La Organización No Gubernamental (ONG) Médicos Unidos por Venezuela denunció la detención arbitraria de una galena por ejercer su derecho a la protesta en el estado Cojedes.
De acuerdo con la ONG, la médico Ligia Salcedo ejercía su derecho a la libre expresión y al reclamo ciudadano ante las irregularidades en el suministro de gasolina en el municipio Tinaquillo.
La organización manifestó que los cuerpos de seguridad del estado arremetieron contra la doctora, quien fue “tratada como una delincuente”, por lo que pidieron el cese a los atropellos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La doctora Salcedo fue acusada de resistencia a la autoridad y alteración al orden público por parte del cuerpo de policía del estado Cojedes. La mañana de este miércoles, luego de la audiencia de presentación, se le otorgó libertad plena.
No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro detiene a trabajadores de la salud por protestar ante la ineficiencia de los servicios públicos del país.
Según el director de Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, desde el inicio de la pandemia de la COVID- 19, al menos 14 trabajadores del personal sanitario venezolano han sido privados de libertad por diferentes reclamos, reseñó Efecto Cocuyo.
Entre los imputados se encuentra el médico Luis Araya en el estado Lara. Araya lo detuvieron el 15 de abril en plena consulta médica funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la ciudad de Carora.
Por colocar un estado de Whatsapp donde cuestionó que mientras los médicos carecían de protección para enfrentar la COVID-19, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro visitaban hospitales con los trajes que necesita el personal de salud y lo acusaron de instigación al odio.
Otro caso es el del exdirector de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, el médico Alexis Riera, a quien apresaron en septiembre pasado. Lo señalaron de revender medicinas para la COVID-19, en un caso donde también imputaron a un residente de origen colombiano.
Pese a las protestas y llamados de los gremios de salud en Carabobo, continúa en la cárcel a la espera de juicio.
Antes, en el mes de abril detuvieron a una bioanalista en el estado Trujillo. La acusaron de “uso indebido de información privilegiada de funcionario público”, por compartir en sus estados de Whatsapp una orden médica de un paciente con COVID-19.
Se trata de Andrea Sayago, a quien apresaron el 4 de abril funcionarios de la Policía de Trujillo. Se encuentra en arresto domiciliario.
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