Lo más alarmante es que mientras el sector privado obtuvo exoneraciones que representaron un 9% del producto bruto interno, los asalariados soportan una carga tributaria pesada
Por Marcelo Valle Fonrouge / Infobae
Hay un dicho muy extendido, la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. En Nicaragua el poder político real pasa por el poder económico capital en donde los más poderosos imponen la política económica del gobierno de Ortega.
Toda una amalgama empresarial que integraba el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) abroquelado bajo el modelo de “Diálogo, Alianza y Consenso” que el gran capital de la empresa privada acordó y apoyó con el régimen de Ortega. Modelo que funcionaba como una alianza para la toma de decisiones en diversas instancias públicas, mediante el cual COSEP trasladaba las inquietudes del sector empresarial, negociaba y obtenía del poder ejecutivo las soluciones que deberían proporcionar las distintas entidades del Estado. Así nació un esquema de diálogo excluyente, sin contrapeso sindical y social, en el que los grandes empresarios nacionales y extranjeros se convirtieron en un actor político llave que brindó legitimidad al régimen autoritario de los Ortega-Murillo, a cambio de ventajas económicas y oportunidades de inversión en un sistema de control social sin democracia.
Una suerte de cogobierno, Gobierno y COSEP, que por casi 11 años del desarrollo económico nica fue sustentado mediante la continua reelección de autoridades en ambas entidades permitiendo mantenerse en los cargos durante todo ese período.
Dicha alianza dio luz verde al COSEP para integrar a finales del año 2014, un equipo de asesores que participaron en la elaboración de la ley “Asocio Público-Privada” que permitiría a inversionistas particulares participar en proyectos, donde el gobierno no tuviera capacidad financiera de ejecución. Podría ser en la remodelación o construcción de puertos, aeropuertos u otros tipos de obras. Mientras Nicaragua aún carecía de una ruta de 235km pavimentada que uniera ambas costas del Pacífico y Atlántico del país, el Grupo empresarial Pellas, bodeguero del ron Flor de Caña, construyó en solo un par de años el aeropuerto internacional de Costa Esmeralda en la costa del océano Pacífico a 10 minutos de auto de los hoteles Mukul y Guacalito del mismo grupo empresarial. Las elites empresariales no sólo trabajaron para crear o ampliar privilegios fiscales sino también para bloquear su eliminación. Lo más alarmante, según Oxfam, es que mientras el sector privado obtuvo exoneraciones que representaron un 9% del producto bruto interno, por el otro los asalariados soportan una carga tributaria pesada.
El esquema centralizado de poder era un tema que la mayoría de los empresarios preferían no abordar optando por centrarse en resultados. El análisis miope del sector privado centrado en indicadores como el crecimiento del PBI evitó mirar la ausencia del otro desarrollo integral del pueblo nicaragüense; la educación, la salud, la participación democrática y la opinión pública fueron diezmadas a medida que el país “crecía”. A la vez, cerraron sus oídos al discurso virulento de sesgo autoritario de Ortega contra “el imperialismo yanqui y la oligarquía vende patria”. Cerraron los ojos ante el desmantelamiento de las instituciones y el oneroso costo de oportunidad que representaba para la economía nacional la carga de la corrupción y la falta de transparencia pública.
Para ese entonces el titular del COSEP sostenía que fuera cual fuera la ideología del gobierno de turno, el sector privado debía trabajar para garantizar un estado facilitador de la inversión que promoviera la productividad y la competitividad, que facilitara la importación, exportación y servicios, etc. Los empresarios oficiaron de voceros oficiosos de las bondades del gobierno de turno, sin importar la inseguridad jurídica, la fragilidad institucional, el retroceso en materia de derechos humanos, la frágil base impositiva, los escasos avances en integración regional y las carencias mayúsculas y evidentes en infraestructura de todo tipo. Cuando llegaron las amenazas de sanciones externas por parte del congreso norteamericano, con la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), un prominente líder del gran capital contrató asesores lobistas para cabildear a favor del gobierno de Ortega, en Washington D.C..
Así, aquellos que conformaban la cúpula empresarial no sólo no percibieron que el modelo se había agotado sino que no quisieron ver y se opusieron a lo que se venía reclamando desde amplios sectores del pueblo nicaragüense y que detonaría finalmente en abril de 2018. Ese 18 de abril de 2018 en que todo lo reclamado se convirtió en un clamor nacional por la democracia y la justicia, se constituyó en el detonante que encendió la protesta social liderada por estudiantes y brutalmente reprimida por el gobierno.
A partir de abril de 2018, los poderosos empresarios nicaragüenses reclamaron el cese de la represión una grieta comenzó a vislumbrarse en la alianza COSEP-Gobierno. Esta alianza a la que los empresarios ficharon con el nombre de populismo responsable, no sólo se agotó sino que colapsó el concubinato de 11 años con el gobierno en la sangre de los nicaragüenses caídos. En mayo de 2018 el COSEP se retiró de todas las posiciones que ocupaba en instituciones gubernamentales, proclamó que es “fundamental reconstruir el Estado de derecho dentro del marco institucional establecido por la constitución para responder pacífica y democráticamente a las demandas sociales, políticas, jurídicas y económicas de todos los sectores de la sociedad”.
De buenas a primeras el nuevo discurso empresarial ponía en relieve que empresa y empresarios eran parte del tejido social del que no se pueden escindir y negociar sólo con el gobierno, ni mucho menos negociar solamente el tema económico. El sector privado, como lo manifestó el entrante presidente de COSEP “en toda negociación deben ser oídos todos e incluir el tema político para encontrar un balance que comprometa la estabilidad a largo plazo”.
El nuevo enfoque empresarial, en un giro inmediato señaló que el camino de la pacificación debía ser transitado ordenadamente, sin interferir en los plazos del gobierno, a fin de garantizar la estabilidad económica. Una forma del capital de acordar con dios y con el diablo en el llamado “aterrizaje suave” para ir hacia una elección nacional a como fuera en noviembre del 2021 gestionada por el dictador antimperialista contando con el paciente guiño de esos grandes afortunados.
*El autor de este artículo fue Embajador de la República Argentina en la República de Nicaragua del 08 de julio del 2013 al 21 febrero de 2019. Es, además, miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).