La aplicación de un baipás al Parlamento y la promoción de privatizaciones de activos del Estado a través de la ley antibloqueo han suscitado un intenso debate entre los sectores que respaldaron al iniciador del llamado proceso revolucionario. Las apreciaciones de analistas y activistas políticos evidencian que se ha producido la ruptura definitiva entre lo que propuso Hugo Chávez al comenzar su gestión y la conducción de Nicolás Maduro
José Luis Carrillo / TalCual
Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en 1998 lo hizo habiendo esgrimido un discurso afilado en contra de la corrupción que se sabía imperaba en la administración pública, de las intenciones de privatización de la industria de los hidrocarburos, que se impulsaba con el lema de la “apertura petrolera” y contra las deficiencias de la democracia representativa, a la que oponía una democracia que llamaba participativa y protagónica porque tendría como protagonista principal al pueblo.
Para cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 se habían “esfumado” más de 20 mil millones de dólares de las reservas internacionales, que con Hugo Chávez llegaron a 42 mil millones de dólares en 2009, y durante su administración se han denunciado los casos de construcciones hechas por la compañía Odebrecht que no se culminaron y del desvío de fondos provenientes de préstamos para aumentar la producción petrolera y para modernizar el sistema eléctrico, la producción de crudo ha venido decreciendo para ubicarse en alrededor de 400 mil barriles diarios y el Poder Ejecutivo convocó una constituyente que, de acuerdo a la Constitución solo tiene facultad de hacerlo el pueblo, instancia que ha desempeñado las funciones que correspondían al Parlamento, el cual fue elegido por voto popular en 2015 pero anulado por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ley antibloqueo fue acusada de inconstitucionalidad
El candelero en el chavismo y la izquierda venezolana se inició con un artículo publicado por el escritor Luis Britto García, quien estos 21 años ha dado un barniz de intelectualidad a las políticas gubernamentales. El autor de Rajatabla y otrora denunciador consecuente de los desmanes del poder, cuestionó que varias disposiciones que figuran en el proyecto de ley contravenían la Constitución, entre ellas que se pasaba por encima las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), pues se confería al Ejecutivo la posibilidad de “desaplicar” leyes y porque se bloqueaban las labores de control por parte del Poder Legislativo a las acciones del Presidente.
También criticó que se establece una especie de Tesoro Nacional paralelo con los recursos provenientes de la venta de activos del Estado, y asimismo que se permita disponer precisamente de dichos activos para facilitar la entrada de inversiones al país, favoreciendo a sectores privados nacionales e internacionales.
Las alarmas se prendieron tanto en el PSUV como en quienes han apoyado el “proceso” desde que Hugo Chávez fue candidato presidencial. El exministro e integrante de la Dirección Nacional del PSUV Elías Jaua, fijó un tuit en la red social Twitter en el que recordaba que el Plan de la Patria de Hugo Chávez preveía la permanencia de la industria petrolera en manos del Estado para evitar precisamente el usufructo de la renta nacional por sectores particulares; el ex ministro de Petróleo de Hugo Chávez por bastante tiempo y exembajador de Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, deslindado del gobierno hace varios años, aseveró que el mecanismo abría el camino para privatizar la alicaída industria petrolera, porque el Gobierno podría reestructurar y vender bienes sin siquiera informar sobre ello, ya que la ley establece la confidencialidad de las operaciones.
PCV y PPT denuncian entrega al capitalismo con ley antibloqueo
Días más tardes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que junto al partido Patria Para Todos (PPT, aunque después esta organización sería intervenida) creó una alianza con miras a las elecciones parlamentarias del seis de diciembre indicando en ese momento que las políticas de Nicolás Maduro han estado apuntando hacia el neoliberalismo económico, emitió un comunicado a través del cual expresó que la ley antibloqueo significaba la entrega del país a manos del capitalismo.
