La falta de gasolina, que pareciera no tener una solución a corto o mediano plazo, y la pandemia de coronavirus se suman a los problemas que ya venía enfrentando los productores agropecuarios desde que empezó la caída sostenida en 2008. La agricultura, principal actividad económica en 17 estados del país, está cada vez más cerca de desaparecer, y sin dinero para cubrir el déficit con importaciones, lo que expertos vislumbran en el horizonte es una severa escasez de alimentos
Carlos Seijas / TalCual
La aguda escasez de gasolina obligó a Roberto Latini, productor de cereales del estado Portuguesa, a posponer de manera indefinida la siembra de arroz que debía empezar en abril. A finales de mayo aún no había podido trasladarse a las casas comerciales de agroinsumos ni a asociaciones de productores que con pulmón propio lograron conseguir algunos suministros para el campo.
«De todos los problemas, sin duda el más grave en este momento es la escasez de combustible«, afirma Latini, también director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro). «Estamos bajo una parálisis total. No he podido hacer ningún tipo de labranza. Estoy tratando de planificar el ciclo, pero se hace complicado porque debo movilizarme y no hay gasolina».
Sin combustible, semillas, fertilizantes, agroquímicos, ni créditos bancarios, y en medio de una crisis de los servicios públicos y de una estricta cuarentena por la pandemia de coronavirus, el diezmado sector agrícola venezolano se enfrenta con retardo al inicio del ciclo de siembra más importante del año.
En este período se aprovechan las lluvias para producir, aproximadamente, 70% de los alimentos perecederos que demanda la población, entre ellos dos de los más esenciales en la mesa del venezolano, que son maíz blanco y arroz, además de maíz amarillo para el alimento de bovinos, aves y cerdos.
Sin embargo, se espera que la poca cosecha de 2020 sea inferior a la de las décadas de los 60 y 70, cuando la población no superaba los 15 millones de habitantes. Rubros extensivos como el maíz, el sorgo y el arroz están desapareciendo. Los productores proyectan que este año se produzca la mitad de lo que se cosechó en 2019, que apenas cubrió el consumo de 1 de cada 10 venezolanos.
«Los alimentos nacionales que hoy los venezolanos medianamente conseguimos en el anaquel se sembraron antes de la cuarentena y antes del desenlace de esta crisis del combustible. Dentro de los próximos meses tendremos una oferta mucho menor de alimentos y realmente será mucho más grave», alerta Latini.
Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro, sostiene que es muy probable que en poco tiempo algunas zonas del país caigan en desabastecimiento de rubros agrícolas nacionales.
Calcula que en este ciclo se pueden cosechar 300.000 toneladas de maíz, lo equivalente al consumo nacional de un mes del año 2010. Sin embargo, con la reducción de la demanda por la caída del poder adquisitivo de buena parte de la población, que además está encerrada en sus casas sin poder generar ingresos, esa producción puede alcanzar para satisfacer máximo cuatro meses de consumo.
En 2007 se cubrió 100% del consumo humano con el maíz blanco y 40% del animal con el amarillo debido a que la producción alcanzó 2,4 millones de toneladas en 650.000 hectáreas sembradas.
«Este ciclo de invierno está prácticamente perdido. Este año los inventarios de agroinsumos están en casi en cero, tal vez oscilen entre 4% y 6%», afirma.
La severa escasez de agroinsumos ha sido una pesadilla de la que no despiertan los productores agropecuarios desde que Hugo Chávez expropió en octubre de 2010 la compañía Agroisleña y la convirtió en Agropatria. Ahora los suministros que se consiguen son vendidos a altos precios y en dólares, que no todos pueden pagar.
Costos dolarizados
Latini, por su parte, cree que podrá sembrar entre 40 y 50 hectáreas de arroz de las 100 que tiene su unidad de producción.
El costo de sembrar una hectárea de arroz, que rinde cerca de 3.500 kilos, es de 1.200 dólares, aproximadamente. Es lo que necesita un productor para cubrir los costos de mecanización y servicios, de los insumos (semillas, fertilizantes y herbicidas para controlar la maleza), del control de plagas y enfermedades (insecticidas, fungicidas y acaricidas) y del control de aves y roedores (rodenticidas), además de otros gastos como limpieza, asistencia técnica, cosecha mecanizada, acarreo, transporte, personal, seguridad de maquinaria, sistemas y equipos de riego y mantenimiento de vehículos del personal e insumos.
