Unos 24.000 millones de dólares en activos que mantiene Venezuela en el extranjero, como Citgo y Monómeros, están en riesgo de ser intervenidos o tomados por gobiernos y empresas privadas debido a la incapacidad para protegerlos, tanto del gobierno de Nicolás Maduro como del interinato de Juan Guaidó
Brian Contreras – TalCual
La olla destapada en el seno del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó no hace más que escalar y alcanzar nuevas fronteras que ponen en riesgo, no solo la continuidad de su administración, sino incluso los activos de Venezuela en el exterior que se comprometió a proteger.
Una de las banderas que izó el interinato, apenas días después de que Guaidó se juramentara como presidente interino ante los miles de venezolanos que asistieron a una marcha en Chacao, fue la defensa de los activos en el extranjero, debido a que corrían el riesgo de ser tomados por acreedores, como consecuencia de la incapacidad de pago de la administración de Nicolás Maduro.
Esta causa le dio un respaldo a Guaidó y a los integrantes de su interinato, una administración llena de nombres clave en los cuatro partidos políticos de oposición, el denominado G4, conformado por Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
El panorama favorecía a Guaidó, pues la oposición mantuvo durante meses el argumento de que los activos solo permanecían en riesgo por la incompetencia del gobierno chavista al contraer deudas abismales, no garantizar un mecanismo de pago y, además, llevar adelante una política de expropiación que, años más tarde, pasaría factura en tribunales internacionales.
Sin embargo, más de 30 meses de gestión después sitúan a los activos en un panorama desolador y en un grave peligro de perderlos, un escenario que dista por completo de las expectativas que tenía el interinato.
Entre señalamientos y acusaciones, dirigentes políticos buscan algún culpable mediante el cual se pueda justificar una desastrosa gestión de los activos que prometieron proteger.
Pero, mientras que el fuego cruzado revela cada vez más secretos e irregularidades, una mirada al pasado se hace necesaria para encontrar las causas que condujeron a que Venezuela esté al borde de perder activos por un valor estimado de 24.000 millones de dólares.
Novela en Monómeros
Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa filial de Pequiven ubicada en Colombia. Sus operaciones se centran en la producción de fertilizante y alimento para animales de cría, por lo que juega un papel fundamental en la industria agropecuaria colombiana. La compañía ocupó otrora más del 40% del mercado de fertilizantes de Colombia, pero actualmente está disminuida y afronta un peligro de quiebra.
Monómeros
Para entender el colapso de Monómeros es necesario retroceder a 2006. La sociedad, que desde 1967 fue administrada con la participación del Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Empresa Colombiana de Petrol (Ecopetrol) y el Instituto Venezolano de Petroquímica, pasó a manos de Pequiven, una empresa petroquímica parte de Pdvsa.
Con la adopción del 100% de la participación accionaria por parte del chavismo como parte del proyecto «Petroamérica» —concebido por Hugo Chávez para extender Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en toda Latinoamérica y el Caribe—, la administración de Monómeros recayó directamente en la red de empresas controladas por la estatal venezolana durante la gestión de Rafael Ramírez como ministro de Petróleo y Minería, papel por el cual hoy es acusado de lavar más de 2.000 millones de dólares. En esa trama se efectuó el mayor desfalco a los fondos del Estado en la historia del país.
A pesar de la corrupción en Pdvsa y los cientos de negocios irregulares que se concretaban bajo la mesa, Monómeros y todas las filiales de Pdvsa mantuvieron una operatividad estable, amparada por los altos precios del mercado petrolero.
Sin embargo, las polémicas no tardaron en llegar y las prácticas del chavismo empezaron a manchar la empresa con escándalos como el pago de 135.000 dólares que le hizo Monómeros a Piedad Córdoba, por aquel entonces senadora en campaña electoral.
El cambio de la directiva de la empresa, que consistió en la designación de reconocidos militantes del chavismo y miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN), dejó como resultado una gestión reconocida por su nepotismo y el desvío de fondos, según reflejan investigaciones del medio colombiano Semana.
Los efectos de una gestión descuidada, que incluso llegó a vender a pérdida, se materializaron en 2013 con el cierre de su planta de caprolactama, aunque la justificación del momento apuntó a la colombiana Ecopetrol, pues dejaron de venderles las cantidades que necesitaban de ciclohexano para producir esta materia prima vital para la industria textil.
