenta de Twitter, que que los contratos con los proveedores de contenido deben negociarse. Asimismo, la Junta Ad Hoc, designada por el TSJ , forma parte del gobierno de Nicolás Maduro, el cual está sancionado por el Ejecutivo de Estados Unidos.