Para cultivar los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, se requieren entre 140 y 160 kilos de semillas. Cada uno cuesta, en promedio, 1,50 dólares. Además, se necesitan mínimo seis sacos de 50 kilos de urea que lo venden entre 20 y 26 dólares; y otros seis, también de 50 kilos, de fertilizante que en el mercado tiene un precio de hasta 40 dólares, un insumo clave para la producción de rubros agrícolas y que este año la estatal Pequiven no producirá ni importará.
Además, los costos de producción y flete aumentaron luego de que la gasolina en Venezuela pasara, desde marzo pasado, de ser la más barata del mundo (con un precio de 0,00006 bolívares el litro), a ser la más cara, donde el litro lo revenden hasta en cuatro dólares en el mercado negro.
A juicio del economista Alejandro Grisanti, consultor en economía para América Latina, en Venezuela no hay gasolina en este momento porque el gobierno no tiene flujo de caja para seguir regalándola, por lo que sostiene que va a tener que decidir entre ejecutar un incremento importante de su precio para que vuelva a aparecer, o seguir condenando a la población a que sufra los efectos de la escasez del combustible.
El experto advierte que a todas las carencias que ya sufre el país -no hay agua, electricidad, gasolina, gas, internet y ahora tampoco televisión- pareciera que se le sumará una severa escasez de alimentos por la casi extinción de la producción nacional. Esto dispararía los precios de los únicos productos que se conseguirían en el mercado, a los que ya no tendrían acceso la mayoría de los venezolanos por sus menguados ingresos.
«Yo pensaría que Venezuela tiene todos los ingredientes para generar una hambruna, entre ellos la escasez de gasolina, la pandemia y la ruptura de canales de suministro internacionales que, si bien es cierto que se podría importar algo, no va a ser tan sencillo porque otros países también lo van a necesitar».
Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, cerca de 10 millones de venezolanos padecen de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente un tercio de la población. Un 7,9% (2,3 millones de venezolanos) está en inseguridad alimentaria severa, mientras que un 24,4% adicional (siete millones) presenta inseguridad alimentaria moderada.
En este sentido, Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, dijo en abril a TalCual que el venezolano no tiene reservas para afrontar un agravamiento producto de la pandemia. «Ante un agravamiento puede venir la tan temida hambruna, que me cuidé siempre de anunciar, y una situación de desnutrición que va a producir una mortalidad infantil a nivel exponencial».
«Más de un tercio de la población no está en capacidad de aguantar cuarentena ni interrupciones en el suministro de alimentos por falta de combustible», agrega Raffalli.
Administrando la miseria
En una Venezuela que sufre hambre, se están perdiendo alimentos como hortalizas, legumbres, plátanos, leche y frutas por la escasez de combustible para transportarlos a los centros de consumo. Algunas unidades de producción han detenido sus labores precisamente por la imposibilidad de los ganaderos de ir a las fincas y de trasladar los animales a los centros de beneficio, y otros agricultores han optado por utilizar a animales como medio de transporte. Denuncian que menos de 20% de ellos recibe algo de gasolina.
En el municipio Turén, al este de Portuguesa, donde Roberto Latini tiene su unidad de producción, hay seis estaciones de servicio y solamente una, en el sector El Cruce, ha suministrado de vez en cuando combustible a algunos productores y transportistas. Lo máximo que han dado es 40 litros por semana. Latini tiene que recorrer 15 kilómetros para llegar a la gasolinera y otros 15 para regresarse.
«También me estoy movilizando con una motocicleta o simplemente dejo de ir a la finca durante varios días. Ya no acudo como solía hacerlo y a mis trabajadores les toca irse a pie o con algún camión o cualquiera que pase y les dé la cola. Todos tenemos paralizado el trabajo y no tenemos apoyo del gobierno. La presencia del Estado desapareció completamente de la agricultura hace tres o cuatro años», asegura el productor del occidente del país.
En el estado Bolívar, al sur de la nación, los productores tampoco tienen acceso al combustible que necesitan para mover vehículos, maquinarias e implementos. Se han sentado con diferentes institutos del Estado y organismos competentes para hacer las solicitudes, y las respuestas de los funcionarios siempre son las mismas: «Estamos estudiando las propuestas». Así lo relata Julio Malavé, presidente de la Asociación de Ganaderos de El Palmar (Asogapal).
«No tienen la capacidad, la forma ni la manera de darnos respuestas», asegura Malavé.
