El fiscal general designado por la ANC acudió a la Sala Constitucional para solicitar una interpretación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Por El Nacional
El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, introdujo este lunes 25 de mayo ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para determinar si Voluntad Popular es una «organización terrorista» y si puede ser sancionada como tal.
Dichos artículos establecen que las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes, así como la competencia del juez para imponer una sentencia definitiva que podría incluir la clausura definitiva de la persona jurídica.
Explicó Saab que este recurso que afectaría a Voluntad Popular es en concordancia con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución, el cual establece la competencia de la Sala Constitucional para interpretar el alcance o contenido de las leyes del país.
Saab afirmó que Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López y del que el presidente (e) Juan Guaidó era militante, forma parte de una «trama neonazi», y considera que un «prólogo» de esto sería el golpe de Estado de 2002.
«Recordemos cómo Leopoldo López y otros personajes salieron a la calle la mañana del 12 de abril de 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin orden judicial, como nosotros que teníamos inmunidad parlamentaria; además de ministros y gobernadores», indicó Saab.
Asimismo recordó que Voluntad Popular se ha dedicado al ataque y «destrucción del Estado».
Recordó entonces manifestaciones contra el régimen como La Salida o las protestas de 2017.
«Esta práctica terrorista se repitió en 2017, esta vez con mayor violencia e intensidad; cuando se contabilizaron decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera ocurrido en Altamira», dijo.
«Estamos viendo directamente a los responsables de esto, que buscan el cambio de gobierno por la vía de la implosión social», agregó.
El fiscal concluyó sus declaraciones en el TSJ indicando que queda de parte de los miembros del tribunal proceder para dictaminar en consecuencia.