“El diálogo lleva a reconocer la riqueza de la diversidad y dispone los ánimos a la recíproca aceptación, en la perspectiva de una auténtica colaboración, que responde a la originaria vocación a la unidad de toda la familia humana. Como tal, el diálogo es un instrumento eminente para realizar la civilización del amor y de la paz….” (Juan Pablo II. Mensaje de su santidad Juan Pablo II para la celebración de la XXXIV Jornada Mundial de la Paz. 1 enero 2001).
Para quienes compartimos los valores del humanismo cristiano el diálogo constituye una manifestación de la caridad y la solidaridad. Es un deber humano buscar con el semejante el necesario acercamiento para compartir la vida y poder disfrutar las bondades de la creación. Bien señaló el santo papa Juan Pablo II que es el instrumento más elevado (eminente, lo califica) para lograr “la civilización del amor y de la paz”.
Nuestra nación, nadie lo duda a estas alturas, vive una catástrofe humanitaria muy lejana a una “civilización de amor y paz”. Estamos inmersos en un sistema promotor del odio y de la violencia, verbal y física, que ha afectado toda su estructura familiar, social, cultural y económica. Es más que evidente la necesidad de un dialogo para recomponer nuestra vida social y para retomar un camino hacia una civilización donde prive la justicia, la equidad, el derecho, el bienestar, y en consecuencia, la paz.
No obstante esa necesidad, la camarilla gobernante ha hecho del diálogo una herramienta para el disimulo y para ganar tiempo en sus tácticas dirigidas a perpetuarse en el poder. Las diversas tentativas de diálogo han terminado en un rotundo fracaso porque no hay una sincera disposición a reconocer la diversidad de nuestra sociedad, la alternancia en la conducción del Estado y el respeto a las reglas de la democracia.
Existe por el contrario una constante descalificación y hostigamiento para quienes tenemos una visión socio política diferente. El socialismo del siglo XXI asumió que tienen un derecho vitalicio a dominar nuestra sociedad, a ser dueños y señores de nuestras vidas, concibiendo el poder como un bien que les ha sido dado de forma permanente. Lejos están de admitir el pluralismo, la alternancia, el derecho de cada persona a expresar sus ideas y a poner en marcha sus iniciativas.
No ha sido posible un programa concertado de respeto a los derechos de la disidencia, ni mucho menos uno para promover respeto, tolerancia y convivencia civilizada entre nosotros, los ciudadanos venezolanos.
Por el contrario, aún en pleno desarrollo de las jornadas de conversación, el poder se muestra soberbio, pugnaz, obsceno, desconsiderado y retador para quienes solo defendemos la ciudadanía. Los intentos de sectores diversos de la comunidad internacional, especialmente del Reino de Noruega, por impulsar desde el año anterior una jornada de intercambios y encuentros en México, que puedan conducir a un diálogo fructífero han resultado, hasta este momento, un fracaso.
Se firmó un acta compromiso con las premisas fundamentales sobre las cuales se conduciría el proceso. Acto seguido, tanto en las elecciones del 21 de noviembre de 2021, como en la tramitación del referéndum revocatorio, el régimen violó abiertamente lo que Jorge Rodríguez firmó el 13 de agosto de 2021 en México. En efecto, el texto de la carta de intención dice en uno de sus apartes: “Dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías,…”. La realidad habla por sí sola, confiscaron el referéndum.
Maduro y su camarilla han jugado, otra vez, a desgastar la institución del diálogo. La han banalizado de tal forma, que llegaron al extremo de designar como miembro de su delegación a un agente mercenario, a quien invistieron como diplomático para buscar su liberación en un proceso judicial que le sigue Estados Unidos.
Contaminar con el caso de Alex Saab ese ejercicio de diálogo sólo nos ratifica el profundo desprecio que por la herramienta “eminente” tienen, quienes hoy detentan el poder en nuestra nación. Ante tal circunstancia a la oposición en general, y a quienes están en espera para sentarse con la dictadura en México, no les queda otro camino que dejar constancia de su disposición a un diálogo sincero. El mundo debe tener constancia de la perniciosa conducta de Maduro y su camarilla.
Lo que sí no se nos está permitido es estar implorando un diálogo que el régimen no quiere. Ese es el diálogo infructuoso. Una cosa es dejar constancia de nuestra disposición al diálogo, y otra cosa es andar rogando un encuentro con quienes no quieren admitir el pluralismo y los derechos de nuestra sociedad.
Si hubiese una duda del empecinamiento del madurismo de perpetuarse inmoralmente en el poder, hay dos elementos que lo ratifican claramente. El primero, la confiscación del revocatorio presidencial; y el segundo, el proceso de modificación del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de acentuar el control sobre ese poder, donde producto de los procesos humanos se han generado rupturas, que la cúpula roja busca afanosamente controlar.
Ante ambos acontecimientos, sectores importantes de la oposición política han guardado silencio, no han expresado rechazo ante tan graves acontecimientos para la vida democrática y para la necesaria apertura hacia un proceso que permita el diálogo fructífero. Exigir respetar el derecho a revocar y una designación de magistrados independientes debería, de entrada, estar siendo planteado.
La burla de la camarilla roja al diálogo, su empecinamiento en desconocer los principios y las normas fundamentales de la Constitución, nos obligan a una lucha ciudadana permanente. No podemos admitir esa situación como normal, ni callar frente a dichos desafueros.
La sociedad debe estar alerta ante esos atropellos y ante los silencios. Ellos son más ruidosos y peligrosos que los discursos vacíos o contradictorios. Aún a riego de la represión, la intimidación y las amenazas, estamos en el deber de hablar claro al país. De ahí nuestra insistencia en levantar la voz frente a la ignominia que significa la constante violación de los principios fundamentales de la ética política.