Los decretos y reglamentos que el Estado venezolano fue aplicando paulatinamente a los parques nacionales, únicos en su biodiversidad, son letra muerta desde que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro permitieron la violación de esos espacios naturales y el disfrute y la explotación comercial para unos pocos privilegiados. En el caso de la «megarrumba» en el tepuy Kusari, el exministro del Ambiente Arnoldo Gabaldón destaca que «pisando la vegetación o ahuyentando la fauna ya se quiebra la dinámica rutinaria natural»
Roison Figuera | TalCual
El próximo 12 de junio, el Parque Nacional Canaima —con sus 30 mil kilómetros cuadrados de extensión— cumplirá 60 años de haber recibido la protección del Estado mediante decreto. 30 años después, en 1994, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco lo declaró Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años áreas al sur del estado Bolívar —y otras zonas del país que también están bajo resguardo del Estado por representar ecosistemas frágiles y ricos en biodiversidad— han sido centro de polémicas por su uso inapropiado y abuso, al extremo de estar en peligro por daños irreversibles. Tal es el caso de la explotación del Arco Minero del Orinoco y la permisividad gubernamental en la explotación ilegal de oro, otros metales y tierras raras al sur del estado Bolívar.
Venezuela es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Cuenta con 44 parques nacionales, 64 parques de recreación y 37 monumentos naturales. Hasta ahora, parece que no hay uno que se haya salvado en las últimas dos décadas por acción u omisión de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De los parques nacionales algunos «privilegiados» y «enchufados» sacan provecho de su explotación comercial, más allá del disfrute permitido y reglamentado. Existen abundantes denuncias públicas de ocupaciones y construcciones ilegales en zonas protegidas.
También se producen daños en áreas que tradicionalmente fueron preservadas por los moradores y vecinos, como el Parque Henri Pittier (Aragua), que ha sufrido recientemente la depredación constante de sus árboles para convertirlos en leña, ante la carencia de combustibles para uso doméstico.
De gala en el tepuy
La denuncia más reciente, presentada por la ONG SOS Orinoco y que se hizo viral en redes sociales, se debió a la fiesta de etiqueta, con vestidos de fiesta largos y corbatas, celebrada en la cima del tepuy Kusari, en el Parque Nacional Cainama. La «merrumba» a lo alto del tepuy fue organizada por el empresario turístico y presidente del Grupo La Marea, Rafael Oliveros, director general de Campamento Canaima.
Al encuentro llegaron en helicóptero figuras como Titina Penzini, la relacionista pública Aura Marina Hernández, el llamado «zar de la belleza», Osmel Sousa, la exmiss Gabriela Ferrari, entre otros. Todo quedó registrado en redes sociales, aunque algunos borraron los videos una vez tomó vuelo el escándalo.
Como referencia, un vuelo en helicóptero sobre el Salto Ángel y con aterrizaje en la cima —actividad permitida con ciertas restricciones— costaba, en septiembre de 2021, entre 450 y 550 dólares por persona —dependiendo del tipo de helicóptero— en viajes que requieren grupos de seis, según informó el youtuber Gabriel Herrera en su viaje que partió desde Wakü Lodge. Es decir, alrededor de 3.000 dólares, la misma cifra que una fuente protegida indicó a El Pitazo cuesta una hora de vuelo en helicóptero de los que se emplearon para la celebración en el tepuy Kusari.
Para la «megarrumba» sobre la cumbre protegida del Kusari, según el mismo medio, se hicieron 14 vuelos solo para llevar los equipo para la pernocta de más de 30 personas, que se cumplió en 14 carpas.
La actividad violó, entre otros, el artículo 20 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, Decreto N° 276, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.016 extraordinario.
Allí se estableció la prohibición y uso de vehículos aéreos; el campamento con pernocta; la producción de sonidos o ruidos por parte de los visitantes y que no podrá exceder los 57 decibeles a dos metros de distancia de la fuente sonora; actividades recreativas; el expendio, tenencia y consumo de bebidas alcohólicas.
Transcurridas 24 horas después del revuelo mediático fue cuando Tarek William Saab anunció que la Fiscalía investigaría los posibles daños causados en el tepuy Kusari y encomendó la tarea a la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Ambiental.
Para ese momento, ni el ministro de Ecosocialismo Josué Lorca Vega ni la Guardería Ambiental de la Guardia Nacional, a quien por ley corresponde el resguardo del área en cuestión, habían hecho mención al caso.
Pasaron 48 horas hasta que el ministro Lorca informó en su cuenta de Twitter sobre la citación del empresario Rafael Oliveros. El viernes 11 de febrero una comisión del Ministerio de Ecosocialismo llegó a inspeccionar el área afectada, precisó El Pitazo.
Sociedad de cómplices
Arnoldo José Gabaldón, exministro de Ambiente e Individuo de Número de dos academias nacionales —de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de Ingeniería y el Hábitat— explica que a lo alto de los tepuyes venezolanos existe un ecosistema único, en cuanto a la flora y fauna endémica. Argumenta que esto demanda el cuido más exclusivo porque no se repite en el resto del Macizo Guayanés.
Gabaldón asevera que tanto organizadores como asistentes violaron reglamentaciones vigentes que ordenan la preservación de los ecosistemas. «Unos fueron cómplices de los otros, porque los únicos que pueden haber afectado no fueron solo los organizadores», dice a TalCual.
