Ayer empezó oficialmente la carrera por la presidencia, que se disputará el próximo 7 de noviembre, pero no se cumple ninguno de los estándares democráticos. Las fuerzas sandinistas mantienen a 155 líderes opositores encarcelados arbitrariamente
Nicaragua inició oficialmente ayer la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, con la vía libre para que Daniel Ortega busque un cuarto mandato consecutivo tras la detención de sus principales rivales.
Ortega, de 75 años, que está en el poder desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes que le impedían perpetuarse, encabeza la alianza “Nicaragua Triunfa”, liderada por la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), e integrada por una decena de movimientos afines. Y Como compañera de fórmula lo acompaña por segunda vez su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el rostro visible y operativo del régimen.
Contrario a la tradición electoral, este año solamente uno de los partidos políticos en contienda realizó una concentración, no hubo caravanas, ni caminadas, pues las siete organizaciones se comprometieron en la víspera a desarrollar sus campañas totalmente de forma digital, para evitar contagios de covid-19.
En la justa electoral compiten el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del régimen, así como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.
Mientras el FSLN busca ganar con Ortega, el PLC lo hace con el diputado y exvendedor ambulante Walter Espinoza, el PLI con el diputado Mauricio Orúe, ALN con el abogado Marcelo Montiel, el CCN con el reverendo y antiguo aliado sandinista Guillermo Osorno, Apre con el joven Gerson Gutiérrez Gasparín, y Yatama con el diputado indígena Brooklyn Rivera.
En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.
De momento las autoridades no han acreditado a ningún organismo de observación electoral.
Sectores de la oposición, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, han tildado de “farsa” los próximos comicios y pedido a Occidente desconocer sus resultados.
“La gente está convencida claramente de que aquí va a haber un proceso electoral nada transparente y que, hasta cierto punto, está consignado que el Frente Sandinista va a ganar”, dijo el exdiplomático y analista Edgar Parrales.
Recurrir a viejos símbolos
Todos los cargos contra los opositores se basan en recientes leyes aprobadas por el Parlamento oficialista. Ortega asegura que los detenidos buscaban generar “una oleada de terrorismo” durante las elecciones, y acusa además a Washington de financiarlos y de buscar un candidato opositor de su preferencia.
Enlaza además estos señalamientos con las protestas contra su gobierno en 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recientemente, los sandinistas restituyeron en una colina de Managua unas gigantescas siglas partidarias que utilizaron en 1980, cuando gobernaron el país por primera vez, tras el triunfo de su revolución en 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza. El rótulo había sido removido en 1990, cuando Ortega perdió los comicios ante Violeta Barrios de Chamorro.
El jueves pasado, los cancilleres de Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, República Dominicana, Chile, Reino Unido y Estados Unidos emitieron una declaración sobre el “rompimiento” del orden democrático en Nicaragua. “Nos unimos para declararle a Ortega-Murillo que las democracias rechazarán la represión política, los abusos a los DDHH y el desmantelamiento de la democracia”, dijo Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
La campaña electoral, concluirá el 3 de noviembre próximo, cuando falten cuatro días para las elecciones generales.
En Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, unos 4,3 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los 155 presos políticos de Ortega
Además de los siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición detenidos, hay decenas de altos funcionarios de gobiernos anteriores y ex guerrilleros sandinistas apresados por el régimen de Ortega.
De hecho, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el número de personas capturadas en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, tildadas de presos políticos, ascendió a 155 este septiembre,
De los 155 presos políticos, 145 fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, mientras que diez ya guardaban prisión desde antes, indicó el Mecanismo. Entre los presos se encuentran diez mujeres, dos de ellas bajo régimen de casa por cárcel.
Ocho opositores al régimen del presidente Daniel Ortega fueron arrestados entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre de este año, dos de los cuales recuperaron su libertad, mientras que seis continúan encarcelados, según el informe.
En la lista aparecen los 37 líderes opositores y profesionales independientes capturados en la ola de arrestos ocurrida en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca una nueva reelección.
De acuerdo con las estadísticas del Mecanismo, el número de presos políticos en Nicaragua se incrementó en 51 con respecto a septiembre de 2020, cuando la lista era de 94.
El número de reos podría ser mayor, ya que en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización de sus familiares para su publicación, indicó la fuente.
Actualmente 12 presos políticos permanecen en celdas de máxima seguridad, seis en calabozos de castigo, y seis en aislamiento, detalló.
El Mecanismo señaló que el incremento de presos políticos refleja que “continúa el patrón de detención y criminalización en contra de liderazgos políticos y de sociedad civil. Así como también en contra de personas excarceladas políticas, muchas de las cuales se han visto forzadas a salir al exilio”.
El informe también recogió denuncias de organismos defensores de los derechos humanos sobre supuestos malos tratos y torturas en prisión, incluyendo la negativa a derechos como “permisos especiales en circunstancias de duelo, atención psicológica, atención ante síntomas de COVID-19, libertad de culto y de alimentación adecuada”.
“La salud física y mental de este grupo de personas encarceladas en condiciones diferenciadas se ve más expuesta debido a los estados de insalubridad, falta de ventilación y aislamiento total. También los familiares de las personas presas políticas han denunciado que durante las visitas experimentan mayor vigilancia, requisas e incluso amenazas”, subrayó el informe.
La campaña se desarrolla además con medidas de restricción por un repunte de contagios de covid-19, sin autorizaciones para caravanas, ni aglomeraciones de más de 200 personas en un mitin. La medida contrasta con la negativa de las autoridades a decretar cuarentenas durante la pandemia, y a promover actividades recreativas y turísticas con alta afluencia de público.
“Lo raro de este asunto es que el Frente Sandinista ha venido realizando actos masivos pre electorales a lo largo de este año (…) y ahora empiezan a decir que no se concentre nadie” por la pandemia, observó Parrales.