El general retirado del Ejército Ángel Vivas Perdomo fue acusado por Nicolás Maduro en cadena nacional, durante las protestas antigubernamentales de 2014, de haber colocado una guaya en una urbanización al oeste de Caracas
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó este martes 8 de mayo, que el Tribunal Primero Militar de Caracas condenó al general retirado Ángel Vivas a siete años y seis meses de prisión, por el delito de instigación a la rebelión. Informaron que fue absuelto por los cargos de traición a la patria y rebelión militar quedando bajo régimen de presentación.
El pasado 25 de marzo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció los intentos de fiscales del Ministerio Público de que se sentenciara el caso del general retirado Ángel Vivas, pese a que las pruebas promovidas no podían ser utilizadas en la fase probatoria del juicio, por lo que los abogados Alonso Medina Roa y Ana Leonor Acosta señalaron que, según una sentencia de la Sala Penal del año 2004, las actas policiales no constituyen una prueba documental en un proceso penal.
El general retirado del Ejército Ángel Vivas Perdomo fue acusado por Nicolás Maduro en cadena nacional, durante las protestas antigubernamentales de 2014, de haber colocado una guaya en una urbanización al oeste de Caracas que ocasionó la muerte de un motorizado identificado como Edwin Durán.
El 23 de febrero de 2014, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentaron en la vivienda del militar retirado, ubicada en la urbanización Prados del Este, con una orden de detención sin firma o sello de un juzgado. El general Vivas dijo que no se entregaría, se atrincheró en su casa y se declaró como un civil en rebeldía contra las autoridades establecidas.
En abril de 2017, el militar fue finalmente detenido tras salir a auxiliar a una persona que chocó su vehículo contra el portón de su casa, que luego fue denunciado como una estrategia para apresarlo. Estuvo desaparecido durante varios días y fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.
Poco más de un año después, el 1° de junio de 2018, el general Vivas fue excarcelado con medidas cautelares por orden del Ejecutivo debido a los graves problemas de salud que desarrolló en prisión por los tratos crueles a los que fue sometido. Presentaba una fractura en la columna vertebral y una hiperplasia prostática que le ocasionaba dificultades al orinar.
En diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares a favor de la familia del general, pues consideran que todavía “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.