El artículo Artículo 19 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales establece que las actividades prohibidas dentro de los parques nacionales son aquella totalmente incompatibles con los fines de su creación, se consideran, entre otras: las aglomeraciones de personas y cualquier actividad en densidades de más de una persona por cada 30 metros cuadrados, así como el aterrizaje de aeronaves civiles en áreas no autorizadas para ello. Igualmente está prohibida la acampada con pernocta.
También directivo de la asociación civil Grupo Orinoco, que enfoca sus actividades en el desarrollo de políticas públicas, Arnoldo Gabaldón explica que lejos de ser clientelismo, estas expresiones como la vinculada a la celebración en el Kusari dejan ver la «frivolidad más ramplona» que puede exhibirse en un país. Lo atribuye a la filiación de los participantes a organizaciones políticas que les dan beneficios por encima de la mayoría de los ciudadanos. «Por supuesto que aquí se han otorgado unos privilegios a esos señores».
Recuerda que durante su gestión como ministro de Ambiente llegó una solicitud de una productora de Hollywood para filmar una película en la zona, pero una vez que se evaluó todo el daño que se podría generar se negaron esos permisos porque se consideraba que se podrían afectar esos recursos.
«Se trata de no perturbar estos ecosistemas únicos, que no son estudiados», agrega Gabaldón. Al tiempo, advierte que incluso pisando la vegetación o ahuyentando la fauna ya se quiebra la dinámica rutinaria natural.
Nazario Rosi, un anciano pemón de 63 años citado por un despacho de la agencia Reuters por el caso de la «megarrumba», atestiguó que «limpiaron totalmente las plantas locales», refiriéndose a los asistentes a la fiesta, y agregó que el área ha quedado como si hubiera sido rastrillada con dureza. Fotos que circularon en redes sociales evidencian que hubo desmalezamiento de ciertas áreas.
La reunión violó las reglas locales de acceso, según Rosi y Roberto Simón, otro líder indígena, quien explicó que nunca se solicitó el permiso requerido para el evento, como se hace normalmente para los proyectos de investigación científica en el parque nacional, abundó Reuters.
Canaima, área natural protegida y patrimonio de la humanidad, también debe resistir a la explotación ilegal de minerales que se extiende por más de mil hectáreas del territorio. Ese daño ocasionado por la fiesta es minúsculo frente al daño que produce la minería ilegal, afirma Arnoldo Gabaldón, sin desmerecer lo contraproducente del evento.
«Lamentablemente hay que decir que en el país en cuanto a lo ambiental se destruyó en gran parte. Claro, tampoco podemos caernos a mentiras y decir que esos parques nacionales estaban antes absolutamente bien cuidados. Siempre el cuido fue deficiente porque no se tenían los recursos para tener el número de guardaparques; pero ahora hay un abismo y abandono de los sitios de esparcimiento», subrayó el exministro.
El sur del estado Bolívar y en especial Canaima sufren. La ONG SOS Orinoco realizó un análisis técnico científico de imágenes satelitales del sensor Sentinel en 2018, el cual permitió detectar 33 áreas mineras dentro y en las adyacencias del parque nacional donde la minería está prohibida. 45% de las áreas detectadas estaban dentro de los límites del PNC y sumaron 501 hectáreas de afectación.
Un análisis más detallado, realizado en colaboración con expertos en sensores remotos, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera que no habían sido identificados antes y que totalizan 459 hectáreas adicionales de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.
La mano roja
El cuidado de los parques ha sido deficiente y la complicidad político partidista permite la explotación sin respetar las restricciones establecidas en leyes y reglamentos.
En el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, desde 2019 se denunció que el gobierno violaba disposiciones legales al otorgar concesiones para la construcción de posadas.
Las nuevas construcciones amenazan con barrer el ecosistema marino de Los Roques. Sobre este caso ecologistas consideran que el gobierno quebranta el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), documento en el que se expresan las directrices que regulan la ejecución de las actividades que puedan ser realizadas, tanto por el sector público como por el privado dentro del parque nacional.
«No hay firmeza en el patrimonio ambiental de los venezolanos sino un ansia de materializar proyectos que apuntan al capitalismo, cosa contradictoria con la prédica socialista del gobierno», afirmó a TalCual en 2019 el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Inparques José Matute.
En 2018 se hizo viral otra megarrumba en el mar, en un área protegida del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón, conocida como Los Juanes, donde está expresamente prohibido el acceso. El festejo, que congregó a decenas de lanchas en plena Semana Santa, levantó las protestas por los efectos que los residuos de hidrocarburos, desechos humanos y contaminación sónica causan en un espacio tan frágil.
Posteriormente, el youtuber venezolano Gabriel Herrera publicó en 2020 un video que documenta detalles de la fiesta marítima que, a juzgar por los testimonios de los vendedores de la zona, habitualmente se desarrolla en Los Juanes. Las lanchas se alquilan por no menos de 300 dólares al día en un paseo largo.
Las siembras, invasiones, construcciones y ocupaciones también han recaído en espacios como el parque Henri Pittier. También se registran casos de construcciones de casas dentro del Parque Médanos de Coro (Falcón), así como en Los Roques, Mochima (Anzoátegui), La Restinga (Nueva Esparta) y en El Ávila (Caracas)
«Desde el año 2011, con la llegada del Frente Francisco de Miranda al instituto, presidido por María Isabela Godoy, se promovió la construcción de viviendas en los parques. Todas sin estudio de impacto ambiental ni sociocultural ni permisos de nada. Violando hasta convenios internacionales como el Ramsar, que incluye a la laguna de La Restinga», se ha denunciado en el pasado desde Inparques.