Hernández cree que el 5 de enero habrá un «desmadre político» con la presencia de dos Asambleas: La de Guaidó y la escogida en diciembre
José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista y ex procurador general del gobierno interino liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, explicó este miércoles 2 de diciembre que la consulta popular promovida por la oposición está consagrada en la Constitución, pero aunque es un mecanismo para dar legitimidad a una acción política en específico, no va a cambiar en lo inmediato la situación actual de Venezuela porque continuarán existiendo problemas de luz, de agua y de otros servicios.
En entrevista para VPI, Hernández explicó que la consulta popular apoya la legitimidad de los planteamientos realizados por la Asamblea Nacional, pero tampoco está relacionada con darle continuidad a la gestión de Guaidó y de los diputados en el Poder Legislativo. En ese sentido, indicó que el próximo 5 de enero de 2021, cuando sea momento de instalar el nuevo parlamento, existirán dos Asambleas: Una, que será liderada por Guaidó y que será «legítima» y la otra, que es la que estará de facto y «de hecho» en el Palacio Federal.
Considera que las elecciones parlamentarias del domingo 6 de diciembre son «inconstitucionales» e «inválidas» porque a su juicio, serán un acto político de hecho pero no jurídico.
«En la práctica, el 5 de enero tendrás dos situaciones. En el mundo de la realidad no va a haber una Asamblea Nacional legítimamente electa, pero sí habrá unas personas proclamadas por (mandatario Nicolás) Maduro como diputados, entraran al Palacio Federal y dirán que esta es la nueva Asamblea Nacional por los próximos cinco años. Una Asamblea de hecho. Eso no es nada distinto a lo que tenemos, ya que existe una que supuestamente la preside el diputado Luis Parra, la asamblea constituyente que lidera Diosdado Cabello y la de Guaidó», detalló.
Dijo que los actuales diputados, cuando se instale la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, tendrán un mayor riesgo de ser perseguidos por la administración de Maduro. Sin embargo, detalló que es el parlamento liderado por Guaidó el que tiene la legitimidad ante la comunidad internacional.
«Desde el punto de vista del Derecho Constituiconal, el funcionario que es electo popularmente debe mantenerse en el cargo hasta tanto no haya una nueva elección y no sea reemplazado por otros funcionarios por mecanismos de elección popular. Eso ha pasado en Venezuela con gobernadores y concejales», expresó.
Respecto a la «continuidad constitucional» a la que se aferra Guaidó para mantenerse como presidente de la Asamblea Nacional y el dilema de si permanece en el cargo de presidente interino ante el reconocimiento de la comunidad internacional, José Ignacio Hernández se refirió que en todas las declaraciones de los países que respaldan al parlamentario y organismos como la OEA, existe un elemento en común que es que Juan Guaidó es reconocido como mandatario encargado «hasta tanto se celebren elecciones presidenciales libres y justas», es decir, que hasta que no hayan unos comicios aceptados por todos y sean considerados como legítimos, el legislador permanece en sus funciones, según su opinión.
A pesar de esto, cree que lo que se presentará en Venezuela será un «desmadre político» y acotó que la «confusión» sobre quienes son los representantes verdaderos, de alguna forma deslegitima al gobierno interino encabezado por Guaidó. Advirtió que aunque el país amanezca el 5 de enero con un nuevo parlamento -sea legítimo o no- los problemas de los venezolanos no van a desaparecer, sino más bien se va a agravar la situación.
Sin embargo, esgrimió el argumento que la «continuidad» de Guaidó y de la Asamblea Nacional «evita» un problema y es, de acuerdo a sus pensamientos, que se impide que Maduro pueda tomar la representación internacional del Estado.
Ante el razonamiento que solo un grupo de países y no la comunidad internacional son las que respaldan a Juan Guaidó, el ex procurador José Ignacio Hernández comparó la situación como una «junta de condominio», diciendo que aunque son 100 los que conforman quienes viven en el edificio, los que están trabajando y tienen injerencia son como 10 a lo sumo.
Afirmó que lo que ha hecho el Ejecutivo es «atrincherarse en el poder a un costo gigante» y temas como la violación de DDHH, la emergencia humanitaria compleja, entre otros, hacen que su mandato sea inviable en el tiempo.
Sobre si ir a votar o no, Hernández recordó que eso es una decisión personal y no debe satanizarse si se acude a las urnas o no. Sin embargo, se atrevió a indicar que el hecho que vote o no, Maduro va a ganar las elecciones pero resaltó que lo importante es el nivel de participación que se registren en las parlamentarias.
«La diferencia es que si usted vota, el número de participación en el proceso aumenta y eso sera usado por Maduro para legitimarse, En cambio, si se abstiene, la participación baja y Maduro estará en aprietos porque no puede anunciar resultados que no sean mínimo ocho millones de votos porque esa una gran mentira de los procesos anteriores (…) la abstención tiene un posible beneficio: Reduce participación y crea problemas a Maduro que va a tener que fabricar votos y mentir para decir que la elección fue mas o menos participativa».