El gobierno de Nicolás Maduro se prepara para anunciar en un plazo breve un nuevo esquema de funcionamiento para el negocio de la distribución de combustibles en el país, que no es una privatización absoluta, pero que dará espacios al sector privado para importar directamente y vender combustibles a precios diferenciados con base en cotizaciones internacionales.
Por: Erika Hidalgo López / Armando J./ bancaynegocios
Fuentes cercanas a la administración Maduro con conocimiento de algunas variables del plan indicaron a Banca y Negocios que la estrategia retomará algunas de las ideas que ya habían sido planteadas cuando se debatió el esquema de aumento de la gasolina en 2018.
Las fuentes indicaron que habrá dos marcadores de precios de referencia, uno para las zonas fronterizas y otro para el resto del país. Se mantendría un esquema de subsidio directo a los consumidores, que se manejará, a través del sistema Patria. El nuevo esquema de precios se adoptaría de manera progresiva.
– 100% importada, por ahora –
Como los esfuerzos por reactivar la producción de combustibles han resultado infructuosos, el gobierno se prepara para surtir el mercado, cuyo consumo ha venido cayendo sin pausa en los últimos ocho años, debido a la crisis de la industria y a la recesión continuada de la economía, con combustibles 100% importados, exclusivamente gasolina de 91 octanos, porque es el carburante más barato.
Los planes para producir, al menos, unos 100.000 barriles diarios de gasolina se mantienen y reforzarían, con apoyo de Irán y China, pero para resolver la crisis de corto plazo, la intención es permitir que empresarios privados adquieran gasolina en mercados cercanos del Caribe y se abra una ruta de suministro constante.
Los datos obtenidos por Banca y Negocios revelan que con los cargamentos de gasolina iraní, cuyo primer embarque está próximo a llagar al país, si no ocurre ningún incidente con Estados Unidos, se podría elevar el suministro a unos 70.000 barriles por día, que representan más del doble de la disponibilidad actual, que se ubica entre 25.000 y 30.000 b/d; pero, este es un paliativo, cuya duración se extenderá siempre que se mantenga la cuarentena.
Otras fuentes indican que la inyección al mercado del combustible persa -los cargamentos no son exclusivamente de gasolina y diésel, según ha trascendido- sería menos intensa, por lo que el beneficio lo registrarían los sectores priorizados. La idea no es estimular una mayor movilización de personas.
– El negocio –
Lo que aparentemente está planteando el gobierno es una segmentación del negocio de distribución de combustibles, que permitiría, incluso, una cierta competencia de precios dentro de marcos establecidos. Los concesionarios tendrían márgenes más adecuados y podrían mejorar las condiciones de servicio.
El plan propone varias fases de incorporación de estaciones, por lo que, en una primera etapa, alrededor de unas 400 o 500 estaciones podrían recibir combustibles de importación directa a escala nacional. Ya hay importadores interesados, según las fuentes.
Los combustibles se comerciarían de manera directa entre el importador y el distribuidor, sin participación de Pdvsa, aunque se utilizarían los llenaderos de la industria para almacenar las cargas. No se ha definido el mecanismo legal para resolver este asunto, pero el plan supone que ninguna de las partes está teóricamente sujeta a sanciones estadounidenses, porque la sancionada petrolera venezolana no es parte de los acuerdos ni fijaría los parámetros de las negociaciones.
Inicialmente, indican las fuentes consultadas, la gasolina subsidiada de manera directa a los consumidores -que incluyen al transporte público, los vehículos del estado, los servicios públicos y otros sectores por definir, como algunas áreas económicas consideradas estratégicas- se vendería en algunas estaciones, de acuerdo con un esquema de territorialización que está en proceso de definición.
Actualmente en el país hay montadas 1.500 estaciones de gasolina, de las cuales solo están funcionando unas 250, debido a las restricciones derivadas de la contingencia por la pandemia de Covid-19. Como resultado de la crisis económica, han cerrado unas 450 o 500 estaciones en todo el país, la mayoría de las cuales se podría recuperar.
De acuerdo con una publicación reciente de Bloomberg, el gobierno está cargando con un costo estimado de 2.800 millones de dólares anualizados por subsidio a los combustibles, tomando en cuenta el consumo racionado por la cuarentena. El propio ejecutivo chavista ha estimado que, en condiciones normales, ese subsidio alcanza los 18.000 millones de dólares anuales.
La idea es que, con este nuevo esquema, este subsidio se reduzca sustancialmente de manera progresiva. Una estimación conservadora es el Estado podría ahorrarse entre 50% y 60% del subsidio en un plazo relativamente corto.
Un problema concreto a resolver es el funcionamiento de un sistema de pago electrónico. El plan supone retomar el esquema de biopago, por lo que se está evaluando la conectividad de más de 200 estaciones a escala nacional. Sin embargo, la idea es eliminar, tan pronto como sea posible, la utilización de efectivo en las estaciones.
– La catástrofe –
El derrumbe histórico del consumo interno de combustibles da una idea clara de lo que ha pasado con la economía venezolana. En 2013, el país demandó, según la información oficial de Pdvsa, 703.000 barriles diarios de combustibles, de los cuales 299.000 b/d fueron de gasolina para vehículos.
Estos números, comparados con el consumo de 2019, que se estimó extraoficialmente en 110.000 barriles por día, representan una caída de 63,21%. Si se comparan con la capacidad de suministro actual, que podría llegar a unos 70.000 barriles diarios, la contracción es de 77%.
Actualmente, existe un creciente mercado negro de combustible, nutrido con gasolina proveniente de Colombia, fundamentalmente, que ha puesto los precios entre 4 y 5 dólares por litro. Una situación que los venezolanos no podían haber previsto ni en las peores pesadillas.
Esto explica claramente por qué la escasez de combustible representa un problema tan severo como el control de la misma pandemia en el país.