Este jueves 20 de mayo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), ofreció una rueda de prensa virtual con la finalidad de presentar el estudio sobre la situación de discriminación y violencia que sufren mujeres, niñas y adolescentes al sur del país, debido a la dinámica económica en el Arco Minero del Orinoco.
La investigación denominada » Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar, una perspectiva de género sensitiva», es el tercer informe sobre el tema que ha realizado el CDH UCAB en conjunto con la oficina extensión de Ciudad Guayana.
Este estudio se centró, específicamente, en la explotación sexual y la trata. La profesora Eumelis Moya, coordinadora de investigación de CDH UCAB Guayana y Beatriz Borges, investigadora asociada del CDH UCAB y directora de ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), fueran las encargadas de llevar a cabo esta investigación.
Desigualdad, discriminación y violencia
Según la investigación, el territorio minero del estado Bolívar se caracteriza por la desigualdad, la discriminación y la violencia. Estas condiciones, junto a la falta de atención estatal, crean el escenario perfecto para la implementación de las diversas formas de esclavitud moderna como lo son la explotación sexual y la trata.
Se pudo evidenciar que las principales víctimas son mujeres y niñas con bajo nivel socioeconómico. Beatriz Borges explicó que esto se debe a que las mujeres son sometidas a ejecutar roles que son característicos de los hombres y que además lo ejercen en lugares donde el patriarcado tiene el control y dominio absoluto, determinando formas de vida, salarios, horarios, castigos y toda una serie de reglas internas que se hacen cumplir bajo coacción.
El CDH UCAB presentó los resultados de este estudio, no sólo con la finalidad de evidenciar las tendencias y afectaciones de lo que se ha denominado como esclavitud moderna, sino que busca promover las propuestas que generen presión en las autoridades para que de esta forma se implementen las medidas necesarias para la protección de la población, y sobre todo, de las mujeres niñas y adolescentes que se encuentran en las zonas de explotación minera y quienes son las principales víctimas de este flagelo.