El proyecto fue aprobado por la asamblea constituyente el jueves 10 de octubre y durante la discusión, el presidente de esa instancia, Diosdado Cabello, hizo énfasis al leer las frases del articulado que repetían que se respetaría lo establecido en la Constitución, a pesar de que el texto estableciera disposiciones contrarias a lo consagrado en la Carta Magna, como evitar el control de las acciones del Ejecutivo por parte del Parlamento. El constituyente Jesús Faría justificó que se hiciera una ley que tuviera disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico alegando que, como los tiempos no son normales debido a las sanciones financieras impuestas contra Venezuela, las actuaciones no deben estar sujetas a la normalidad.
Pero en el chavismo el debate prosiguió cada vez con mayor magnitud y el elemento que más se observa es que el instrumento parece orientado a impulsar la economía, no con el incremento en la producción de bienes y servicios a través de la planificación estatal como suelen hacer gobiernos de tendencia izquierdista, sino hacerlo otorgando incentivos a capitales nacionales o extranjeros, con lo que todo lo promovido por Hugo Chávez, cuya gestión se caracterizó por las expropiaciones de tierras y empresas, ha sido apartado, sin que en el oficialmente se haya admitido que nada de ello generó el resultado esperado.
Cheque en blanco con ley antibloqueo
La consultora política Paola Molina Noguera expresó a TalCual que la ley antibloqueo “viene a ser un cheque en blanco que se le está dando al Ejecutivo bajo la excusa de defender los intereses de los venezolanos, los bienes de la República, los derechos humanos, ante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales a Venezuela”.
Desde su perspectiva, la ley viene a convertirse en un instrumento que empodera al Ejecutivo para manejar los activos del país con discrecionalidad, secretismo y censura, dejando sin efecto el marco jurídico que rige al país y actuando por encima de lo establecido en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Se pretende con esta ley ‘alentar’ las inversiones extranjeras, apoyar el capital económico del país, pero bajo un uso reservado y confidencial de las operaciones, esto es totalmente contradictorio, porque cierra la posibilidad de inversión por ausencia de seguridad jurídica ante la incertidumbre que se vislumbra”, aseveró Molina Noguera, quien cuenta con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes.
A su juicio, la ley será un mecanismo carente de derecho, “porque su discusión, aplicación se saltará órganos tan importantes como la Asamblea Nacional y el sistema de justicia, es decir, que hay ausencia total de institucionalidad y Estado de derecho”.
Secretismo consagrado en ley antibloqueo es opuesto al parlamentarismo de calle
El exministro de Educación Superior de Hugo Chávez y ex presidente de la comisión de Contraloría de la AN durante la presidencia del mismo Héctor Navarro, remarcó que desde hace varios años viene señalando que el madurismo no tiene nada que ver con Hugo Chávez y su proyecto, independientemente de lo que cada persona considere sobre la gestión del fallecido presidente.
“En 2011, en la comisión de Contraloría preparábamos un proyecto de ley contra la Corrupción para reemplazar a la obsoleta ley que venía de la IV República y que obviamente no había servido para combatir el flagelo. Lo hicimos sobre la base que manejábamos en esa época, que era que en el seno del chavismo el parlamentarismo de calle significaba que se llevaba a una discusión amplia con sectores representativos del país. A la comisión llegaba gente de la oposición y del chavismo, nos repartíamos el trabajo, hablábamos con la gente y eso permitió nutrir el documento, que finalmente fue archivado porque no era conveniente para los que quedaron allí”, relató Navarro.
Asamblea constituyente inconstitucional
En ese sentido, destacó que lo que prevalece ahora en el madurismo es el secreto, algo que quedó en evidencia con el hecho de que muchos de los integrantes de los integrantes de la asamblea constituyente desconocían el proyecto de ley antibloqueo y a varios no les llegó nunca.
“Se hizo de forma clandestina y se incorpora en la misma que debe haber secreto para las operaciones del Estado, cuando el secreto es uno de los elementos más negativos que tiene esa ley y que es contraria al parlamentarismo de calle”, señaló Navarro.
De igual manera hizo hincapié en que la asamblea constituyente fue convocada inconstitucionalmente y que además ha elaborado un conjunto de leyes, entre ellas la ley antibloqueo sin estar autorizada para ello, pues su función es elaborar una nueva Constitución que, para que entre en vigencia, debe ser aprobada por la población.
