Manuel Merino, el presidente del Congreso peruano, se convierte este martes en el flamante jefe de Estado del país andino, luego de que el Poder Legislativo haya votado la destitución de Martín Vizcarra, implicado en un caso de presunta corrupción cuando era gobernador regional del departamento de Moquegua (2011-2014).
El dirigente de bajo perfil que toma las riendas del Ejecutivo nació el 10 de agosto de 1961 en el departamento de Tumbes, en el norte de Perú. En el ámbito empresarial, se destacó dentro de los sectores agrícola y ganadero, e incluso llegó a dirigir varias organizaciones del rubro: fue presidente de Comercialización de la Asociación de Productores de Plátano, integrante del Comité de Defensa del Agro Tumbesino y representante de los Productores Agrarios de Tumbes.
Desde 1979 es parte del partido Acción Popular (AP), uno de los frentes que más veces ha ocupado la Presidencia en esa nación, fundado en 1956. Comenzó su carrera política militando en las juventudes del movimiento, y fue creciendo hasta convertirse en congresista entre el 2001 y 2006, representando a su departamento natal. En el período 2003-2004, le tocó presidir la Comisión de Defensa del Consumidor.
Merino fue reelegido para ocupar un escaño en el Congreso entre 2011 y 2016, dentro de la misma fuerza política, que en ese tiempo integraba la alianza Perú Posible (PP), identificada con el expresidente Alejandro Toledo. A inicios del 2020, el dirigente pudo regresar al Legislativo, luego de que el entonces presidente nacional, Manuel Vizcarra, determinarala disolución del Congreso en septiembre del 2019, en medio de una gran tensión de poderes.
Por aquellos días, ante el riesgo de peligrar la gobernabilidad, el mandatario optó por anular a los parlamentarios e incluso bloqueó las puertas del establecimiento con las fuerzas de seguridad, y convocó a elecciones congresales extraordinarias para el 26 de enero. De esta forma, Merino lograba recuperar su banca, quien junto a sus colegas completarían los mandatos restantes hasta 2021. El 16 de marzo, con 93 votos favorables, fue elegido como presidente del Congreso: Acción Popular era la bancada más numerosa.
Un semestre más tarde, bajo la calificación de «permanente incapacidad moral», los nuevos congresistas decidieron iniciarle un juicio político a Vizcarra el 18 de septiembre. El argumento fue el escándalo originado por una aparente contratación irregular al cantante Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura, donde se incluyeron algunos dudosos eventos en medio de la pandemia. Igualmente, Vizcarra logró superar ese pedido de vacancia, que no logró obtener los 87 votos necesarios.
En simultáneo, Manuel Merino protagonizó una fuerte polémica: se contactó con las cúpulas de las Fuerzas Armadas para notificarles la intención de concretar la destitución de Vizcarra, algo que los uniformados hicieron público. Frente al escándalo, el entonces presidente del Congreso se vio obligado a pedir perdón: «Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuno, por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armadas». Entre tanto, el entonces jefe de Estado denunciaba una conspiración en su contra.
Tan solo unas semanas después, se desataba otro escándalo judicial y político para el Gobierno. Colaboradores anónimos señalaron ante la Fiscalía que Vizcarra habría recibido coimas para concretar la construcción de un hospital cuando era gobernador en Moquegua. Así, el Congreso determinó iniciarle un segundo pedido de vacancia presidencial en menos de dos meses, aunque el caso no tiene una sentencia judicial. La tipificación del juicio político fue el mismo: «Permanente incapacidad moral».
A pocas horas de la votación, el diario El Comercio difundió chats entre Vizcarra y José Hernández, exministro de Agricultura (2016-2018), señalado como presunto mediador entre la firma constructora y el mandatario. Esta publicación causó más tensión en el escenario político, y aunque no revelaba un delito concreto, ponía en duda la versión oficial de que Vizcarra y Hernández solo tenían una relación profesional. Finalmente, Vizcarra fue destituido con 105 favorables para la vacancia, y se convirtió en el cuarto jefe de Estado expulsado del Palacio de Gobierno por esta vía. Aquel político prefirió aceptar la decisión y no acudió a otras instancias legales para intentar revertirla.
En mayo, la vicepresidenta del país latinoamericano, Mercedes Aráoz, presentó su renuncia. Esto significaba que, con el puesto vacante, en caso de una eventual destitución el presidente del Legislativo sería quien pasase a liderar el Ejecutivo.
Con este escenario, la Constitución local determina que el líder del Congreso debería llamar a comicios de inmediato. Al respecto, antes de asumir el control de la administración Merino aseguró que «la convocatoria a elecciones se mantiene», afirmando que la fecha programada para el 11 de abril sigue vigente. En un comunicado oficial, el Legislativo unicameral informó que «la transición democrática se realizará impostergablemente el 28 de julio del 2021».
Entre tanto, Merino llega a la Presidencia de un país muy impactado por la pandemia del coronavirus, con una grave crisis política y protestas en las calles que muestran el rechazo a la destitución de su antecesor. «Este ha sido un acto completamente democrático», se defendió el lunes el futuro jefe de Estado. Así, en los últimos años Perú se caracterizó por las interrupciones de los mandatos presidenciales. De hecho, Vizcarra había llegado al cargo de forma interina para suplantar al saliente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo del 2018 a poco tiempo de concretarse un segundo pedido de vacancia en su contra.