Los años siguientes, pese a la caída de los precios en el mercado petrolero que afectó a Pdvsa y sus filiales, fueron de estabilidad para Monómeros en cuanto a balances financieros. La Superintendencia de Sociedades de Colombia verificó los ingresos que la empresa reportó del 37,8% entre 2014 y 2018, lo que la posicionó como la compañía con mejor rendimiento del sector agrícola en ese período.
No obstante, la puesta en marcha del paquete de sanciones del gobierno de Donald Trump contra la industria petrolera venezolana acabó perjudicando a Monómeros, por ser filial de Pequiven. Las primeras medidas, aplicadas en 2017, le impidieron a Pdvsa emitir deuda y negociar bonos, pero también alejaron a Monómeros del mercado internacional. Las de enero de 2019 cercaron a la estatal y sus compañías derivadas ante cualquier tipo de relación comercial con Estados Unidos y sus aliados.
La situación cambió en febrero de 2019, con la instalación del gobierno interino de Guaidó. El 20 de diciembre de 2018, Maduro había designado a un nuevo presidente para Monómeros, Ronald Alexander Ramírez, quien viajó finalmente a Barranquilla en enero de 2019 y fue inadmitido en el país por Migración Colombia. Así acabó el capítulo de la gestión chavista en la empresa.
La gestión opositora
Las nuevas páginas de la historia de Monómeros se escribieron con un bolígrafo opositor, e iniciaron con la designación de una junta directiva ad hoc tanto de Pequiven como de Monómeros, esta última presidida por Jon Bilbao e integrada por Carmen Elisa Hernández, José Alberto de Antonio, José Ignacio González y Yadid Jalaf Reyes.
Jon Bilbao permaneció durante apenas unos pocos meses en el cargo de presidente de la Junta Directiva ad hoc de Monómeros
El primer logro de esta nueva administración fue concretar el retiro de Monómeros de la lista de empresas sancionadas, gracias a una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para que la empresa operase libremente y sin restricciones, tanto con la banca internacional como con sus proveedores, aunque no acabó ocurriendo.
Pese al aparente éxito, tan solo cuatro meses después la junta directiva fue sometida a cambios. La Asamblea Nacional designó nuevos nombres y la nueva composición fue presidida por Carmen Elisa Hernández junto a Javier Linares, Ramón Crespo, Guillermo Pérez, Nelson Della Rocca, Luis Hurtado y Jorge Yáñez, este último fungiendo como gerente general. Se ratificó también a Jon Bilbao como miembro de la directiva.
El primer balance anual presentado bajo la gestión designada por la oposición fue positivo. Pese a sus pérdidas de 33.275 millones de pesos (14,7 millones de dólares) en el primer semestre, durante el segundo se registraron ganancias de 7.844 millones de pesos (unos 2 millones de dólares).
La junta directiva afirmó en su informe que, tras encontrar una empresa debilitada, la recuperación empezó «gracias a acciones emprendidas en su modelo de gobernanza, a nuevas prácticas administrativas, a una estructura organizacional acorde con las necesidades de la empresa y a lineamientos de clase mundial».
Pero mientras presentaba sus resultados positivos, las denuncias sobre casos de corrupción empezaban a hacer ruido. El senador colombiano José David Name publicó una columna titulada Hay que rescatar a Monómeros, en la que advirtió sobre el «manejo turbio de sus recursos», el peso que todavía las sanciones ejercían sobre la compañía, el cambio recurrente de directivos (incluyendo el de cuatro gerentes generales), y una amplia lista de irregularidades.
También hizo señalamientos sobre la contracción de la producción de la empresa, un 22% con respecto a 2018 y 30% al comparar con 2017. «Nunca antes se había registrado una caída tan fuerte en su producción y en los volúmenes de ventas como la que presentó el año pasado», subrayó.
El senador acabó retractándose dos semanas después, bajo la excusa de que tenía denuncias desactualizadas, pero con el pasar del tiempo, sus acusaciones demostraron ser ciertas.