Provocación
Para el activista político y escritor Santiago Arconada, quien forma parte de la Plataforma de la Defensa de la Constitución en la que confluyen dirigentes que alguna vez apoyaron a Hugo Chávez, junto a académicos de izquierda e intelectuales, con la ley antibloqueo el gobierno de Nicolás Maduro lo que busca es generar abstención con miras a los comicios del 6-D, pues el electorado sabrá que la próxima Asamblea Nacional estará de manos atadas en sus funciones.
“Estamos en presencia de una cosa que es la provocación máxima para generar abstención. Está demasiado dicho que es una violación de la Constitución en toda la regla, pero es más que eso, es una constitucionsita para que le sirva por un rato a Nicolás Maduro sin preocuparse por el nuevo Parlamento”, expresó Arconada.
Considera que es la pretensión de que haya una continuidad de esa asamblea constituyente, más allá de su existencia, en la que debió preparar un proyecto de Constitución y que el pueblo tuviera la posibilidad de pronunciarse sobre el mismo.
“La realidad es que si convocaban un referendo para aprobar una Constitución la votación iba a ser nueve a uno en contra. Entonces se escudan en la posibilidad de una ley constitucional para pasar y dar la pretensión de legalidad. Este gobierno está haciendo lo que le da la gana, pero necesitan esa ley para continuar haciéndolo, es una cobertura legal”, indicó Arconada.
Insistió en que es la mejor manera que tiene Nicolás Maduro para decirle a los venezolanos “de qué te sirve votar por una AN que no va a ver lo que se va a hacer con esa ley. Es decir, no vayas a votar porque no sirve de nada”.
“No somos un país que el seis de diciembre va a elegir diputados a la Asamblea Nacional, no somos un país con Constitución, pero tenemos un chance porque el Gobierno necesita la legalidad de la Asamblea Nacional para tener un poco más de presentabilidad, así que podemos votar en contra de todo eso», advirtió Arconada.
Necesaria
El profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y experto en temas de negociación, Tulio Monsalve, tiene una visión que contrasta con los argumentos de los anteriores entrevistados para este reportaje.
“Hay que partir de un principio sencillo ‘a grandes males grandes remedios”- apuntó Monsalve sobre la ley antibloqueo, para agregar seguidamente que una situación que sitúa a los venezolanos en una condición de precariedad y de sobrevivencia exige ejecutar acciones audaces.
“Todo eso es causado por la presencia un componente agresivo, asesino contra la economía del país que nadie ha querido explicar –dijo en alusión a las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea contra Venezuela-. Por fin se da una respuesta. Se busca que la gente comience a pensar y si es una ley hay que cumplirla, hay que acatarla, nos guste o no”, expuso Monsalve.
Destacó que muchas personas siempre están buscando algo que sea perfecto, pero que en este momento del país no hay perfección. “Venezuela nunca en su historia ha tenido una situación como está”, acotó
Insistió en que, respecto al instrumento, lo que hay es que evitar que haya una concentración de capital y la presencia de aquellos intereses internos que la han llevado al punto donde está, pero que lo planteado como factores para favorecer las inversiones no es negativo.
“¿Será que esta ley es más peligrosa que el mismo bloqueo que piensa desbloquear?” Se preguntó Monsalve, quien enfatizó que este instrumento puede asegurar el maniobrar del Gobierno para superar la situación que atribuye a las sanciones.
“Para mí, concretamente, sí es válido y es un instrumento que puede asegurar algo. Los problemas estarán en cómo ejecutarlo”, expresó.
No es excusa
Para la politóloga Paola Molina, promover el desarrollo económico del país, llamar a la inversión y activar los sectores productivos efectivamente son una necesidad latente en Venezuela, pero en ningún caso cuentan para permitir que la Constitución sea violentada.
