El final de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las presuntas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Venezuela está cada vez más cerca. El pasado diciembre, la fiscal Fatou Bensouda determinó en su informe anual que “existen fundamentos razonables” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Por Júlia Riera / vozdeamerica.com
Por otro lado, la CPI anticipó que concluiría la pesquisa sobre la situación en el país caribeño durante la primera mitad del 2021. Pero, ¿qué pasará una vez finalizado este primer examen?
“Ese informe pasa a la sala de cuestiones previas. Luego, la sala decide si va a haber un juicio o cierra el caso”, explicó en entrevista con la Voz de América el profesor de la Universidad de Columbia, Carlos Ponce.
En el caso que la Corte avance con la investigación y finalmente admita celebrar un juicio, se emitirían órdenes de captura para los acusados.
“Si viaja Maduro y hay una orden de captura, lo pueden arrestar. Eso tiene un impacto de imagen, tiene un impacto de gobernabilidad (…) Probablemente eso va a estar muy cerca de la elección en Venezuela en el 2024, con lo cual cambia un poco los escenarios del juego de ese momento”, explicó Ponce.
Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben, y el tribunal puede imponer penas máximas de 30 años de prisión. Sin embargo, de forma excepcional, puede dictaminar sentencias de cadena perpetua.
Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, destaca que, si el proceso avanza, el caso de Venezuela se convertirá en un “precedente muy importante para que gobernantes de otros países lo conozcan. El diplomático añade que “ha llegado el momento de que no solamente el objetivo de la Corte sean personajes que estén en África”.
Nuevo fiscal
La investigación sobre el caso “Venezuela I” en la CPI no ha estado exento de polémicas. Organizaciones como la OEA han destacado en el pasado la demora en el proceso.
Expertos vaticinan que el próximo 15 de junio, con el fin del mandato de Besouda y la llegada de su homólogo británico, Karim Khan, las pesquisas podrían tomar un nuevo rumbo.
“El nuevo fiscal es un especialista en el área criminal, en el área de procedimiento, y puede ser mucho mejor en montar un buen expediente”, explica Carlos Ponce.
“Karim Khan ofrece una personalidad muy distinta a Bensouda (…) tiene una visión más global de lo que son los Derechos Humanos en el mundo, así que estamos muy esperanzados”, añade Diego Arria.
La fiscalía venezolana presentó recientemente nuevas acciones ante la CPI.
“Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados”, detalla un comunicado del Ministerio Público.
Además de una petición de cooperación judicial, el documento también menciona una solicitud de control judicial.
“Esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que en el caso de Venezuela está siendo paradigmático”, indica el texto.
El pasado mes de mayo la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró en rueda de prensa que las denuncias presentadas en la Corte no tienen “fundamentos veraces”. Apoyó su argumento en un análisis de “big data”: “Desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (…) Se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela”. Rodríguez envió además un nuevo informe a la fiscalía de la CPI para “desmontar las acusaciones”.
La Corte también evalúa otro caso relacionado con el país caribeño, llamado “Venezuela II”. Éste hace referencia a las denuncias a Estados Unidos por parte del Gobierno venezolano por las sanciones impuestas a su economía.