Además, en este contexto también figuraron alertas del embajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti. El diplomático afirmaba que los partidos políticos que hacían vida en el Parlamento «metieron la mano» para designar a personas no calificadas para asumir cargos directivos en Monómeros.
Según Calderón Berti, incluso presenció una reunión en la que dirigentes políticos «maltrataban» a gerentes profesionales y acotó que, aunque posteriormente retiraron a estos dirigentes de las juntas directivas «ya el daño estaba hecho».
La Asociación Civil Transparencia Venezuela publicó una investigación en la que recuerda, dos años después de estos sucesos, que las advertencias de Name y Calderón Berti no fueron escuchadas y no se aplicaron los correctivos necesarios. Por el contrario, se mantuvieron estas prácticas mientras se vendía una imagen pulcra de la gestión.
Este modelo disfuncional continuó durante 2020 con más cambios en la directiva. Destacó concretamente la designación de Gustavo Sol como gerente general en sustitución de Jorge Yánez. Desde este cargo se ejecutan los contratos y la salida de Yánez dio origen a la firma de acuerdos muy polémicos.
Al año siguiente Sol es reemplazado por Guillermo Rodríguez Laprea, protagonista principal de los insólitos contratos firmados por Monómeros, que presentan sobrefacturaciones y acuerdos con empresas fantasmas. Entre ellas, actualmente se investiga un negocio alcanzado con Lionstreet Ventures, una compañía con sede en Panamá administrada por venezolanos, a la cual se le ofrece un 60% de las utilidades que genere Monómeros durante 15 años.
La mano del gobierno colombiano
Todas estas irregularidades, sumadas a las dificultades de Monómeros para acceder a financiamiento internacional, hicieron inviable la operatividad de la empresa, por lo que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) colombiana se vio en la obligación de intervenir.
El ente colombiano emitió una resolución en la que decidió someter a control a Monómeros para obligar a la compañía a presentar planes y programas de acción inmediata para subsanar el estado crítico de la empresa, tanto en el ámbito financiero como en el administrativo.
La junta directiva decidió apelar la decisión en contra de la voluntad de su presidenta, Carmen Elisa Hernández, quien respondió con su renuncia, bajo el argumento de que la única manera de salvar a la empresa era acatando la medida de control de Supersociedades.
Hernández declaró más adelante que la mantenían al margen de las decisiones de Monómeros y que incluso evitaban invitarla a las reuniones del resto de la junta directiva.
Mientras tanto, los directivos de Monómeros apelaron la toma de control ordenada por Supersociedades y en su lugar se sometieron al decreto 560 de 2020, una alternativa legal ideada por Iván Duque durante la pandemia por covid-19, que faculta al Gobierno a aplicar «mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación» para empresas que se declaran en situación de insolvencia.
En este sentido, el gobierno colombiano ayudaría a Monómeros a llegar a acuerdos con sus acreedores mediante la presentación de un plan de salvamento que permita posicionar a la compañía en un terreno más firme, puesto que la empresa caminaba hacia una inminente quiebra.
La resolución de toma de control de Supersociedades ocasionó un terremoto que sacudió los cimientos del gobierno interino. Así lo evidenció un comunicado emitido por Primero Justicia en el que se acusaba a Guaidó y a dirigentes de Voluntad Popular de no escuchar propuestas para solucionar los problemas con la gestión de activos en el exterior mediante la contratación de un tercero imparcial que los administre.
El gobierno interino respondió insinuando que PJ también formó parte de estas decisiones y se mantuvo firme con la convicción de que la administración interina seguirá ejerciendo estas funciones de gestión de los activos.
Mientras tanto, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 designó a la Comisión de Contraloría para investigar las denuncias que han salido a la luz sobre las irregularidades en las operaciones de Monómeros.
Por su parte, incluso el presidente colombiano, Iván Duque, intercedió en el caso y sostuvo una conversación con el dirigente político Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, para expresarle la necesidad de reestructurar la directiva de la empresa. De no aplicar los correctivos necesarios, se especula que el mandatario colombiano no descartaría la opción de forzar una compra de la compañía.
Citgo: la más buscada
En el norte del continente se ubica otro de los activos más importantes de Pdvsa. Se trata de Citgo, una filial de PDV Holding en Estados Unidos.
