Al día 23 de diciembre de 2020, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas efectúa una serie de consideraciones a modo de diagnóstico alrededor de la situación de derechos humanos en Venezuela, de modo que se contraste el panorama actual respecto del año 2019, y pueda la opinión pública hacerse una idea de la magnitud de la crisis.
Preliminarmente las conclusiones son claras: los derechos humanos en Venezuela han sido relegado, en el mejor de los casos, al incumplimiento, y en el peor, al absoluto olvido. Dicha circunstancia se puede evidenciar en los siguientes once (11) elementos ubicados por la Comisión Presidencial:
1. Durante el 2020, hubo avances importantes en los mecanismos internacionales de protección gracias a los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, la Comisión de Encuesta de la OIT, la CIDH y la Corte IDH, no obstante, las recomendaciones de esos organismos no han sido cumplidas, ya que de ese ser el caso habría una mejora, por pequeña que fuere, en los indicadores de derechos, y la realidad es que han desmejorado notablemente, por tanto, Venezuela ostenta un clima de Contumacia Institucional orquestado por el Poder de facto tal y como lo viene documentando la Comisión Presidencial.
2. La emergencia humanitaria compleja continúa profundizándose. Las personas con VIH/SIDA, condiciones oncológicas, esclerosis, diabetes, desnutrición, enfermedades cardiacas, lepra, dengue y demás no tiene acceso a atención de salud de calidad ni a medicamentos, aumentándose innecesariamente el número de muertes evitables.
3. El COVID-19 ha impactado de manera diferenciada a Venezuela, siendo que el Poder de facto ha utilizado la pandemia como subterfugio para limitar derechos, y los infectados corren con altos riesgos de fallecer debido a la falta de insumos médicos, bioseguridad y atención médica de calidad. Por su parte, el personal de salud ha estado expuesto a riesgos excesivos al punto que muchos han fallecido en el cumplimiento de su deber debido a la falta de insumos en bioseguridad.
4. Los servicios básicos no operan en lo absoluto. Sigue sin haber agua, luz, gas o internet. No es viable vivir en Venezuela, y la cuarentena acrecienta la demanda y la prestación deficiente de ello. Es comprensible que, debido a la propia situación en la que nos colocó la usurpación, no sea posible que con los recursos nacionales se pues solventar la situación, empero, la reticencia frente a la ayuda humanitaria es muestra de la falta de compromiso por solventar dicha circunstancia.
5. La violencia de género ha aumentado durante la cuarentena. La discriminación estructural sigue siendo patente, y mientras tanto, las autoridades del Poder fáctico estigmatizan y perpetúan prejuicios de género tal y como quedó cristalizado en el correspondiente Informe sobre la materia de la Comisión Presidencial.
6. Los ciudadanos han salido espontáneamente a protestar porque no pueden tolerar las condiciones económicas y de salubridad, no obstante, la respuesta de la fuerza pública ha sido la acostumbrada: uso desproporcionado de la fuerza, generar lesiones en manifestantes pacíficos y hasta desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, las cuales, dicho sea de paso, constituyen violaciones graves contra los derechos humanos.
7. Los Grupos de Exterminio se han afianzado. A pesar de que la CIDH y la Alta Comisionada recomendasen la disolución de la FAES, la misma continúa incurriendo en letalidad e impunidad. Se militariza recurrentemente la seguridad ciudadana y prácticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en contra de civiles y militares disidentes son cada vez más frecuentes.
8. La disidencia política, así como los miembros del Gobierno Interino, son perseguidos, encarcelados, hostigados y criminalizados. El ejercicio de los derechos políticos está suspendido en Venezuela. Los periodistas y personas defensoras de derechos humanos también son perseguidas y detenidas porque su labor es incómoda para la usurpación.
9. Todo lo anterior ocurre bajo los ojos complacientes de un Poder Judicial que ha traicionado su deber constitucional de defender los principios elementales de la República, siendo nada más y nada menos que un brazo ejecutor del régimen para castigar a sus adversarios.
10.Millones de venezolanos han abandonado el país, enfrentando difíciles contextos de discriminación en razón de su nacionalidad en Estados hermanos. Debido a la pandemia, muchos desean regresar a Venezuela, pero en su retorno son calificados de armas biológicas a pesar de simplemente querer volver a casa. Hay aquellos que, en su desesperación por huir de la dictadura, optaron por la movilidad irregular mediante embarcaciones improvisadas, buscando como destino las Antillas holandesas o Trinidad y Tobago. En 2020 los venezolanos y venezolanas lloraron la muerte de varios compatriotas en naufragios. Dicha situación pudo haberse evitado si Trinidad y Tobago hubiese sido respetuosa de normas internacionales de ius cogens como el principio de no devolución, empero, fueron condenados a la profundidad del océano debido a la mezquindad política. La Comisión Presidencial recuerda que si un país no tiene la capacidad de albergar personas que han arribado a su territorio con necesidades de protección, tiene de todas formas el deber de buscar un tercer país en donde ello si sea posible, y nunca optar por devolverlos al país de origen del que precisamente huyeron.
