A juicio del abogado Carlos Figueredo Planchart la Ley Antibloqueo, que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente tiene una fuerte inspiración en el régimen nazi de Alemania.
“Se trata de un instrumento legal que se pone por encima de la Constitución y las leyes orgánicas, especiales y ordinarias”, afirmó.
El señalamiento lo hizo en el programa virtual Un Café para Venezuela, que dirigen Castor González Escobar y Rubén Roca del Centro Popular de Formación Ciudadana.
Figueredo Planchart especialista en derecho mercantil internacional, profesor universitario, ex vicerector de la Universidad Metropolitana.
Inició su intervención advirtiendo que no se puede hablar de una Ley Constitucional, como ha pretendido el gobierno calificarla. A su juicio, en el sistema jurídico no existe tal concepto, y trajo a colación la llamada Pirámide de Kelsen; donde se representa la Constitución en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo se representan las leyes orgánicas, especiales y ordinarias.
“En ningún caso aparece una ley constitucional. Ellos quisieron llamarla ley constitucional, porque pretendían ponerla por encima de la Constitución, y averiguando uno cómo pudieron llegar a esa ley, recordé que en la Alemania nazi, a través del parlamento, se aprobó un Decreto, para la protección del pueblo; lo que dio lugar a un estado de emergencia”, explicó.
Recordó Figueredo Planchart que ese fue el fundamento para la imposición del vandalismo nazi y para el fin del estado de derecho en Alemania. “Si uno lee ese decreto del régimen nazi, resulta que el parecido con la Ley Antibloqueo es impresionante; instrumento que consideró que no era tal ley, tomando en cuenta que ninguna Asamblea Nacional Constituyente, tiene facultades para legislar, y que, aun cuando hubiera sido discutida y aprobada por una Asamblea Nacional, presenta tantos errores y omisiones, que sería antijurídica”.
Figueredo Planchart se refirió a algunos de los artículos de la ley; comenzando por el número 2, y en donde se indica que las disposiciones de dicha ley son de orden público y de interés general, y que serán aplicadas por todas las ramas del poder público en sus ámbitos nacional, estadal y municipal; llamando la atención del hecho de que, si se dice que son de orden público, no obstante, se ve claramente que va contra el orden público.
“El artículo 3 afirma que tiene la finalidad de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano. Pero ellos mismos violan esos derechos. Que se busca favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional, orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de la población y fortalecer la soberanía económica. Solo que se sabe que, tanto el gobierno de Hugo Chávez, como el de Nicolás Maduro, a pesar de haber tenido los recursos necesarios para tal fin, no han fomentado el desarrollo de la economía, sino que más bien la han paralizado”.
Al comentar el artículo 5; donde se dispone que la implementación de esa ley estará orientada a reforzar la protección constitucional de los sujetos, principios y valores, gravemente, afectados por las medidas, incluyendo los derechos humanos del pueblo venezolano y su garantía, dijo que mientras se dice esto, se sabe que el gobierno de Maduro viola sistemáticamente esos derechos.
“Después, tenemos el artículo 6; donde se declara írrita y antijurídica toda medida coercitiva, unilateral y cualquier otra medida restrictiva, punitiva, dictada e implementada contra la República Bolivariana de Venezuela y a su población por un Estado o grupo de Estados. ¿Cómo va a poder declarar un país que son nulas las resoluciones y los decretos que adoptan otros países? Eso es imposible, y esas son las pretensiones de esta ley”.
Indicó que en el artículo 8, a pesar de que se sigue afirmando, que esta ley se apega estrictamente a los principios y valores del derecho internacional; en particular a las normas que tutelan los derechos humanos, los de la República y la Carta de las Naciones Unidas; ni el gobierno de Chávez ni el de Maduro se apegan a esos principios, y que no es con esa ley que lo van a hacer; sino todo lo contrario, porque ésta está muy alejada de ese propósito.
“El artículo 10 establece el interés de que esos tratados, acuerdos y convenios internacionales bilaterales o multilaterales le hagan frente a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas; pero, qué pasa con esos tratados, acuerdos y convenios, que el gobierno de Maduro no cumple; esos instrumentos internacionales, que ha suscrito y ratificado, sobre todo, en materia de derecho penal, derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
En ese sentido, Figueredo Planchart dijo que, por el contrario, el gobierno de Maduro los desconoce por completo, y que, por lo demás, pocos gobiernos de Venezuela han sido tan irrespetuosos del derecho internacional; como ha sido este gobierno.
Hizo ver que en el artículo 18 se habla de que se van a lograr unos ingresos; pero que no dice como se van a obtener y que, luego, se dice que esos ingresos se destinarán a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano; así como la recuperación de su calidad de vida, y la generación de oportunidades a través del recurso de sus capacidades.
“Cuando se contaba con ingresos suficientes no se destinaba a nada de lo que contempla en este artículo. ¿Va a cambiar algo por efecto de esta ley? Aquí hago un comentario, que es el siguiente: ¿qué es lo que busca el gobierno de Maduro con esta ley? Que si se le quitan todos los controles y todas las restricciones; que establece la Constitución y las leyes, para que en los convenios internacionales, las solicitudes de préstamo sean aprobadas por la Asamblea Nacional, no lo van a poder ni van a poder ellos contratar préstamos, sin necesidad de ninguna aprobación”.