En el informe de la Relatora, se realiza una cronología de las sanciones unilaterales contra Venezuela para asfixiar a la economía venezolana, violando los tratados del derecho internacional a través de acciones injerencistas.
2005: Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas.
2014: Una ley estadounidense dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas
2015: Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.
2017: Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses.
2018: tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.
2019: En Enero Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019 y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.
Estados Unidos dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo
Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca.
2020:
En septiembre se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno
Durante todo este año Estados Unidos trató de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft.
Funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela
Sanciones unilaterales de la Unión Europea:
2017: embargo de armas
Prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna.
Prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones
Prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2019: Se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019.
2020: Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.
Sobre otras acciones injerencistas:
Canadá: En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos.
México: en 2018 congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos.
Suiza: en 2018 y 2019,impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos.
Colombia: en 2019 prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.
El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.