“Nos dijeron que tenemos 15 días para abandonar España”. Los venezolanos Fabianna Itriago, Alfredo Franceshini, sus gemelos de 8 años y el pequeño de 7 se llevaron el 5 de marzo el susto de sus vidas tras recibir la notificación del Ministerio de Interior que les niega la posibilidad de residencia en España por razones humanitarias. Todo ello pese a que llevan casi dos años entre Madrid y Cataluña y pese a que la solicitud de la madre de Fabianna (realizada como grupo familiar en el mismo día, con los mismos funcionarios y en condiciones muy parecidas) sí fue aceptada.
DANIEL LOZANO // EL MUNDO
Y no se trata del único caso. Alberto Sandoval es el portavoz de más de un centenar de afectados que hasta ahora han denunciado situaciones similares, una cifra que crece cada hora tras lo que consideran un «giro» en la política española. Desde 2019, España otorgaba residencia por razones humanitarias a los venezolanos que no calificaban para el asilo.
“Estamos enfrentando una situación grave porque desde diciembre del año pasado se están denegando las solicitudes de residencia por razones humanitarias. Las motivaciones que proporciona la administración española son variadas, pero tienen dos elementos comunes: se trata de venezolanos que provienen de otros países de Sudamérica y que no cumplen los requisitos para el asilo y refugio, pese a la violación sistemática que sufrimos en Venezuela de nuestros derechos humanos”, precisó a EL MUNDO Sandoval, abogado y dirigente opositor en el exilio.
Los representantes de los emigrantes venezolanos denuncian que la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior deniega las peticiones de forma aleatoria, como en el caso de Fabianna. «También hemos detectado ciertos patrones en todas las resoluciones, copia y pega con errores. Nos hace pensar que estamos ante negaciones masivas o en grupo y ante el incumplimiento de la administración española de la directiva europea sobre acogida a los aplicantes de protección internacional», desvela Sandoval, al frente del Grupo de Venezolanos Denegados Sin Asilo y Sin Residencia.
Más de seis millones de venezolanos han huido del derrumbe revolucionario y del colapso que abaten a su país. Se trata de la primera diáspora mundial, junto a la siria, y no deja de crecer: pese a la pandemia, la Organización de Estados Americanos (OEA) vaticina que serán más de siete millones los que hayan abandonado a final de año el que fuera el país más rico de la región.
EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN BIDEN
Las acciones administrativas del Ministerio van a contracorriente de las últimas decisiones tomadas por Colombia y Estados Unidos. El país cafetero ha iniciado el proceso de regularización de más de 1,7 millones de venezolanos emigrantes, quienes dispondrán durante una década de un permiso especial de permanencia. La nueva administración de Joe Biden también ha proporcionado su espaldarazo a los criollos al otorgarles el TPS (Estatuto de Protección Temporal), que beneficia directamente a 323.000 inmigrantes. Dispondrán de 18 meses para regularizar la situación de los indocumentados.
Los 101 denegados hasta la tarde de ayer cuentan con el respaldo de Antonio Ecarri, embajador en Madrid de la presidencia encargada, y tienen previsto dirigirse también al Defensor del Pueblo ante lo que consideran una “nueva orden, como nos dicen los funcionarios pero que no sabemos quién ha emitido“, agrega Sandoval. Entre los casos más destacados se encuentra el de una familia con un niño nacido en España y que pese a todo también fueron denegados.
De momento no se ha producido ninguna expulsión en estos casos, pero los venezolanos que viven y trabajan de forma legal en España desde 2019, incluso pagando sus cuotas a la Seguridad Social, han perdido sus empleos o subsisten trabajando “en la irregularidad“.
“La semana pasada me informaron que mi solicitud de protección internacional está denegada pese a que en febrero me trasplantaron un riñón y estoy en recuperación. Tengo que estar aquí durante todo mi tratamiento. ¿Cómo nos vamos a Venezuela en mi condición? ¿Cómo costearíamos mis medicamentos si mi familia pierde el trabajo”, se pregunta la enfermera Andreína Moya, quien padece insuficiencia renal.
Andreína y su familia llegaron a España en noviembre de 2019 desde Perú, su primer destino migratorio. En el país andino se le diagnosticó su enfermedad y sufrió mala praxis médica que casi le cuesta la vida.
“Agradecemos al Gobierno español que hasta diciembre reconociera la residencia a todos aquellos que la habían solicitado, pero estos casos también merecen ser considerados. Se ha roto el esquema aplicado desde 2019, cuando el Gobierno decidió poner en marcha la residencia por razones humanitarias ante las denegaciones de asilo“, insiste Sandoval.