Al menos 1.630 propiedades esperan por una devolución a sus legítimos dueños, pero en muchos casos la recuperación es un problema más que una solución, ya que deben invertir para restituir lo destruido durante la gestión chavista, por lo que muchos propietarios exigen el resarcimiento de los daños, una alternativa que el Gobierno no parece siquiera contemplar
Brian Contreras| TalCual
El autoritario «exprópiese» del fallecido Hugo Chávez pasó a la historia como una frase icónica del imaginario colectivo del venezolano. Lo que fue una tragedia para muchos comerciantes y empresarios, acabó teniendo una connotación casi cómica y anecdótica para muchos.
La frase se relacionaba de manera estrecha con Chávez, ese personaje político que invadía la opinión pública con su desbordante personalidad y excesos propagandísticos en cámara. El «rockstar» de la política venezolana, en aras de impulsar sus políticas populistas y recibir aplausos por parte de sus admiradores, banalizó y normalizó la violación a la propiedad privada.
La política del chavismo entre 2005 y 2012 consistió, en gran medida, en vulnerar el derecho a la propiedad privada. El arrebato de activos a los propietarios y su distribución al «pueblo» funcionó para conseguir votos, pero destruyó poco a poco el tejido empresarial e industrial del país.
Cada vez que el irreverente mandatario pronunciaba el «exprópiese» en una alocución pública, arruinaba vidas enteras de trabajo y contribuía con la hecatombe económica que acabó desembocando en Venezuela una década más tarde; todo mientras sus acólitos reían y aplaudían.
El problema no era la expropiación en sí, sino todo lo contrario. El chavismo muy pocas veces empleó un mecanismo legal para ejecutar la toma de una propiedad.
La coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, Ana Carrasquero, recordó que la expropiación es más bien una garantía jurídica de la propiedad, ya que el Estado reconoce al propietario y paga un precio acorde en un mecanismo que está estipulado en la ley.
Sin embargo, el chavismo pone en práctica otros mecanismos mediante los cuales no paga ninguna compensación al propietario, lo que se conoce como expoliación y suele ser el común denominador de todas las tomas ejecutadas por el Gobierno contra propiedades privadas.
Años más tarde, el país recoge la cosecha de las políticas empleadas por Chávez: más de 500.000 empresas cerradas, la industria a un cuarto de su capacidad y el tamaño de la economía una quinta parte de lo que fue en 2013. Ahora, la actual gestión de Nicolás Maduro, recoge cable y emprende una política de devolución de las empresas expropiadas.
Un hito impensable durante la administración de Chávez se dio a lugar el pasado 17 de marzo. Alfredo Cohen, presidente de la Constructora Sambil, firmó un documento para recuperar la propiedad del Centro Comercial Sambil de La Candelaria, expropiado por el fallecido presidente a mediados de 2008.
«Me tendrán que sacar de Miraflores para que haya un Sambil en La Candelaria», decía Chávez en 2008. Efectivamente, ya no ocupa la presidencia del país, pero su legado es quien da luz verde para que la propiedad sea devuelta a sus legítimos dueños y siga el procedimiento para que se concrete su apertura como centro comercial este mismo año.
Regresan el Sambil de La Candelaria a Freddy Cohen
Junto con el Sambil, muchas otras propiedades empiezan a ser devueltas tras más de una década de inoperancia. El músculo chavista, que ofrecía potenciar la producción y eficiencia de estos activos, falló. Ahora la estrategia es devolver lo que quedó de su gestión y relegarle a los privados la responsabilidad de operarlos con éxito.
En este contexto, bajo un velo de opacidad y miedo, se ha dado a conocer la devolución de algunas empresas y la privatización de algunas otras propiedades operadas por el Estado.
La Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo asomó que trabajan con una lista de 50 empresas expropiadas que serán devueltas a sus legítimos dueños, de acuerdo con el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo.
Para llegar a este escenario, el diálogo ha sido imprescindible. Gremios empresariales como Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria han sostenido reuniones con la Comisión de Diálogo de la AN y otras instancias del alto Gobierno, presentando como solicitud y exigencia avanzar en la devolución de propiedades tomadas.
Pese a que el oficialismo ha asegurado que dará luz verde a las devoluciones, el avance ha sido lento, opaco y, en especial, arbitrario.
Sin procedimiento, reina la opacidad
Toda política gubernamental requiere de orden y procedimientos, incluso aquellas nocivas o ineficientes. Sin embargo, el chavismo no mostró interés en llevar un registro de las empresas que tomaron con el paso de los años, al menos no uno público.
Pese a que los anuncios de expropiación de Chávez se hicieron con bombos y platillos en actos públicos, operativamente el procedimiento fue completamente hermético y opaco. Además, tras bastidores se ejecutaban otras tomas que no eran anunciadas. Por lo tanto, es difícil obtener una cifra precisa sobre cuántas vulneraciones a la propiedad privada se han cometido durante la gestión del chavismo.
Desde el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad han intentado dar seguimiento a la situación. Según sus estadísticas más actualizadas, entre 2012 y 2021 se cometieron al menos 1.630 violaciones de la propiedad privada bajo unas seis figuras jurídicas distintas.