Señala que la última propuesta que hicieron a los militares de la ZODI y a la gobernación de Bolívar fue un salvoconducto para surtir gasolina en ciudad Guayana, que queda a más de 100 kilómetros de El Palmar. «Nos dieron 17 salvoconductos, y cuando llegamos a la estación de servicio de Guayana nos surten nada más que 30 litros. ¿30 litros da para recorrer más de 100 kilómetros? No lo creo».
Al respecto, Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), expresa que «el gobierno lo que hace es administrar la miseria para controlar y someter al pueblo a la agonía, limitando cualquier forma normal de vida. Esto hace que las personas no solo se angustien, sino que su estilo de vida se deteriore».
Sin importaciones que cubran el déficit
En el pasado, el Estado cubría el déficit con masivas importaciones de alimentos. Mientras fue disminuyendo la oferta de divisas al sector privado, el gobierno gastaba millones de petrodólares en compras a otros países con los que estableció acuerdos de preferencia. Estos productos llegaban a los puertos con un dólar subsidiado y sin pagar aranceles, por lo que se vendían a un precio muy inferior a los cosechados en Venezuela, lo cual generaba una competencia desleal con los agropecuarios locales.
Entre 2012 y 2013, las importaciones de alimentos de origen vegetal y animal aumentaron 24,5%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por ejemplo, Venezuela fue uno de los principales destinos de las exportaciones brasileñas de arroz. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Comercio Exterior (Secex) de Brasil, las ventas de este rubro al país petrolero crecieron más de 330% al aumentar de 20.000 a 87.493 toneladas de arroz entre los primeros cinco meses de 2013 y el mismo período de 2014.
En ese entonces, la producción petrolera venezolana -la principal fuente de divisas del Estado, que provee 86 de cada 100 dólares que entran al país- superaba los dos millones de barriles diarios, el precio del barril estaba sobre los 80 dólares y aún existía la tasa protegida Dipro de 10 bolívares por dólar, creada, en teoría, para la importación de alimentos y medicinas.
«Este es un gobierno que ha encontrado fuentes de negocio en las importaciones», afirma Alejandro Grisanti. «Es un gobierno que ha venido reduciendo el monto de dólares que le vende al sector privado y que ha venido importando insumos, materia prima y productos finales, y que de la manera más descarada ha incentivado las importaciones versus la producción nacional. Ahorita, que tiene una restricción fuerte de caja, muchos de estos sectores van a quedar estrangulados«.
Ante la fuerte reducción de sus ingresos, el descenso del precio del barril y las sanciones de Estados Unidos, el gobierno decidió, a finales de 2018, traspasar la responsabilidad de mantener los anaqueles llenos a privados, que lo harían con sus propias divisas. Para eso tomó medidas como la flexibilización del control de precios y el de cambio, exoneración de impuestos por importación a más de 3.000 categorías -la mayoría de ellos productos terminados- y permitió la circulación de monedas extranjeras.
En 2018, las importaciones de alimentos de origen vegetal y animal registraron una caída de 66% en comparación con 2013, de acuerdo con el INE.
Hoy, el Estado ni siquiera tiene la capacidad de importar la misma cantidad de alimentos de la subsidiada caja CLAP que antes traía. A finales de 2019 la caja pesaba, aproximadamente, nueve kilos y llegaban con ocho productos, de acuerdo con la ONG Ciudadanía en Acción. En 2016, cuando Maduro anunció el nacimiento del CLAP, las cajas pesaban 19 kilos y contenían 15 artículos.
El desplome de la producción petrolera, la caída del precio del barril, los descuentos que ofrece Pdvsa y los efectos del coronavirus en el mundo, ha provocado que actualmente el déficit de caja del Estado venezolano esté en el orden de los 6.000 millones de dólares. Esto hace prácticamente imposible que pueda importar alimentos y gasolina.
Ecoanalítica calcula que, tomando como referencia un precio promedio del petróleo de 35 dólares por barril en 2020, ajustando el descuento para la cesta venezolana y la caída de producción, el déficit externo de Venezuela para 2020 sería superior a los 10.000 millones de dólares.
Pero es que además, la pandemia ha afectado el mercado mundial de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió en abril que mientras el mundo se enfrenta al coronavirus, también está «al borde de una pandemia alimentaria» que podría desencadenar «múltiples hambrunas de proporciones bíblicas» en unos cuantos meses si no se implementen medidas de inmediato.
«Ni teniendo plata, el gobierno podrá mantener un inventario de alimentos para distribuir», agrega Susana Raffalli.