La situación de Citgo es de más larga data, ya que sus problemas se intentan atajar desde incluso antes de la creación del gobierno interino. Los problemas se remontan a la gestión de Hugo Chávez y su política de expropiación de empresas.
A mediados de 2008, Chávez ordenó expropiar a Crystallex sus operaciones en la mina de Las Cristinas, donde operaba gracias a una concesión otorgada por el gobierno a la empresa Placer Dome, que cedió sus derechos de exploración y explotación de la mina por 25 años a Crystallex, una empresa aurífera canadiense.
Tribunal del Banco Mundial dictaminó que Venezuela debe pagar $1.4 millones a Crystallex por expropiación de mina Las Cristinas
El gobierno de Nicolás Maduro alega que la propiedad de Las Cristinas jamás perteneció a Crystallex
Ante los oídos sordos del gobierno frente a sus críticas y reclamos, Crystallex llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El proceso culminó en 2014 y ordenó al Estado venezolano a pagar 1.400 millones de dólares como compensación a Crystallex.
El chavismo ignoró esta indemnización, por lo que Crystallex introdujo una demanda ante la Corte de Distrito de Delaware, en 2015. Su objetivo era apuntar a PDV Holding y a su filial, Citgo, con la finalidad de cobrarse la deuda con los activos de la empresa.
Venezuela no prestó importancia al caso y no acudió a Estados Unidos para defenderse. Así se emitió una primera sentencia a favor de Crystallex en 2018. Y, aunque Venezuela retomó el caso, no lo hizo a tiempo para introducir alegatos de cara a una defensa más sólida.
Como consecuencia, la Corte de Delaware rechazó en 2019 una apelación presentada por el gobierno de Maduro, que alegaba la autonomía venezolana de la mina y que Crystallex nunca tuvo derechos sobre ella, y autorizó la venta de los activos de Citgo para financiar el pago de la deuda a Crystallex.
En este punto, se multiplican los esfuerzos de la recién instalada administración de Guaidó por evitar la toma de Citgo. A través de la figura de José Ignacio Hernández, procurador especial de la república designado en febrero de 2019, se intentó defender los activos del país.
Tras la decisión de la Corte de Delaware, el fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación a Hernández por «traición», bajo el alegato de que habría propiciado el embargo de Citgo.
«Este señor había sido contratado en el pasado por la empresa Crystallex International Corporation como experto, con la finalidad de usar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por Pdvsa, lo que constituye un acto de traición a todos sus compatriotas», razonó el fiscal.
Sin embargo, el trabajo de Hernández y el gobierno interino para tratar de lidiar con la venta de acciones de Citgo, consistió en conseguir una licencia de la OFAC para evitar que se negocien dichos activos. Por lo tanto, aunque el sistema judicial estadounidense dictase la toma de la empresa, no podrá ejecutarla mientras persista la licencia, que ha sido renovada en diversas ocasiones y actualmente mantiene su vigencia hasta enero de 2022.
Pero Crystallex no es la única transnacional con sus ojos puestos en Citgo, pues también destaca el caso de ConocoPhillips, una energética que reclama una deuda de aproximadamente 8.500 millones de dólares más intereses debido a un laudo arbitral resuelto a su favor mediante la Ciadi.
Este laudo aborda una nueva compensación por expropiaciones durante la gestión chavista. En este caso, de tres inversiones petroleras en 2007: los proyectos Hamaca, Petrozuata y Corocoro.
De izquierda a derecha: Proyectos Petrozuata, Hamaca y Corocoro, inversiones de ConocoPhillips en Venezuela
Un año antes, ya ConocoPhillips había ganado un arbitraje en un tribunal de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que sentenció una deuda de 2.000 millones de dólares para Venezuela por la expropiación de sus inversiones en los proyectos Hamaca y Petrozuata.
Pdvsa acordó con ConocoPhillips el pago de estos 2.000 millones de dólares y ya habría ejecutado seis giros para cancelar unos 753,9 millones de dólares entre 2017 y 2018. Según el economista Francisco Rodríguez, estos pagos cesaron una vez que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela.
Con 1,3 millardos de dólares pendientes del laudo de la Cámara de Comercio Internacional y otros 8,5 pendientes del Ciadi, el interinato no ha actuado para encontrar una solución acorde a estas deudas.