“No es excusa para que se firme un cheque en blanco desde la asamblea constituyente, que no es un órgano legítimo ni independiente y se le otorgue al presidente y los ministros la potestad de actuar individual y discrecionalmente para abordar la crisis. Todos los objetivos que supuestamente se tienen al implementar esta Ley pueden ser cumplidos acatando lo que dicta la Constitución, mostrando la voluntad política que ha debido prelar desde hace años para salir de la crisis humanitaria en la que se encuentra Venezuela, pero es imposible en los términos planteados apagar el fuego con más fuego”, explicó Paola Molina.
Citó como ejemplo el artículo 3 del proyecto de la ley antibloqueo, donde se habla de “garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad”. “Esto se da –indicó Molina-en un contexto donde a los propios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, según el último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, se les acusa directamente de crímenes de lesa humanidad. Entonces cabe la pregunta ¿quién está blindando y protegiendo los derechos humanos?”.
Advirtió que, con los antecedentes que hay y tomando en cuenta los medios a través de los cuales se implementará esta ley, puede afirmar que tampoco estamos en un escenario donde la comunidad internacional le vaya a dar el visto bueno al instrumento, que, en su opinión, profundiza el sistema totalitario que impera hoy en Venezuela.
También señaló lo negativo que significa que se tenga a un Presidente habilitado para desaplicar normas legales, es decir, que el mandatario venezolano estará por encima del ordenamiento jurídico.
Entorno presidencial también se verá afectado
Considera Paola Molina que tener al Ejecutivo dictando justicia en los casos que considere, es un arma que no solo va a afectar a la oposición, sino también al entorno cercano al Presidente en caso de transgredir alguno de los supuestos contemplados dentro de “esa misión secreta para salvar la economía del país”.
“Las alertas que hacen los distintos actores de la izquierda responden a la preocupación frente a una usurpación de los Poderes Públicos, donde se confiere el poder total al Ejecutivo en un marco donde se pone en entredicho la prevalencia del respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión”, indicó Molina.
Resaltó que uno de los puntos en los que coinciden los sectores de izquierda en cuestionar es en el destino de los recursos provenientes de exportaciones o ingresos adicionales que no pasarán por el Tesoro Nacional, sino que quedan al criterio y manejo discrecional del gobernante, debido a que la ley establece que los ingresos adicionales que se generen en ocasión de la aplicación de las disposiciones de la ley antibloqueo se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del Tesoro Nacional.
“Además, el centro de la discusión va enfatizada al destino de la principal empresa petrolera del país (Pdvsa), porque se puede deducir que es una ley hecha a modo para administrar de manera confidencial, usar los recursos sin contraloría y poner sobre la mesa la posible privatización de la industria, para saltar los obstáculos internacionales generados a raíz de las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela a nivel internacional”, sostuvo la politóloga.
Régimen republicano desaparece
El exministro Héctor Navarro indicó que, al contrario de lo que promovía Hugo Chávez, la separación de poderes, principio de la democracia republicana, desaparece con la ley antibloqueo.
“En Venezuela se pasó de la clásica división de tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial a una más amplia. Hugo Chávez dio un ejemplo cuando se aprobó la Constitución para pasar de tres a cinco Poderes que se controlan entre sí, elegidos por el pueblo directa o indirectamente. Eso lo borran de un plumazo, en un ejercicio de esta ley que es inconstitucional, porque una ley no puede ir por encima de la Constitución”, detalló Navarro.
También se pronunció en contra de la facultad para desaplicar leyes, algo que calificó de “barbaridad”. Sostuvo al respecto que se está desaplicando la norma constitucional al pasarse por encima de lo establecido en la Carta Magna en cuanto atribuciones de cada uno de los Poderes Públicos.
“Estamos poniendo en manos del Ejecutivo todo lo que es el ejercicio democrático del país”, comentó.
Sospechas de complicidad
Añadió Héctor Navarro que le parece sospechoso que desde la oposición no se ha atacado la ley antibloqueo. “Incluso Fedecamaras ha hablado de que la ley tiene elementos positivos. Es sospechoso en el sentido de no es cómo las cosas deberían ser y no me causa sorpresa porque sabía que el goberno venía moviéndose hacia la derecha aceleradamente”.