Carrasquero explica que como parte de este seguimiento han logrado determinar cambios en las estrategias del Gobierno para violentar la propiedad privada, siempre acorde a sus objetivos estratégicos políticos.
Es por eso que el Gobierno ya no habla de expropiaciones. La palabra insigne de Chávez ahora es sepultada por Maduro, sin embargo las fiscalizaciones, ocupaciones, intervenciones y afines se siguen practicando por debajo de la mesa.
De hecho, cuando se toman en cuenta vulneraciones a la propiedad privada que no implican apropiarse de los activos, las cifras son mucho más elevadas. Se estiman unos 154.674 ataques bajo otras cinco figuras jurídicas.
Ahora que la intención del Gobierno parece orientarse hacia la devolución de las empresas, las inconsistencias de la política expropiadora empiezan a hacer mella.
Enmendar el error no se resume a devolver una propiedad tomada durante años. La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, cree en la imperiosa necesidad de resarcir los daños causados a los propietarios afectados.
«No se trata solo de regresar la propiedad. Si la arrebataron y, durante el período en el que no fue de su propietario legítimo, la propiedad sufrió daños, debe haber una reparación, algún mecanismo por medio del cual el daño sea resarcido», destacó.
En reuniones con la Comisión de Diálogo de la AN chavista, Polesel expuso esta posición y pidió que se empleara un mecanismo claro y transparente para la devolución de las empresas con sus debidas compensaciones por los daños causados.
Hay casos concretos en los cuales los afectados no desean una devolución de la propiedad. Esto responde a que recuperar sus activos implica más problemas que soluciones, ya que deben invertir para retomar la operatividad que tenían antes de ser expoliados. En algunos casos los propietarios ya fallecieron o no se encuentran en el país.
Ante estas situaciones, Polesel considera que debe existir un protocolo mediante el cual las empresas se entreguen a la gestión privada a través de licitaciones públicas y transparentes, para que no se asignen mediante nepotismo. Así se lo expresaron a los diputados de la Comisión de Diálogo en una reunión efectuada en 2021.
«Dijimos que debíamos evitar que el proceso se convirtiera en una adjudicación a amigos, que debía ser un proceso transparente. Posterior a esa reunión, no hubo otras reuniones con Consecomercio», relató.
Pese a constatar el interés que mostró el Gobierno en este proceso de devoluciones, Polesel destacó la lentitud en los avances, pues en más de un año apenas se conocen pocos casos como los de El Sambil de La Candelaria y algunos en el interior del país.
Pero para Polesel, aunque valora positivamente cualquier reposición de la propiedad privada, no es viable un proceso de estas características sin un método claro mediante el cual las personas afectadas conozcan qué deben hacer para recuperar sus propiedades.
«Hicimos énfasis en que todas las personas que vieron afectadas sus propiedades por expoliaciones debían tener un mecanismo claro y transparente para que se les devolviera su bien. Hubo quienes nos preguntaron qué hizo el Sambil para que les devolvieran la propiedad, pero nosotros no tenemos conocimiento de un procedimiento claro», insistió.
En aras de impulsar un mecanismo para hacer posible la reparación de daños y la adjudicación de propiedades, en 2016 Cedice Libertad introdujo ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley titulado Ley Especial de Restitución y Garantía de la Propiedad Privada. Fue evaluado en primera discusión, pero quedó engavetado y con un cambio de administración en el Parlamento, ahora la facción chavista no tiene intención alguna de considerar el documento.
El instrumento propuesto por Cedice Libertad tiene como premisa el reconocimiento de las «graves violaciones a la propiedad privada cometidas por el Estado venezolano desde 2001» y establecer «mecanismos jurídicos que permitan el efectivo restablecimiento y reparación plena de los bienes materiales e inmateriales correspondientes a derechos de propiedad vulnerados».
El «exprópiese» evoluciona
Los ataques a la propiedad privada son sistemáticos y demuestran una evolución a lo largo de los años. Para oficialismo es directamente una política de Gobierno que han reforzado en las últimas dos décadas.
Ana Carrasquero alerta sobre la existencia de un andamiaje legal que da sustento a todas estas acciones, a través de recursos jurídicos creados por el mismo chavismo tras apoderarse de los poderes públicos.
«Para ellos, todas las acciones que han realizado contra la propiedad privada están sustentadas en un mecanismo legal, y es la verdad. No por ser legales son correctas, pero cuando revisas la evolución de la política, todas las acciones han estado sustentadas en este andamiaje legal que ellos se han dado a sí mismos», razonó.
Ana Carrasquero sobre la devolución de empresas expropiadas
Desde que el chavismo llegó al poder, han promulgado leyes en beneficio de esta estructura capaz de vulnerar los derechos de propiedad. Cedice Libertad resume este andamiaje legal en los siguientes puntos:
- 2001 – Ley de Desarrollo Agrario: Todo propietario que no pueda demostrar la propiedad de un terreno anterior a 1848 se considerará invasor, por lo que el Estado puede «rescatar» esa propiedad.
