Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. 8 de noviembre de 2017. Nicolás Maduro cuenta con una nueva arma. Promulgó la norma en un contexto de singular interpretación de odio, convivencia pacífica y tolerancia: cuatro días antes, el diputado Freddy Guevara se vio obligado a pedir refugio en la embajada de Chile en Caracas por las amenazas que sufría por parte del Palacio de Miraflores. La dictadura venezolana lo había dejado a la intemperie al retirarle su inmunidad parlamentaria al acusarlo de instigar a la población con sus críticas. En agosto de ese mismo año, las Naciones Unidas ya habían dejado en claro de dónde emanaba el verdadero odio en Venezuela: el estado era responsable de detenciones arbitrarias y torturas, entre otras aberraciones.
Laureano Pérez Izquierdo/ Infobae
Pero en ese marco -y pese a los esfuerzos de la dictadura de Maduro por intentar presentarla como una ley para la unificación de la sociedad- lo concreto es que en sus años de vida sólo fue una herramienta de persecución política y social. Una mordaza no sólo contra aquellas voces que se elevaban para cuestionar los crímenes del gobierno -explicitadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)- sino incluso contra los ciudadanos de a pie que se animaban a criticar la gestión de los servicios públicos, la escasez de gasolina o las pobres políticas sanitarias en medio de la pandemia por COVID-19. La respuesta del régimen a esos reclamos legítimos fue la misma durante estos largos años: la represión, las amenazas, la prisión y la inyección de miedo, siempre amparándose en la “ley del odio”.
El periodista César Batiz director de El Pitazo, explicó a Infobae que la regla se originó a partir de los señalamientos que funcionarios chavistas experimentaban en la calle, restaurantes y aviones por su vida de lujos, situación que el régimen pretendió acallar por medio de esa vía ante el creciente descontento popular. Batiz está en contra de todo tipo de escrache, sin embargo cree que la normativa nació con otro espíritu. “Es una ley arbitraria, autoritaria, no es una ley progresista. No es una ley que vele por la defensa y la protección de los derechos humanos o la promoción de las libertades. Es una ley totalmente autoritaria que ha sido aplicada de acuerdo al funcionario de turno, que así la considere. Es una ley que es utilizada como un mecanismo de coacción a la ciudadanía para que se exprese libremente frente a las arbitrariedades y la corrupción”.
Un informe del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPSyV) publicado el 19 de noviembre -“Normativa contra el Odio: la censura hecha ley”- acerca un balance preocupante: “Las acusaciones por odio se han posicionado en Venezuela de forma progresiva. Desde 2018 al menos seis medios de comunicación y 17 trabajadores de la prensa -para un total de 23 afectados- han sido intimidados, acusados, amenazados y procesados por delitos de odio. En estos tres años, nueve trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos y procesados a través de la normativa contra el odio y el Código Penal venezolano, sin existir razones claras y públicas sobre la imputación de estos delitos”.
De acuerdo a esta ONG, la “ley del odio” de Maduro permitió “perseguir e intimidar a medios de comunicación, periodistas, religiosos, trabajadores de la salud, empleados públicos y hasta ciudadanos comunes por hacer valer su derecho a la libertad de expresión y opinión, creando de forma progresiva un ambiente de autocensura generalizado”.
En su Artículo 1, la normativa votada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, ese órgano creado ad hoc por Miraflores para quitarle el poder a la Asamblea Nacional de Venezuela) parece estar cargada de ironía: “La presente tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”. Los valores que se enumeran en su Artículo 2, también parecen extraídos de una sátira: dice promover “la vida, la paz, el amor”. No se animaron -o no supieron- incluir el deber humano de ser felices por ley.
Sin embargo, sí incluyeron párrafos destinados a controlar a las voces que pudieran resultar críticas en los medios. La “ley del odio” de Maduro, en su Artículo 12 obliga a las empresas de comunicación a emitir los mensajes redactados por el régimen que considera de paz y tolerancia. “Los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular”.
El Palacio de Miraflores también regula lo que se habla en las redes sociales. Y obligará tanto a quienes emitan el mensaje como a “las personas jurídicas que administran las redes sociales y los medios electrónicos” a cumplir con la normativa. En el Artículo 20 se explicita la sanción a la que podría ser sometido cualquiera que dispare una opinión en redes o en público que sea considerada contravencional por los intérpretes del régimen. “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (…) será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
A los medios que según el gobierno incumplan con la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia la amonestación será principalmente económica: “Una multa desde el tres por ciento hasta el cuatro por ciento de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción”. Pero también puede revocar concesiones y bloquear sitios web. Infobae es víctima de esa persecución desde mucho antes de que existiera la ley: sufre censura desde octubre de 2014.
“Durante estos tres años, muchos representantes del Estado y simpatizantes oficialistas se han valido de la existencia de sus artículos para intimidar y amenazar a trabajadores de la prensa y medios de comunicación en todo el país. El extinto Diario La Región en Sucre, al igual que La Verdad de Monagas, Monagas Visión y Sonora 99.3 FM, son solo algunos de los medios que fueron señalados e intimidados por publicar informaciones, que a criterio de sus denunciantes, recurrían en incitación o promoción al odio”, advierte el informe de IPSyV.
Uno de los casos que más se destacó en los últimos meses es el del periodista Darvinson Rojas, quien fue imputado por el Ministerio Público por “instigación al odio e instigación pública”, en una audiencia realizada el 23 de marzo de este año. Rojas fue víctima de una detención arbitraria el sábado 21 de marzo, cuando 15 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo sacaron de su casa por la presunta publicación de información sobre cifras del COVID-19. Estuvo 12 días detenido por utilizar su cuenta de Twitter para informar sobre la marcha del coronavirus en Venezuela.
El país que conduce Maduro registra sólo 863 muertes por la pandemia, en una de las regiones más golpeadas por el virus, de acuerdo a las cifras que publica Johns Hopkins University of Medicine. Sus vecinos Colombia y Brasil cuentan 34.761 y 168.061 decesos, respectivamente. Hasta el momento, ningún vocero del régimen se animó a hablar del milagro que obra su regente. Habrá que esperar y dejar la ansiedad de lado. Eso sí: si alguno -periodista, opositor o simple ciudadano- quisiera cuestionar su gestión del coronavirus podría ser sometido a los castigos que contempla la “ley del odio”, esa que la dictadura pretende exportar a otros gobiernos de América Latina, ansiosos por silenciar a quien alce una voz que moleste.