Los parlamentarios de Chile aprobaron este martes 9 de noviembre avanzar con la acusación constitucional hacia el presidente Sebastián Piñera, a quien le atribuyen unas presuntas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un proyecto minero.
Tras una jornada de casi 24 horas los diputados: 78 votos a favor y 67 en contra y 3 abstenciones, resolvieron que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición chilena pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado por los Papeles de Pandora.
«Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, sino (…) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país», aseguró el diputado encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político, el socialista Jaime Naranjo, al final de su larguísima intervención.
Naranjo dio un discurso de más de 15 horas para permitir que el parlamentario Giorgio Jackson, del izquierdista Frente Amplio, finalizara su cuarentena y pudiera acudir a votar.
«Esto era un gesto de solidaridad política. Es bueno en todo momento enseñar, ayudar y apoyar a las generaciones más jóvenes», dijo el parlamentario, de 70 años.
Recta final de la campaña
La acusación contra el presidente que se discutirá en el Senado -donde se requiere un quórum más alto de dos tercios- apenas unos días antes de que Chile celebre el 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente en las que se decidirá precisamente al sucesor de Piñera.
Los Papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas a un íntimo amigo de la familia presidencial, apenas nueve meses después de que éste asumiera el cargo para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).
Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, las protestas más graves desde el fin de la dictadura.