Este jueves 26 de noviembre el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), solicitó a las autoridades venezolanas llevar ante la justicia internacional al gobierno de Trinidad y Tobago, luego de la deportación forzosa que puso en riesgo la vida de 16 niños migrantes.
Esta organización orientada a la promoción de una nueva política exterior en el país, condenó la deportación forzosa de estos venezolanos, entre ellos un bebé de pocos meses de nacido, desde Trinidad, hecho ocurrido el pasado 22 de noviembre.
«Estos 16 niños junto a 9 mujeres migrantes venezolanas fueron echados al mar en un pequeño bote sin techo, con poca comida y gasolina, a pesar de existir condiciones de tormenta. Aparecieron muchas horas después en el caño La Barra del Delta del Orinoco presentando síntomas de deshidratación», reza el comunicado.
Denunciaron que esta deportación se produjo poco antes de que las autoridades de ese país tuviesen la oportunidad de evaluar los casos, y ver las condiciones de cada uno de estos migrantes venezolanos, quienes salieron del país huyendo de la emergencia humanitaria compleja, la crisis política y económica.
Es por esto que desde el Covri, exigen «la protección de los 16 niños venezolanos y la pronta reunificación con sus familiares al Gobierno de Trinidad y Tobago encabezado por el Primer Ministro Keith Rowley. Asimismo, le exhortamos a evitar nuevas detenciones y/o deportaciones forzosas y temerarias de niños venezolanos».
Según la Agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las Trinidad han expulsado al menos 55 niños venezolanos durante 2020.
También «solicitamos a las autoridades venezolanas pronunciarse en términos enérgicos contra tan abominable acto, exigir una investigación y denunciar las deportaciones forzosas y temerarias de niños venezolanos desde Trinidad y Tobago en instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Acnur, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet».
Desde el Covri «reconocemos el impacto de la crisis migratoria venezolana en un país en desarrollo como Trinidad y Tobago. Existen alrededor de 40 mil venezolanos en las ‘islas gemelas’, de los cuales 2.514 son reconocidos como refugiados y 24.169 tienen solicitudes de refugio pendientes según Acnur».
Aprovecharon la oportunidad para condenar el silencio que ha fijado desde el régimen de Nicolás Maduro tras estos hechos, que solo reflejan un «acto abominable de la políticas migratorias» de ese país.
«Hacemos un llamado de reflexión a las últimas reservas morales que sabemos aún existen en la Fuerza Armada Nacional, para que presione por la protección de nuestros hermanos y niños que huyen hacia Trinidad y Tobago buscando mejores oportunidades de vida, siendo víctimas de las mafias de tráfico de personas, de un Gobierno extranjero que les ultraja y del silencio cómplice de un régimen despótico que no defiende ni sus derechos ni su dignidad».