- 2006 – Primer Plan Socialista de la Nación: Implantar un nuevo modelo socialista implicaba la sustitución de la «propiedad privada» por la «propiedad social».
- 2011 – Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos y Viviendas / Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda / Ley de Emergencia en Terrenos y Viviendas: Paquete de leyes que permitían la ocupación de viviendas sin compensación a sus legítimos propietarios.
- 2013 – Segundo Plan Socialista de la Nación: Se profundiza la visión violatoria de los derechos y libertades fundamentales en aras de acelerar el proceso de transición hacia el socialismo.
- 2014 – Ley Orgánica de Precios Justos: Aumenta la intervención de la economía e impone condiciones a los comerciantes hasta empujarlos a la quiebra. Quienes no cumplen son fiscalizados, sancionados e incluso cerrados.
- 2016 – Decreto de Estado de Emergencia Económica: Otorga al Ejecutivo la potestad de intervenir empresas, instalaciones y bienes privados para «garantizar el abastecimiento».
- 2020 – Estado de Excepción de Alarma por la pandemia del Coronavirus: Otorga al Estado la potestad de definir confinamientos indefinidos, suspender el pago de cánones de arrendamiento y restringe las actividades aconómicas.
- 2020 – Ley Antibloqueo: Permite concretar negocios sobre bienes del Estado en total condición de anonimato. Facilita la privatización de empresas tomadas por el Estado, mediante asignaciones a privados sin cumplir con procedimiento público alguno.
Todos estos hitos marcan un camino trazado por el oficialismo según sus intereses en el momento histórico que vive el país. Cuando las condiciones lo permitían, ofrecieron «viviendas dignas» para toda la población y, para impulsar su propuesta, se apropiaron de empresas que facilitaran el proyecto como Venezolana de Cementos (Vencemos) y la Siderúrgica de Venezuela (Sivensa).
«Esta política se fue adaptando a los objetivos de cada momento. El discurso oficial fue inicialmente en el campo, con la guerra contra el latifundio; luego contra el comercio, enfrentando a los especuladores; y luego contra la industria para promover viviendas dignas para todos», aseveró Carrasquero.
La siguiente etapa para el chavismo es una devolución según los términos y condiciones que impongan, con el afán de recuperar la producción nacional, restituir su reputación internacional y atraer inversión extranjera. Sin embargo, este paso podría ser más complejo e improbable de lo que prevén.
Legado de las expropiaciones: miedo y desconfianza
La devolución de las empresas es un proceso en marcha. Se desconoce qué propiedades está negociando el gobierno, de qué manera y con quiénes conversa, pero se sabe que ocurre.
Para muchos afectados por el despojo arbitrario de su propiedad, esta iniciativa del Gobierno es esperanzadora, pues tienen la oportunidad de recuperar propiedades que consiguieron a costa de años de esfuerzo y trabajo duro.
Para la familia Cohen, propietarios de la Constructora Sambil, la recuperación de su centro comercial es una gran noticia y su futura apertura permitirá crear un nuevo punto comercial en el centro de Caracas.
Pero la situación de los Cohen no es la de todos. Ellos son empresarios con un músculo financiero enorme, que no dependen del Sambil de La Candelaria para subsistir. Para otras personas, la violación a la propiedad privada significó desahucio total.
Por lo tanto, la devolución es deseada, incluso bajo los términos y condiciones del Gobierno, bajo la mesa y manteniendo el silencio, como si se tratase de un crimen recuperar lo que legítimamente les pertenece.
«Hay mucho miedo en este movimiento de devolución. Cuando hablas con las víctimas, afirman que no pueden decir, que es mejor mantenerse callados porque es lo que les han pedido», acota Carrasquero.
Esto aplica incluso para la lista de 50 propiedades que la AN prometió devolver. Las negociaciones avanzan con mucho hermetismo e incluso los afectados prefieren mantener el bajo perfil, ante la preocupación de que el proceso no finalice.
«Hay empresas que nos han hecho saber que están en esta lista, pero nos hicieron la petición de no hacerlo público. Como no es un regreso público, temen que no se produzca el resultado deseado», subrayó Polesel.
Si la desconfianza llega hasta este punto en lo interno, la percepción desde afuera no es demasiado distinta. Aunque la pretensión del Gobierno sea generar confianza para captar inversores internacionales, la reputación no se recupera devolviendo un puñado de empresas.
Hasta el año pasado, Venezuela era considerado como el segundo que más irrespeta la propiedad privada en el mundo entero, solo por detrás de Haití, según un ranking elaborado por la Alianza de los Derechos de Propiedad (PRA, por sus siglas en inglés).
Y es que, con o sin devoluciones y mayor libertad para la empresa privada, sigue presente la estructura jurídica creada por el chavismo para intervenir, vulnerar e imponer ante cualquier propiedad privada.
«El tema no es solo que haya puntuales mejoras en la economía o que tengamos devoluciones. ¿Qué pasa con el Estado de derecho? ¿La democracia? ¿La libertad? Son condiciones necesarias para el crecimiento, el bienestar, el desarrollo y la generación de riquezas de un país», concluyó Carrasquero.