Citó a manera de ejemplo de los amplios poderes del Ejecutivo el que unas confiscaciones, que se hicieron a través de una medida judicial, puedan ser revertidas por el mandatario para devolver el bien a quien le fue expropiado, algo que a su juicio es una usurpación de las funciones del Poder Judicial, que sería el único que podría revertir una medida de ese tipo.
En cuanto a la discusión en el chavismo y la izquierda, Héctor Navarro advierte que es de grandes proporciones. “Lo que está ocurriendo es que se está produciendo lo que se tenía que producir, un cisma. La gente está abriendo los ojos, Luis Britto García, Telémaco Figueroa, se está produciendo un malestar que tenía que haberse producido antes”, sostuvo.
Auguró que, en lo que las medidas se vayan poniendo en práctica, van a surgir más divergencias.
“El gobierno de Maduro, Padrino y Cabello, que gobiernan en sincronía, echó por tierra el Plan de la Patria de Hugo Chávez desde que asumieron el poder; quizás desde un poquito antes, tal vez desde que Chávez estaba enfermo. Tengo serios temores de que vamos en proceso de disolución de la República con las medidas que se están tomando”, advirtió Héctor Navarro.
“Los desfalcadores de la nación son los que comprarán bienes del Estado”
La visión de Santiago Arconada es igual de pesimista que la de Héctor Navarro. A su juicio, los recursos que entrarán al país para adquirir los bienes del Estado, que por serlo son de todos los venezolanos, provendrán de la corrupción que ha campeado desde que Hugo Chávez enfermó.
“Será con la plata del desfalco. Ellos –los corruptos- tienen problemas para moverse internacionalmente y hacer más plata con la plata de los venezolanos, así que no encuentran un sitio para ejecutarla y por eso quieren comprar a Venezuela completica, desde Pdvsa para abajo”, sostuvo Arconada.
En opinión del escritor, al plantear la ley antibloqueo se demuestra que ya cuentan con los privatizadores, que, asegura son los propios desfalcadores de la nación. “Quieren comprar Pdvsa por kilos, luego de que ya la han convertido en chatarra. Dicen ‘puedo dejar el poder político, pero me quedo con la industria. Así harán con las empresas del Estado, como Lácteos Los Andes, se va a consolidar la constitución de una burguesía nueva, que no es la de Fedecamaras ni la de los sectores emergentes de cuando Carlos Andrés Pérez, sino los bolichicos llegando a su reinado”, detalló Arconada.
Llamó la atención en que no deben ser los sueños de izquierda los que paguen los desmanes de lo que llama “un grupo mafioso que está en el poder”, por lo que llama a hacer énfasis en los ideales.
Dejar de lado la ortodoxia
Para Tulio Monsalve, todo es cuestión de que los muy ortodoxos abran su mentalidad y se den cuenta de que si no hay manera de negociar para que ingresen capitales al país no va a haber opciones.
Estima el docente que es discutible el que se esté desmontando lo planteado por Hugo Chávez cuando llegó al poder, pero que incluso siendo así, es un aspecto secundario ante las necesidades que vive el país.
“Aquí existió una estructura política económica administrativa hace 20 años, y esa estructura, esa dinámica tuvo su vida, pero ya la perdió. Hubo un atropello a la formalidad, a la Constitución, y esas estructuras no estaban hechas para esta nueva realidad. Que eso puede ser diferente a lo que históricamente se venía dando es posible, pero ¿por qué no? Quién ha dicho que lo que escribieron líderes anteriores debe quedar grabado en piedra o mármol”, esgrimió.
Señaló Tulio Monsalve que las políticas tienen que tener versatilidad aunque sin perder la esencia de su mensaje y resaltó que en otros países, en otros momentos de la historia, muchos líderes han tomado medidas distintas a las que se venían pregonando por el bienestar de un país.
Lo que queda claro con toda esta situación es que “el proceso” que se venía dando en Venezuela hace 21 años ya dejó de ser. La separación está allí a la vista de todos y cada quien debe decidir si el fin de buscar salidas para Venezuela justifica los medios de violar la Constitución aprobada por el pueblo o, como se hace de manera civilizada, cumpliendo con lo que el marco legal establece.