11.Finalmente, todo esto se enmarca en un contexto de deterioro ostensible del estado de derecho y la democracia en el país. El derecho a votar y ser elegido se ha anulado, y en tanto, la usurpación busca mediante artimañas electorales que no reúnen estándares cónsonos con el derecho a la participación, despojar de legitimidad al único Poder Público que aún continúa apegado la Constitución, Maduro y el sistema de justicia a bloqueado sistemáticamente, a la Asamblea Nacional, ah despojado la inmunidad parlamentaria a varios diputados, han tenido que irse al exilio, o refugiarse en embajadas etc, cuando hablamos de un parlamentario perseguido se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos en su residencia, tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del Sebin, ha sido agredido físicamente, se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, como estos nuevos allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado empresas a su familia.
A partir de estas consideraciones, el diagnostico luce aún más evidente: estamos en terapia intensiva. No obstante, por más desolador que se el horizonte, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino continuará haciendo lo que constitucionalmente le corresponde, esto es, promover y defender los derechos humanos de todas las personas venezolanas.
Ahora bien, la Comisión Presidencial nota la existencia de un paralelismo innegable entre el desmejoramiento de la situación interna la documentación y denuncia de las violaciones a nivel de los organismos internacionales.
La Comisión Presidencial no puede pasar por alto la importan histórica de diversos mecanismos que en este 2020 han jugado un papel central en la visibilización de la situación de derechos humanos, a saber:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero de 2020 efectuó un proceso de visita in loco, cuyas observaciones preliminares fueron enfáticas en ubicar como causa de la crisis nacional la permanente intervención del Poder Ejecutivo de facto en las demás esferas del Poder Público nacional. Igualmente, la CIDH, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), ha emitido de forma reiterada comunicados públicos y pronunciamiento de redes sociales en donde efectúan llamados de atención pertinentes.
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió los fallos Corte Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415 y Corte IDH. Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C No. 417 en los cuales se confirmó la crisis estructural de los centros penitenciarios en Venezuela. La Comisión Presidencial seguirá trabajando a los efectos del cumplimiento de estas decisiones.
3. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (FFM, por sus siglas en inglés) determinó que en Venezuela existían motivos razonables para creer que en el país se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves contra los derechos humanos, individualizando algunas responsabilidades y recomendando que la Corte Penal Internacional avanzara en su examen preliminar.
4. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos emitió al menos tres (3) actualizaciones donde confirmó la falta de cumplimiento de sus propias recomendaciones, en particular lo referente a la desarticulación de Grupos de Exterminio como la FAES, la persistencia de la crisis estructural en la prestación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y muy especialmente, la falta de condiciones adecuadas a la luz del estado de derecho para la celebración de comicios electorales parlamentarios.
5. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzó hacia la tercera etapa del examen preliminar sobre el caso de Venezuela “I” que fue elevado ante esa instancia, entre otros actores, por diferentes Estados partes del Estatuto de Roma. Actualmente la Fiscalía esta investigado la complementariedad, para precisar si las investigaciones internas han sido genuinas, cosa que la Comisión Presidencial, al igual que la sociedad civil, continuaran demostrando a los efectos de dar constancia que en el país ni siquiera se investiga.
6. La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo emitió a finales de 2019 un reporte donde llamó al cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno. La Comisión Presidencial considera que esa es la instancia de más alto nivel de la OIT y solo se invoca frente a casos de sostenido clima de violaciones contra grupos sindicales y trabajadores, por lo que resulta conveniente insistir en su uso.
No hay ninguna duda de que la situación, por grave que sea, ha sido objeto de recurrente documentación por parte de los órganos de protección, o. en otras palabras, realmente hay un consenso tanto regional como internacional de que Venezuela en cuanto a derechos humanos debe ser una prioridad.
Por primera vez una instancia independiente como a FFM determinó de forma expresa que en el país habían ocurrido crímenes de lesa humanidad, ello previamente no había ocurrido y supone un mecanismo dinamizador del examen preliminar ante la CPI.
A partir de estas consideraciones, el diagnostico luce aún más evidente: estamos en terapia intensiva. No obstante, por más desolador que se el horizonte, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino continuará haciendo lo que constitucionalmente le corresponde, esto es, promover y defender los derechos humanos de todas las personas venezolanas en aras de revertir el status quo de violaciones vigentes.
Para ello, el equipo del Comisionado Presidencial ha trabajado desde inicios de 2020 en el desarrollo del Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual contiene indicadores concretos de políticas públicas a implementar en el marco de un proceso transicional para fomentar condiciones de compatibilidad con la vida digna de las personas venezolanas.
Desde el día 14 de diciembre el Comisionado Prado dio inicio a un proceso de consulta ciudadana por medio del cual cualquier venezolano o venezolana con interés en los temas abordados en el Plan, sin necesidad de pertenecer a una ONG, puede formular recomendaciones.
De tal suerte que se hace un llamado a todos y todas a formar parte del proceso de culta ciudadana. Solamente a través de la incorporación de sus perspectivas es que será posible construir un Plan Nacional inclusivo.
No nos detengamos. Conquistamos mucho en este 2020, y debemos seguirlo haciendo en el 2021.
Habrá justicia.
Cuando hablamos de un parlamentario perseguido se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos en su residencia, tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del Sebin, ha sido agredido físicamente, se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, como estos nuevos allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado empresas a su familia. Todo esto ocurre en un contexto donde no hay Estado de derecho
HUMBERTO PRADO SIFONTES
Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas