Todos quieren vestir de toga, aunque en esta ocasión no hay silla para tanta gente: el oficialismo, que por decisiones tácticas había patrocinado en la Asamblea Nacional sucesivas ampliaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acaba de reducir el cupo de 32 a 20 plazas. Pero que haya muchas postulaciones ante el parlamento chavista para la inminente elección de los magistrados que conformarán el nuevo TSJ no debe interpretarse como sinónimo de diversidad.
Un repaso somero a la nómina de candidatos deja en claro que la autodenominada Revolución Bolivariana no se presta para experimentos en lo que al control del Poder Judicial se refiere: escoge entre centenares de nombres de un grupo afín. En el cada persona es como una cuenta de apariencia distinta pero insertada en el collar de la lealtad al régimen.
El proceso de selección ha pasado por cribas subsiguientes desde el momento en que se hizo la convocatoria de candidatos: de un primer listado de 434 nombres, se llegó a uno más corto de 258, puesto a consideración de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales integrada, en su mayoría, por diputados de la Asamblea Nacional oficialista. Antes, los representantes de la llamada sociedad civil constituían mayoría en el comité evaluador, pero una reciente reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal, la misma que en enero de 2022 aprobó el recorte del número de letrados, incorporó más diputados.
Lo que se ha conservado de la comisión es el proceso con apariencia de escogencia cualitativa. Si bien se sopesan credenciales, lo único indiscutiblemente cierto es que la idoneidad de los candidatos tiene que ver siempre con su proximidad política con el gobierno.
La short list semifinal agrupa a magistrados en busca de reelección, antiguos militantes del partido de gobierno, aliados de la coalición oficialista y disidentes de la oposición a los que de manera táctica se quiere aupar. Las credenciales pesan, aunque son las lealtades las que prevalecen.
Puertas adentro se debate quién será el próximo presidente. O presidenta, según la mayoría de las apuestas. Hasta el momento de cierre de este reportaje dos nombres estaban sobre la mesa: Tania D’ Amelio y Gladys Gutiérrez, mujeres con disciplina que se han ganado la confianza de los líderes chavistas. La primera, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, la segunda, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, exrectora del ente electoral y actual embajadora ante la Corte Penal Internacional (CPI), que es cercana a Cilia Flores, Primera Dama de la República.
La certeza compartida entre los observadores es que este TSJ tendrá a cargo una delicada reestructuración del Poder Judicial, en medio del escenario que define la investigación que adelanta la CPI por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de premisas tan claras y de la cesta monocorde de la que hay que escoger los nombres, se ha tardado en salir el humo blanco de la Asamblea Nacional. El pasado viernes 25 de marzo de 2022, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez Gómez -un polémico político, exministro y exalcalde, que junto a su hermana Delcy, vicepresidenta, conforman la yunta de mayor influencia en el gobierno de Nicolás Maduro- pidió “unas horas más” para trabajar la decisión. Aseveró que se iniciaría “el proceso de evaluación, discusión, conversación y consulta para que en plenaria los diputados del parlamento escojan a los mejores”. Pero ni con fórceps el parto se termina de consumar.
Jueces, políticos y algo más
Nunca se ha oficializado como un criterio explícito, pero a nadie sorprende que la lealtad política sea requerida a los magistrados del TSJ, creado por la Constitución de 1999.
La primera demostración, patente y sin pudor, de que la independencia del Poder Judicial se había convertido en una antigualla burguesa que ni siquiera valía la pena aparentar, se dio en 2006, cuando todo el auditorio de la ceremonia de inauguración del año judicial, incluyendo a los propios jueces del Supremo, entonó el lema revolucionario: “¡Uh, ah, Chávez no se va!”.
La serie Jueces Políticos de Armando.info ofreció pruebas tangibles de las distorsiones del sistema, que se mantienen en la actualidad y son afianzadas por los blindajes legislativos del oficialismo. El enroque ha sido natural: antes ministros, hoy diputados y mañana, posiblemente, magistrados.
Y ahora toca más de lo mismo. Detrás del negro de las togas palpitan corazones rojos.
De la primera lista de 434 aspirantes, casi dos terceras partes (59,44%) aparecen en los listados de militantes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), lo que deja en evidencia el incumplimiento de una norma primordial en los propios estatutos para elegir a los magistrados.
Después de la preselección, los candidatos oficialistas sumaron 147 de los 258 que conforman este segundo grupo. Se mantuvo una proporción de 56,9%: casi seis de cada diez candidatos a magistrados aparecen como miembros del PSUV.
Para colmo, 42 de estos candidatos son o han sido contratistas del Estado.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece como criterio rector que los aspirantes deben renunciar a cualquier militancia político-partidista y no realizar alguna actividad incompatible con las funciones del cargo. Las transgresiones a esos parámetros han debido detectarse durante las entrevistas con la comisión. Pero, además de un sesgo partidista, el proceso quedó marcado por la brevedad. Según trascendió en una nota de prensa de la propia Asamblea Nacional, 240 de los candidatos asistieron a sus citas presenciales para ser entrevistados por el comité de postulaciones en tan solo dos días: 110 el martes 22 de febrero y, al día siguiente, 130 adicionales. Es decir, sobre una jornada de 24 horas -si las entrevistas se hubieran realizado a lo largo de todo el día-, a cada entrevistado le habrían correspondido alrededor de 12 minutos para demostrar su idoneidad para el cargo de magistrado.
Son varios los casos de postulantes que figuran a la vez como militantes del partido oficialista, contratistas del Estado y jueces actualmente activos en tribunales de diferentes jerarquías.
Uno es el de Milagros Antonieta Zapata Ramírez, quien posee 10% de una empresa de compra, venta y comercialización de bienes y servicios varios, constituida en Caracas en febrero de 2020, mientras que su actividad judicial está en La Guaira, estado del litoral central de Venezuela.
Otro ejemplo es el de Michel Adriana Velázquez Grillet, que aparece activa como empleada del Parlamento desde 2005 y, según diversas versiones de medios, tiene vinculación con Cilia Flores. Velázquez incursionó en la actividad privada y, desde 2017, es socia de dos empresas, constituidas el mismo día y con sedes en el piso 17 del Centro Financiero Latino, en Caracas, a escasas cuadras del Palacio Legislativo. Ambas compañías declaran como objeto los servicios informáticos, pero solo una se mantiene habilitada para hacer negocios con el Estado.
Hay otros dos empleados de la Asamblea Nacional que aparecen a la vez como candidatos al TSJ y que dejaron rastro entre los contratistas del Estado. Se trata de Gladys del Valle Requena, actual diputada oficialista, y Alejandro Claret Leal Mármol, exviceministro de Prisiones durante la gestión de Iris Varela y exasesor en la Procuraduría General de la República, cuando Cilia Flores encabezaba la institución.
Como funcionario y empresario también despunta Yuri Quiñones Leones, actual director suplente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE S.A.), adscrita al Ministerio de Educación desde 2015. Antes ocupó el cargo de viceministro de Deporte de Rendimiento, en el Ministerio de Deporte, durante 2011. En ambas ocasiones coincidió con que el ministro de las carteras respectivas era Héctor Rodríguez, actual gobernador del céntrico estado Miranda y también exparlamentario. De acuerdo al Registro Nacional de Contratistas (RNC), Quiñones tiene acciones en una compañía de recolección de desechos sólidos, así como en una firma exportadora de granos de cacao y chocolate, creada en 2018, otro de los negocios a los que ha apuntado Héctor Rodríguez como gobernador regional. Ambas empresas están habilitadas para contratar con el Estado y tienen su oficina en el municipio Chacao del estado Miranda.
Daniel Augusto Ramírez Herrera, coordinador general de la Defensa Pública desde 2019, tuvo por su parte una empresa distribuidora de alimentos, víveres, computadoras y línea blanca, constituida en 2016 en los Valles del Tuy -región obrera y dormitorio al suroeste de la capital venezolana- pero registrada en Caracas, y cuyos socios son dos reconocidos abogados venezolanos, fundadores del bufete VAV & Asociados junto a Luis Manuel Valdivieso, un exfiscal y abogado venezolano con conexiones que cambió el litigio por una vida de lujos en el Caribe.
Trampolín en Caracas
¿Mudarse de Europa a la capital venezolana para ejercer el Derecho? Eso es lo que se propone Eduardo Alfonzo Barranco Hernández, abogado que ha hecho carrera diplomática desde los tiempos en que Nicolás Maduro era canciller durante el gobierno de Hugo Chávez.
Barranco es el único de los candidatos a magistrado que se registra viviendo en el exterior, en Italia, ante el CNE. Es el cónsul general de segunda en Milán, al lado de Gian Carlo Di Martino, actual cónsul general y exalcalde de Maracaibo, capital del estado Zulia, extremo noroccidental de Venezuela. El aspirante a una de las sillas del TSJ, que pasó a la segunda fase, fue nombrado repetidas veces, entre 2007 y 2012, embajador y responsable de los fondos de avance en la pequeña isla de Santa Lucía, ubicada en el Caribe oriental.
De acuerdo con el registro de preseleccionados, la mayor cantidad de postulaciones las hicieron abogados que declaran vivir o en el Distrito Capital o en el estado Miranda. Esto se traduce en que seis de cada 10 juristas aspirando a un cargo en el TSJ se concentran en la Gran Caracas, aunque no necesariamente hayan hecho carrera en la ciudad. En total, son 151 aspirantes de los 258 que pasaron a la segunda fase.
Dentro de este grupo de abogados que migraron desde otras regiones del país a Caracas, aparece el nombre de Heriberto Antonio Peña, un merideño que hizo carrera judicial en los tribunales de su estado natal por una década y ejecutó sus últimas decisiones en la Corte de Apelaciones de Mérida, en los Andes del suroccidente de Venezuela. Sin embargo, renunció poco antes de la pandemia, se mudó a la capital venezolana, cambió su centro de votación a un emblemático liceo de una zona popular y empezó a trabajar en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), presidida por su paisano Joselit Ramírez, este, hombre de confianza de Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo, ex Vicepresidente de la República y figura clave en el gobierno de Nicolás Maduro. Tanto Ramírez como El Aissami han sido objeto de sanciones y medidas judiciales en Estados Unidos.
En los estados centrales de Aragua y Carabobo se concentra una delegación de apenas 32 aspirantes, pequeña pero dotada de credenciales políticas. Allí destacan tres magistrados que aspiran a la reelección: Marjorie Calderón, de la Sala de Casación Social; Carmen Alves Navas, de la Sala Electoral; y Juan Luis Ibarra Verenzuela, de la Sala de Casación Penal.
El Juez Rector del estado Aragua, Ramón Carlos Gámez (a la derecha), es otro de los candidatos a magistrados. Presidió el Comité de Postulaciones Judiciales para la elección de los magistrados exprés de 2015. Imagen tomada de: Twitter @IGTaldiaOtro nombre salidor es el de Ramón Carlos Gámez, Juez Rector del estado Aragua y juez provisorio en el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito, designado en 2016 por la Sala Plena del TSJ, a cargo entonces de la magistrada Gladys Gutiérrez. Con experiencia en el área civil, ha sido una ficha clave en el oficialismo, cercano a Elvis Amoroso, parlamentario y Contralor General, desde los tiempos en que ambos coincidían en los pasillos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El juez era decano de la Facultad de Derecho y el político era estudiante, Al menos desde 2006, Gámez ha sido apadrinado por Amoroso.
Gámez tiene un antecedente llamativo. En diciembre de 2015, tras el triunfo abrumador de la oposición en las elecciones parlamentarias, victoria que pondría a su alcance el nombramiento de un nuevo TSJ, el chavismo aprovechó los últimos días de sesiones legislativas para intentar una maniobra exprés: escogería entre gallos y medianoches a los magistrados cuyos períodos ahora vencen. Sin rubor y con mucho apuro lo hizo.
Entonces Gámez presidió el Comité de Postulaciones Judiciales, en reemplazo de su mentor político, Elvis Amoroso. En el comité a su cargo estaba como miembro Elvis Junior, hijo, quien fue candidato a magistrado y este año se propone como inspector general de tribunales y director de la Magistratura.
Otro de los personajes que llaman la atención en el actual proceso es Reinaldo Enrique Carvallo Machado, con su propio bufete de abogados y, en paralelo, empleado de una empresa de alimentos y bebidas artesanales a la que ingresó a la par del proceso de selección de magistrados. Lo que más destaca de este aragüeño es su rastro como socio en 11 empresas registradas en el sistema público de contrataciones, algunas sin actividad reconocible y otras habilitadas para contratar. Fueron creadas en años recientes, dedicadas a todo tipo de actividades que van desde asesorías hasta comercialización de alimentos. En 2016, Carvallo fue director principal en la empresa estatal de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva, C.A., adscrita al Ministerio de Industria y Comercio. Luego, en 2021, fue candidato a rector del Consejo Nacional Electoral. Empresario contratista y funcionario, ahora busca ampliar sus credenciales como jurista multifacético. Le va bien: pasó a la segunda fase del proceso.
De Maracay, la capital de Aragua, llega también el abogado José Antonio Castillo Suárez, hoy inscrito en la nómina de la Asamblea Nacional. Hace tres años, en 2019, solicitó antejuicio de mérito contra el presidente del parlamento en ese momento, Juan Guaidó, quien luego se juramentó presidente encargado de Venezuela. La Sala Plena aceptó el documento legal que acusó al líder opositor de presuntos delitos contra la seguridad de la Nación. Estuvo relacionado con Marisol Plaza Irigoyen, otra de las postuladas cuyo nombre se escucha tras una larga ausencia mediática, luego de dejar la Procuraduría General de la República, en 2007, cuando se le vinculó a una operación en la que se esfumaron fondos por unos bonos emitidos por el Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. (Bandagro). A propósito de este caso, Castillo Suárez fue abogado apoderado de Plaza en un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional, que salvaba su actuación como procuradora general.
La cuota
Muchos episodios donde ni siquiera se guardaron las formas pusieron de relieve las costuras del actual proceso de selección de los futuros magistrados. Por ejemplo, la diputada Gladys del Valle Requena integraba originalmente la Comisión Preliminar, sin reparar en que figuraba a la vez como aspirante a magistrada. Renunció y fue sustituida por Desirée Santos Amaral, quien se integró al grupo presidido por Giuseppe Alessandrello, ambos diputados oficialistas.
Una situación similar ocurrió con el diputado Luis Parra, también participante de la comisión. Evaluó las credenciales de Ramón Flores Carrillo, quien fue su suplente en la anterior Asamblea Nacional de 2015, ambos electos por el estado Yaracuy cuando militaban en filas de la oposición. También fueron compañeros de viaje en la gira europea que en 2019 algunos parlamentarios emprendieron para defender los intereses de Alex Saab, el contratista colombiano predilecto de Nicolás Maduro. El itinerario contempló Francia, Suiza, el principado de Liechtenstein, Alemania, Bulgaria, Portugal y España, con una escala final en República Dominicana. Flores Carrillo pasó el proceso de preselección, sin objeción. Las redes sociales del también exprefecto de Caracas muestran apoyo a los comentarios de Parra cuando se refiere al proceso en el que participa como candidato.
Los otros parlamentarios evaluadores fueron Rosa León, Carolina Cestari, Julio García Zerpa, José Villarroel, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano y Alfonso Campos.
Derechos torcidos
Tres palabras: Corte Penal Internacional, o CPI por sus siglas. Su investigación ha creado desde el año pasado una serie de apresurados cambios legislativos, de cambios en el lenguaje gubernamental y de encuentros de alto nivel.
Parece probable que esta circunstancia termine por favorecer la designación de magistrados que cuenten con experiencia en el sistema universal de Derechos Humanos. De los aspirantes, al menos tres podrían, eventualmente y a nombre del Estado, intentar acciones para dejar a Venezuela fuera de la investigación que busca a la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad.
Uno de ellos es Larry Devoe, actual presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y frecuente representante del Estado en foros internacionales, en los que se ha dedicado a socavar las denuncias realizadas por la organizaciones no gubernamentales.
Otro con experiencia en el campo es Cristóbal Cornieles, quien perteneció a la asamblea de la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción) y es un negacionista de la diáspora venezolana, sobre la que, asegura, operan una “mercantilización” y estadísticas contradictorias que distorsionan el supuesto fenómeno, como señala en un informe que intenta desmontar la crisis de refugiados. Cornieles se dice persuadido de que la migración venezolana se encuentra “dentro de los valores promedio del continente americano”, según una nota de prensa difundida en Aporrea.org, sitio del chavismo alternativo. En el movimiento de defensores, el aspirante a magistrado es considerado uno de los responsables de las campañas Otro con experiencia en el campo es Cristóbal Cornieles, quien perteneció a la asamblea de la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción) y es un negacionista de la diáspora venezolana, sobre la que, asegura, operan una “mercantilización” y estadísticas contradictorias que distorsionan el supuesto fenómeno, como señala en un informe que intenta desmontar la crisis de refugiados. Cornieles se dice persuadido de que la migración venezolana se encuentra “dentro de los valores promedio del continente americano”, según una nota de prensa difundida en Aporrea.org, sitio del chavismo alternativo. En el movimiento de defensores, el aspirante a magistrado es considerado uno de los responsables de las campañas en contra de las organizaciones no gubernamentales que se adelantan desde el Ejecutivo en contra de las organizaciones no gubernamentales.
Finalmente, la representante actual ante la CPI por Venezuela y exmagistrada, Gladys Gutiérrez, podría regresar al TSJ. En la misma legación ante la CPI está Jimai Montiel Calles, juez jubilado que fue presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, director de Drogas del Ministerio Público en la gestión del exdiputado y exgobernador chavista, Tarek William Saab, actual Fiscal General, y que se ha dedicado a presionar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se registren, como una forma de control, en la Dirección contra la Delincuencia Organizada. A Montiel lo han señalado como la “mano derecha” del presidente actual del TSJ, Maikel Moreno.
La rosca interminable
De los 32 magistrados actuales, 30 siguen en liza en la segunda lista para repetir. Además, hay exfuncionarios que intentan volver, como la ya mencionada Gladys Gutiérrez o como Rafael Luciano Pérez Moochet, exmagistrado suplente que se postuló para los tres cargos diferentes que se están concursando: magistrado, inspector general de los tribunales y director de la Escuela de la Magistratura. También se repiten los nombres de Tania D’Amelio, quien viene de la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, desde esa institución, se ha convertido en una virtual mano derecha de Jorge Rodríguez, según fuentes que prefieren mantener el anonimato.
En la simbiosis de la estructura de poderes en Venezuela se encuentran los nombres de funcionarios activos y cesantes del Ministerio Público, que han alcanzado titulares de prensa por sus actuaciones judiciales.
Katherine Harrington, recordada por el episodio en el que trató de ingresar a la sede del Ministerio Público en la maleta de un carro, dos días después de ser nombrada vicefiscal general del Ministerio Público, aún cuando Luisa Ortega Díaz -anterior fiscal general y acérrima opositora al gobierno de Nicolás Maduro- había negado su nombramiento. Harrington, sancionada por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por su responsabilidad en el deterioro de la situación jurídica y de Derechos Humanos en Venezuela, duró 15 meses en el cargo, hasta que fue destituida por Tarek William Saab.
El nombre de Carol Padilla no resulta desconocido y es otro de los que se consigue entre los preseleccionados a magistrados. A los tribunales de control en los que estaba llegaban, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el gobierno. Se cuentan, entre ellos, los casos de supuestos magnicidios e intentos de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, y todos los expedientes han compartido irregularidades y retrasos.
Aunque de bajo perfil, Gilberto Alfredo Landaeta Gordon aparece entre los aspirantes. Fue fiscal del Ministerio Público y formó parte del equipo que investigó el asesinato de Danilo Anderson en 2008, también fiscal venezolano encargado de investigar los sucesos del 11 de abril de 2002. Landaeta fue destituido por irregularidades en la averiguación, relacionadas con el forjamiento de actas.
Una mirada amplia al archivo de los 258 postulados en la segunda fase da fe de que 123 de ellos están activos en 19 instituciones públicas de todo el país, excluyendo a las universidades, de acuerdo con los registros del IVSS. De estos, al menos 82 personas tienen fecha de ingreso desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, y se han quedado en un reciclaje interminable.
La revisión que hizo el Poder Moral Republicano -una terna burocrática con categoría constitucional de poder del Estado, que integra al Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General- entregó al comité evaluador los nombres de 258 aspirantes, pero poco se sabe de sus méritos reales para alcanzar el nombramiento. Aunque la Constitución Nacional establece que deberán ser juristas de reconocida trayectoria y solvencia moral, con amplio conocimiento y ejercicio profesional mínimo de 15 años, los apuntes públicos ofrecen otra panorámica de incompatibilidad. Pero es un detalle que se pasó de largo en la carrera contra reloj que el régimen lleva para escoger al nuevo TSJ de siempre.