Expertos consideran que la participación de las Faes en el operativo militar en el estado Apure solo ha violado los derechos humanos de esa población, además de comprometer las operaciones y el desempeño de los mandos de la Fuerza Armada Nacional.
El general retirado, Juan Antonio Herrera Betancourt expresó en una entrevista a TalCual que «si estuviéramos en una situación de normalidad con el debido cumplimiento de la Constitución, nunca se hubiera llegado a una situación donde grupos abiertamente subversivos e ilegales estén actuando en el territorio nacional».
En este sentido, el abogado criminalista Luis Izquiel no ve un obstáculo legal para la actuación de las FAES en un operativo militar, «pero este es un cuerpo que tiene un largo historial de violación a los derechos humanos, del cual distintos organismos internacionales como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado su disolución, y sí veo irregular, más no ilegal, que sea utilizado en este tipo de operaciones donde se pone en riesgo la vida de civiles como terminó ocurriendo».
Desde julio de 2019, en el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quedó registrado que la actuación de estas fuerzas especiales ha dejado un gran saldo de presuntas ejecuciones extrajudiciales. A lo que le solicitó al gobierno de Maduro disolver a las Faes, pero esa solicitud no fue atendida.
El coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, dice que «hay elementos comunes entre ambas masacres, como la planificación de estos eventos para demostrar eficiencia en la lucha contra grupos subversivos, y que fueron ejecutadas por funcionarios militares y policiales con una versión oficial de dar de baja a supuestos guerrilleros».
«En los hechos y la verdad es que tanto en El Amparo como El Ripial hubo ejecuciones extrajudiciales, no tenemos duda de ello. Debido a lo evidente de la situación, le queda muy difícil al Ministerio Público darle la vuelta a la situación y no considerar que allí hubo una ejecución. Debería pronto el fiscal dar información al respecto», indicó Alvarado.
Desde el 21 de marzo, los habitantes denunciaron sobre la presencia de helicópteros, detonaciones de armas de fuego y enfrentamientos en el terreno contra supuestos integrantes de las Farc. Fueron oficiales de la Fuerza Armada Nacional quienes se enfrentaron a los guerrilleros comandados por alias “Farley”. El general en jefe Vladimir Padrino López, confirmó la captura de 32 supuestos combatientes, la muerte de dos oficiales venezolanos y un guerrillero identificado con el alias de «Nando».
Acto seguido, se envió un contingente de las FAES al estado Apure para «apoyar» en el conflicto. A partir de allí, iniciaron las denuncias por parte de la población civil de la zona, que se ha desplazado hasta la localidad colombiana de Arauquita. Sin olvidar la ejecución extrajudicial de cuatro miembros de una familia de El Ripial, a quienes se les señaló públicamente de guerrilleros en fotos difundidas por las redes sociales.
Por su parte, Padrino López comentó que los actos cometidos «no és el comportamiento de la FAN, esa no es la conducta ética de la Fuerza Armada Nacional, estamos llamados a expulsar a cualquier grupo, de cualquier ideología, extranjera, llámense como se llamen».
Con información de TalCual.