En esta ocasión, se trata de dos encargos o puntos de cuenta que reflejan la relación de los fundadores de Podemos con el régimen chavista, tal y como adelantó Okdiario y confirmó ABC. Incluye la encomienda de 2008 por la que Hugo Chávez autorizó el pago de 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS y 142.000 dólares que en 2013 liberó ya Nicolás Maduro en favor de Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez para servicios de comunicación.
Por Isabel Vega / abc.es
En concreto, este documento refiere un «subcontrato» a los tres «sociólogos y activistas del movimiento 15-M/indignados» para el «diseño político comunicacional del material audiovisual» que se iba a utilizar en el ‘stand’ de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en el Congreso Mundial de Petróleo que se iba a celebrar en Moscú.
El contrato marco era para la empresa VIU Comunicaciones C.A, que se había hecho cargo del ‘stand’ en dos congresos anteriores celebrados en Qatar (2011) y Madrid (2008). El presupuesto superaba el medio millón de dólares de los que el grueso irían al diseño y construcción del stand y el resto, para los mencionados Bescansa, Lago y Jerez. La fecha, el 16 de octubre de 2013 y junto a la rúbrica de Maduro, una consigna: «¡Unidos en la lucha!».
En cuanto al primero de los documentos mencionados, ya fue revelado en exclusiva por ABC en 2016. Se trata del punto de cuenta -la orden de librar presupuesto para una contratación- firmada por Chávez en favor de Fundación CEPS, el germen de Podemos, para «propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano» en España.
El documento, del que Carvajal habría aportado copia del original ya compulsado y firmado de puño y letra por Chávez, menciona específicamente a Juan Carlos Monedero, Jorge Vestrynge y Pablo Iglesias en calidad de «destacados profesores» que «representan una escuela de pensamiento de avanzada revolucionaria, aliados naturales de la revolución bolivariana». La encomienda pasa por programar en las televisiones venezolanas VTV y Telesur «presentaciones y entrevistas» a los tres.
Esa encomienda, a propuesta del entonces ministro del Poder Popular para las Finanzas de Venezuela, Rafael Isea -hoy en EEUU tras huir del país tras la llegada de Maduro-, es fruto de un acuerdo previo del Consejo de Ministros y busca «contar con la valiosa colaboración de la Fundación CEPS focalizando en asesorías y apoyo técnico para la política comunicacional del gobierno», pero no solo.
«Pueden crear consensos y movimientos sociales»
«Según lo acordado en el referido Consejo de Ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalista, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciado en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano», señala.
Incluye contar con ellos para la «reforma del instituto venezolano de los seguros sociales, articulación de las misiones con las organizaciones comunales, revisión de las modalidades de propiedad para favorecer el control gradual de la clase trabajadora sobre los medios de producción en manos del capital privado, clínicas y talleres sobre la cogestión obrera y asesorías directas según lo requerido por el despacho de presidencia».
El documento, en el que Chávez anota la instrucción «Isea: proceder» antes de firmarlo, contempla un pago fraccionado de la cuantía, con 1.650.700 euros para el ejercicio en curso, 2008, y otros 2.830.000 euros para el periodo 2009-2011. En los antecedentes del punto de cuenta constaban ya 2.687.390 euros como cantidades satisfechas «en estos años», en referencia al periodo 2003-2007. En total, los pagos a la fundación habrían ascendido a 7.168.090 euros, cuando, tal y como informó ABC, CEPS cifraba en unos 3,7 millones de euros lo facturado de Venezuela hasta 2012.
Esta tanda de documentación se sucede al punto de cuenta que ya aportó Carvajal hace unos días al juez García Castellón y que reflejaba un pago de 8,8 millones desde Pdvsa a un despacho americano para la contratación del bufete de abogados que dirige en España Baltasar Garzón, a fin de que representasen los intereses de la petrolera, como de facto vienen haciendo en la Audiencia Nacional, frente a los investigados por blanqueo fruto de supuestas actividades corruptas que se afincaron en España. El bufete del exmagistrado asegura que los términos que recoge ese documento son falsos.