El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, demandó penalmente por difamación al padre jesuita Alfredo Infante (párroco de La Vega) y a Marino Alvarado de PROVEA, en virtud de que la semana pasada, con ocasión de la presentación del informe anual de dicha ONG presentaron los datos de ejecuciones arbitrarias por los cuerpos policiales en los cuales el del estado Carabobo resultan ser los más altos.
Nota de Prensa
Los defensores de derechos humanos, al presentar el informe anual de PROVEA, solicitaron a las autoridades competentes del Estado venezolano, que se realicen las investigaciones correspondientes sobre los presuntos responsables, incluyendo los superiores de dicha policía estadal, como es su gobernador.
Al parecer, estos datos no le gustaron al gobernador Lacava quien decidió demandarlos penalmente por Difamación Agravada Continuada prevista en el artículo 442 del Código Penal.
Se trata del mismo patrón de delitos que ha denunciado Michael Bachelet desde la ONU y que está investigado el Fiscal de la Corte Penal Internacional.