A estos laudos se suma el impago de los bonos Pdvsa 2020, deuda que emitió el gobierno de Nicolás Maduro con una tasa de interés del 8,5% y Citgo como garantía (49,9% para la rusa Rosneft y 50,1% para otros acreedores) en caso de no cumplir con los pagos en el plazo acordado. Los tenedores de los bonos también están atentos a que se venza la licencia de la OFAC para poner sus manos sobre Citgo.
Sin dinero para juicios
Una de las razones es la ausencia de financiamiento para cubrir los gastos de los procesos judiciales. Así lo alertó el procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón, quien sustituyó a José Ignacio Hernández.
«Al Poder Legislativo ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios, los cuales sin excepción se han originado de actuaciones inconstitucionales de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero, la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos», confesó en su comparecencia el 28 de septiembre.
En 2019, la Asamblea Nacional electa en 2015 creó un Fondo de Litigios para cubrir estos gastos y aprobó el uso de hasta 2 millones de dólares, cantidad que fue extendida por Guaidó en enero de 2020 hasta 20 millones de dólares.
La Asamblea Nacional reconoció deudas, hasta octubre de 2020, por 18,7 millones de dólares, pero la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), encargada de hacer los desembolsos, solo autorizó 10,1 millones para el Fondo de Litigios.
Transparencia Venezuela recalca que la Comisión Delegada de la AN, encargada de las funciones parlamentarias después de que el chavismo instalara su propio parlamento, «compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea».
Sin la posibilidad de defenderse en tribunales, Venezuela podría ser sometida a pagar los 8.500 millones de dólares por el laudo del Ciadi y los 1.300 millones por el de la Cámara de Comercio Internacional a ConocoPhillips, además de 1.200 millones a Crystallex y más de 1.000 millones en deuda a los tenedores del bono Pdvsa 2020.
La única manera de satisfacer parte de las deudas es con los activos del país que se encuentran en Estados Unidos, siendo Citgo el más importante de ellos. Hasta el momento, lo único que salva a la empresa de su toma es la licencia de la OFAC, pero tras más de un año de protección, el vencimiento de este recurso se concreta en enero de 2022 y no hay garantías de que la OFAC la renueve una vez más.
Según el procurador Sánchez Falcón, la desatención de los procesos judiciales podría comprometer a los activos en el extranjero por un total de 24.000 millones de dólares. Esta cifra es cuatro veces superior a las reservas internacionales de Venezuela reportadas por el Banco Central de Venezuela hasta el cierre del primer semestre de 2021, que apenas superan los 6.000 millones.
Ojo con el oro
Fuera de Monómeros y Citgo, otra porción considerable de los activos en el extranjero que debe tenerse en cuenta son las 31 toneladas de oro depositadas y retenidas por el Banco de Inglaterra, valoradas en casi 2.000 millones de dólares.
En este caso, el oro se encuentra en disputa debido al conflicto político en Venezuela, ya que tanto la administración de Nicolás Maduro como el gobierno interino de Juan Guaidó reclaman su propiedad.
Aunque en julio de 2020 la Corte Suprema del Reino Unido reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo del país y se disponía a concederle la administración del oro, el tribunal de apelaciones anuló el veredicto y continúa la disputa legal.
Las juntas directivas del Banco Central de Venezuela, de Maduro y de Guaidó, presentan sus argumentos ante la Corte Suprema, que deberá definir a qué administración liberará los fondos.
Pese a que Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como representante legítimo de Venezuela, la Corte Suprema de Reino Unido considera otros argumentos para definir la propiedad del oro
El pasado mes de julio, la Corte Suprema aseguró que fallará «tan pronto como pueda» sobre el litigio por el derecho a las 31 toneladas de oro, después de que cinco de sus jueces escucharan los argumentos de los abogados de ambos bandos.
A inicios de septiembre, Guaidó se pronunció para expresar su «optimismo razonable» con respecto al proceso, aunque evitó emitir juicios de valor sobre el contenido de la futura sentencia que dictará la Corte Suprema.
