Consecomercio y sus cámaras afiliadas solicitaron al Ministerio de Finanza la suspensión del IGTF hasta que las empresas puedan adaptar sus sistemas para cobrar el impuesto de forma efectiva
La reforma de la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) entró en vigencia el pasado lunes 28 de marzo para causar caos en la actividad empresarial del país ante un impuesto injusto para el ciudadano y cuya aplicación es sumamente complicada para los comercios.
Esta norma indica que todo consumidor que pague en divisas o criptomonedas un bien o servicio a un comercio o catalogado como sujeto pasivo especial, debe pagar un 3% adicional a la transacción, con un funcionamiento similar al ya existente 16% por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En otras palabras, todo pago con dólares a prácticamente cualquier comercio del país es pechado y, por lo tanto, sujeto a un 19% de impuesto adicional al valor real del bien o servicio adquirido.
Si bien la medida afecta directamente al consumidor, que debe pagar más por el simple hecho de utilizar divisas, quienes padecen el tormento de adaptarse a este nuevo mecanismo tributario son los comercios, que debido a complicaciones técnicas, ausencia de información y vacíos en la norma, en efecto no pudieron adecuar sus sistemas a la norma antes de que entrara en vigencia.
Como resultado, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), un 75% de las empresas del sector comercial confiesan no tener la capacidad para cobrar el impuesto al dólar.
Las consecuencias son distintas según la empresa. En algunos casos, se tomó la decisión de no recibir divisas hasta nuevo aviso, como anunció Arturo’s el pasado lunes —aunque luego eliminara la publicación—, otras compañías optaron por cerrar sus puertas al menos durante una semana, mientras que otro grupo simplemente dejó de emitir facturas hasta que se aclare la situación.
Ante estos problemas, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, solicitó al Ministerio de Finanzas y demás autoridades gubernamentales, que se suspenda la aplicación de este impuesto mientras la empresa se adapta a la nueva normativa.
La petición se efectuó durante una reunión con el ministro de Finanzas este jueves 31 de marzo, pero no hubo respuesta clara más allá del compromiso de que no se aplicaría la norma con demasiada exigencia para que los comercios adapten progresivamente sus sistemas. Pese a esta promesa, ya hay reportes de empresas fiscalizadas.
En una rueda de prensa realizada este viernes 1ro de abril, Polesel resaltó que la empresa privada quiere y debe cumplir con la norma, por lo que la respuesta no puede ser una aplicación laxa, pero no existen las condiciones para hacerlo.
«Ya empezaron las fiscalizaciones. Estamos obligados a contribuir con la aplicación del impuesto, pero necesitamos que se comprenda que el sector no puede responder de manera rápida. No es su voluntad, sino que hay factores externos que le impiden hacerlo», afirmó.
Mencionó como barreras para aplicar el impuesto la necesidad de actualizar o en muchos casos sustituir máquinas fiscales para que la factura refleje el monto del IGTF, lo que requiere una inversión importante que los pequeños comercios no pueden permitirse pagar en tan poco tiempo cuando no tienen ni siquiera la posibilidad de recurrir a préstamos.
«Estamos convencidos de que debemos corregirlo. Hay que entender cómo funciona el sector y cuáles son las debilidades para poder incorporar esta contribución. No nos estamos negando al cumplimiento, solo pedimos más tiempo para hacer que funcione», sostuvo.
Mientras persista el IGTF bajo las condiciones actuales, se teme que haya un grado cada vez mayor de informalidad, pues los comercios que no puedan cumplir con la normativa, no dejarán de operar, sino que migrarán a ese mercado no regulado que incluso afecta al Estado, pues tampoco se pagaría el IVA. Polesel recuerda que este escenario es el que más le preocupa, ya que a ningún actor de la economía nacional le conviene la informalidad.
«Es la gran preocupación del sector Comercio y Servicios, que se informalice por el hecho de no poder cumplir. El comercio formal, en el momento en que se informaliza, pierde el control, nadie quiere eso. No crean que al comerciante le gusta pasar a la informalidad», destacó.
Finalmente, resaltó que incluso si las autoridades deciden escuchar al sector privado y anuncian que se suspenderá el cobro del IGTF hasta que los comercios puedan adaptarse, de igual manera deben revisar los vacíos legales y problemas estructurales que posee la norma y dar respuesta a las dudas que tienen las empresas.
«Es indispensable que, no solamente se suspenda, sino que también respondan las dudas. La suspensión debe venir acompañada de una campaña informativa y realmente un trabajo de análisis sobre cómo debemos hacerlo», insistió.