El pasado 21 de abril, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una «coordinación de seguridad rural nacional» que debe atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano
Por EFE – El Nacional
La Fiscalía General de Venezuela imputó a 10 funcionarios de los estados Barinas y Portuguesa por los delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad que ejercieron contra campesinos, informó este jueves el titular del despacho, Tarek William Saab.
«En las últimas horas, el Ministerio Público ha imputado a 10 funcionarios policiales de los estados Portuguesa y Barinas que realizaron delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad contra honestos productores campesinos», escribió Saab en Twitter.
El pasado 21 de abril, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una «coordinación de seguridad rural nacional» que debe atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano.
«Hemos conversado sobre las distintas estrategias que vamos a implementar como un registro nacional. También la protección y los planes que estamos implementando para la seguridad y el transporte de alimentos, el transporte público y la producción de todo el sistema productivo nacional para que llegue de manera segura», detalló el ministro.
El anuncio tuvo lugar luego de una reunión de trabajo entre las autoridades del país y representantes del sector productivo, entre los que participaron dirigentes del Frente Campesino, La Confederación de Asociaciones De Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) y La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).
A mediados de marzo, Fedenaga denunció «extorsiones, invasiones» y problemas por falta de combustible en el campo venezolano y exigió al gobierno de Nicolás Maduro que estas irregularidades sean investigadas.
La federación emitió un comunicado en el que detalló que estos hechos afectan a los propietarios de tierra y ganaderos de los estados Zulia, Bolívar, Falcón y Barinas, donde han podido documentar desvío de combustible, invasiones y «extorsiones judiciales».