Entretanto, Maduro califica este proceso como un acto de «piratería del siglo XXI» y afirma que Reino Unido, o en su defecto Juan Guaidó, intentan robar los recursos que pertenecen al BCV.
El desfalco firmado por el chavismo
Aunque ahora el chavismo presenta un discurso adverso a la pérdida de los activos en el exterior, ha sido la misma administración chavista la responsable de la venta de una buena parte de las propiedades del país en el extranjero.
Se le atribuye a los gobiernos de Chávez y Maduro desmantelar progresivamente la marca internacional de Pdvsa, con refinerías y activos en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos que se vendieron desde 2002 hasta la fecha.
Al menos 21 refinerías llegaron a conformar el circuito de refinación internacional de Pdvsa. Entre todas sumaban una capacidad de procesamiento de casi 3,3 millones de barriles diarios (bd).
En Latinoamérica se desprendieron de tres refinerías:
Refinería Isla: Ubicada en Curazao, contaba con una capacidad de refinación de 335.000 bd y era operada mediante un contrato de leasing (arrendamiento) que no fue renovado.
Petrojam: Las acciones de la refinería en Jamaica fueron expropiadas. Se perdió la capacidad de refinación de 35.000 bd.
Refidomsa: Fue la última venta del oficialismo. Se aprobó la venta del 49% de las acciones que poseía Pdvsa por un 30% menos de lo que costó. Tenía una capacidad de 34.000 bd.
En Europa se vendió la participación accionaria de nueve refinerías:
Circuito Ruhr Oel: La participación accionaria de cuatro refinerías (Karlsruhe, Schwedt, Gelsenkirchen y Neustadt) con una capacidad conjunta de 855.000 bd se vendió a Rusia en 2010.
Antwerp: Esta refinería ubicada en Bélgica con una capacidad de procesamiento de 14.000 bd dio inicio a las ventas del oficialismo. Venezuela se desprendió de su 50% de participación accionaria en 2002.
Complejo Nynäs Petroleum: Estas cuatro refinerías (Eastham, en Inglaterra; Dundee, en Escocia; Nynashamn y Gothenburg, en Suecia) operaban bajo la empresa sueca Nynäs y Venezuela vendió parte de sus acciones, hasta pasar de un 50,01% a un 15,01%, perdiendo así la participación mayoritaria.
Finalmente, en Estados Unidos se perdieron seis de las nueve refinerías con participación accionaria de Pdvsa:
Hovensa: Radicada en Islas Vírgenes y con una capacidad de refinación de 525.000 bd. Venezuela poseía un 50% de las acciones, pero la refinería cerró en 2012 debido a las pérdidas que reportaba el complejo.
Lyondell: establecida en Houston, tenía capacidad de refinar 265.000 bd. El 41,5% de acciones que poseía Citgo fue vendido.
Chalmette: Otro complejo ubicado en Luisiana con capacidad para procesar 214.000 bd. El 50% de las acciones también fue vendido.
Merey Sweeney: Esta refinería localizada en Texas puede procesar unos 214.000 bd. Sin embargo, el 50% de la participación de Citgo fue tomado por ConocoPhillips tras un arbitraje que permitió su apropiación como compensación por las deudas contraídas con el Estado de Venezuela.
Paulsboro: Refinería localizada en Nueva Jersey con capacidad de procesar 84.000 bd. Citgo la poseía en su totalidad, pero fue vendida.
Savannah: La refinería de Georgia fue vendida en su totalidad. Citgo se desprendió de su capacidad de refinación de 28.000 bd.
Al momento de presentar su plan de negocios de 2000-2009, Pdvsa poseía participación en 17 refinerías
Es así como de las 21 refinerías internacionales de Pdvsa, solo sobrevive un 15% de participación accionaria en el complejo de Nynäs en Europa y tres instalaciones de Citgo en Estados Unidos.
Los montos recibidos por estas operaciones rara vez se reportaron y, con la contracción de la producción de Pdvsa en territorio nacional, se completó la destrucción de la industria petrolera.
Con menos activos y cada vez menos capacidad para producir dinero, Venezuela intenta resistir a los embates de una gestión política que destruyó la economía del país durante 20 años y ahora los conflictos de un gobierno interino que no cumplió con las expectativas y cometió los mismos errores administrativos que criticó del chavismo.