La diáspora sigue extendiendo la huella de venezolanos en el extranjero en 2021 y las cifras que se manejan hasta el momento advierten que la región de El Caribe podría ser especialmente golpeada por el flujo migratorio.
De acuerdo con los números del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP), para finales de 2021 unos 224.000 venezolanos poblarán los países de la subregión del Caribe, conformada por Aruba, Curazao, Guyana, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
«Desde 2018, los países de la subregión del Caribe han acogido a un gran número de personas refugiadas y migrantes y a personas repatriadas guyanesas procedentes de Venezuela, y se prevé que a finales de 2021 se habrá acogido en la subregión a unas 224.000 personas», indica un informe del RMRP.
Aunque 224.000 personas representen menos de un 5% de los 5,4 millones de migrantes venezolanos calculados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para los países caribeños es un peso difícil de cargar.
Los números oficiales hasta octubre de 2020 situaban a 17.000 venezolanos entre Aruba y Curazao, además de 114.500 en República Dominicana, 24.169 en Trinidad y Tobago, y 23.310 en Guyana. El verdadero problema queda en evidencia al comparar las cifras migratorias con las masas poblacionales de estos países.
Especialmente en las islas neerlandesas, la crisis salta a la vista. Aruba tiene una población de 106.000 habitantes y Curazao de 157.000, por lo que el porcentaje de venezolanos equivaldría al 16% del censo arubano y casi un 11% del curazoleño. Si se toman en cuenta ambas masas poblacionales juntas, la migración venezolana representa un 6,5%.
En condiciones normales, ya sería complicado para un territorio atender a un flujo migratorio equivalente al 6% de su población, pero en el caso de estos países, el problema se hace mayor debido al impacto de la pandemia por covid-19.
Las comunidades de acogida de esos cinco países se han visto afectadas debido a su limitada capacidad de absorción y al impacto de la covid-19 en las economías que dependen en gran medida del turismo, mientras que un número cada vez mayor de personas de Venezuela ha aumentado la presión sobre los recursos y servicios públicos», argumenta el reporte del RMRP.
Cuestión de recursos
Las comunidades de migrantes en cualquier país son particularmente vulnerables. Al no poseer la ciudadanía y en muchos casos residir ilegalmente, carecen de derechos básicos que el Estado garantiza a sus ciudadanos.
En este sentido, se multiplican las complicaciones para que un venezolano ilegal acceda a los sistemas de educación y salud de los respectivos países, mientras que encontrar trabajo legal es una tarea ardua. Como resultado, la población inmigrante es más vulnerable y necesita atención gubernamental. Es en este punto donde entran en acción organismos internacionales, que aportan fondos para atender la crisis.
«Los venezolanos se han vuelto cada vez más vulnerables y las necesidades básicas como alimentos, artículos no alimentarios, medicinas y refugio tienen una mayor demanda, lo que aumenta los riesgos de protección. Se anticipan impactos económicos duraderos sobre los refugiados y migrantes venezolanos», advierte el RMRP.
Con respecto a Venezuela, tanto Acnur como la OIM pretenden recaudar un presupuesto de 1.440 millones de dólares para atender a una diáspora que, estiman, alcance los 8,13 millones de venezolanos fuera de su país.
De estos fondos, unos 40,7 millones serían destinados a El Caribe, con la intención de financiar proyectos en áreas de educación, seguridad alimentaria, salud, integración, nutrición, protección, alojamiento y asistencia monetaria.
Si logra concretarse la meta, Curazao recibiría unos 4,18 millones de dólares, una cantidad moderada al considerar el porcentaje de población que debe atender y lo mermados que están los ingresos en la isla por la paralización del turismo. «Es uno de los países más afectados por el desplazamiento de venezolanos», concluye el RMRP.
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