Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela en el 2021 quedó con el 1,4% del gasto público en salud quedando por debajo de Haití que tuvo 5,2% y se ubicó como el país con la asignación monetaria más baja de América.
Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.-
Personal de este sector lamenta a diario esta situación que se refleja en los centros asistenciales, los cuales no han contado con mantenimiento preventivo o correctivo, sumando la ausencia en adquisiciones de equipos y mejoras salariales para sus trabajadores. Especialistas denuncian «maquillajes» en infraestructuras y sin garantía de atención integral a la ciudadanía.
El dolor e impotencia reviste cada escenario y los expertos gritan a una sola voz acerca de este indicador que habla del poco interés del Estado en el desarrollo sostenible y que deja un largo trecho de diferencia, de esa importancia que debería tener el sector salud y la protección de la nación. Cotidianidad que viven en cada testimonio de la población de escasos recursos que necesita atención primaria, control integral, seguimiento en enfermedades virales y asistencia permanente en las patologías crónicas que luego de una forzada discapacidad terminan en la fatalidad.
Todo tan lejos de hospitales con infraestructuras óptimas y hasta condiciones apropiadas para el personal médico que termina migrando a lo privado o se marchan del país buscando mejores condiciones.
La vida queda en juego y más allá del discurso político, los pacientes sólo piden una atención integral que queda entredicho ante la lista de dificultades. «La OMS indica que cada país debería destinar a partir del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y si con ese promedio es medianamente aceptable, ¿qué se espera de apenas 1,4%?», critica Huniades Urbina, secretario general de la Academia Nacional de Medicina, al calificar que es «prácticamente nulo ese gasto público para el país» y lo argumenta por conocer de ese promedio de 50% de camas inoperativas, el estimado de 80% de fallas en equipos para diagnósticos y los salarios más bajos para el personal.
Urbina confirma que los venezolanos viven un progresivo colapso y los pacientes pagan todas las consecuencias, en condición de desamparo. «Hasta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) conoce que los pacientes deben pagar hasta 70% de los gastos», rezonga de una atención que le falta poco para ser del todo privada y que no aguanta el presupuesto de quienes tengan en el bolsillo ese ingreso base de los $30 del salario mínimo.
El médico recuerda que la OMS reportó la emergencia humanitaria en Venezuela hace alrededor de 10 años. «Lo más insólito es que lo poco que destinan termina en mala inversión y como maquillaje», dice Urbina, quien se queja de conocer de hospitales con retoques de pinturas y sin profundizar en el resto de daños en infraestructura, casos de instalación de luces LED que no son indicadas para centros de salud y hasta cubiertas en linóleo, cuando los pisos deben ser a granito.
Para Jaime Lorenzo, presidente de la organización Médicos Unidos de Venezuela, todo país que se preocupe por su nación debería asignar mayor presupuesto a la salud, empezando por la seguridad de alimentación y en el sistema educativo. «Falta inversión, mantenimiento y nuevas adquisiciones para ambulatorios y hospitales», precisa de lo que califica como una deuda desde hace varios años y que mantiene la intriga de conocer todos los recursos asignados a Barrio Adentro, como asistencia paralela que debería evitar el actual colapso en los principales centros asistenciales.
«Estamos nuevamente en la burocracia excesiva», se queja al considerar el regreso a la centralización y sin presupuesto que permita adquirir todo lo necesario en cada centro. Las asignaciones no están adecuadas a las necesidades y demanda de hospitales ni ambulatorios.
En progresivo
Un estudio de Édgar Capriles, especialista en Economía de la Salud, recalca que en Venezuela la prioridad no ha sido la salud y se fundamenta en la información de la OMS, recordando desde 2019 que se evidencia la diferencia de la inversión promedio en salud en países de América en $1.253.1 per cápita y Venezuela en $338.
Refleja entre los indicios a la mortalidad infantil que desde 1970 a 2020 no tuvo mayor descenso y se diferencia de Argentina que fue un país con mayores esfuerzos para la disminución. Los números hablan por sí solos, al fijarse desde un arranque criollo en 1970 con 58.94 por cada mil niños nacidos y cerró en 2020 en 21.06, mientras las políticas argentinas lograron disminuir de 48.21 a 7.61. Un reflejo que deja a Venezuela a la par de Bolivia y Guyana.
Con esa referencia, el experto también resalta quienes han sido los más vulnerables, empezando por los niños y adultos mayores que se evidencia en los últimos reportes de Cecodap de ese mayor riesgo al suicidio de niños, niñas y adolescentes con 222 presuntos casos en 2021 y mientras se ha desinstitucionalizado la atención en salud mental y ayuda psicosocial a los menores de edad.
«Es tan difícil hablar de presupuesto ante una deuda que parte desde la fragmentación», explica Capriles de un sistema de salud que se comparte entre el ministerio, gobernaciones, Seguro Social e Ipasme. Todos sin la debida cobertura.
Lamenta que todo termina en detrimento de la esperanza de vida y quedando inferior a los 75 años promedio de países latinoamericanos. «No hay las condiciones, empezando por las fallas en alimentación, servicio fijo de agua potable y saneamiento ambiental», exclama con tristeza, al reconocer a Venezuela desde un sistema que se viene deteriorando.
Los expertos hablan de un gasto que termina simbólico y de una inversión que debería transformar a los centros asistenciales en ambientes seguros y con todos los requerimientos de insumos y material quirúrgico. No aceptan de excusa a las sanciones del bloqueo y no terminan de entender por qué no se tiene prioridad a la salud como eje de protección en la población. De hecho, el anuncio de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en diciembre de 2021 sobre el actual presupuesto que se fijó en Bs. 62.379.454.806 y con la disposición del 77 por ciento a lo social, donde se incluye a los sectores de salud y educación. Es una deuda que sigue pendiente con toda la población.
Carencias empiezan por falta de base sólida en los gastos
Como precariedad sanitaria, así define el economista, Dilio Hernández, a ese mínimo gasto público en salud que ni siquiera supera el 2%, siendo un nivel inferior a ese mínimo de 5% de otros países más pobres. El resultado es la falta de inversión en hospitales que demandan por recuperación y dotación de insumos suficientes, mientras tampoco se cuenta con la protección social del personal de salud.
Señala que en el lapso de 2008 a 2012 se acentuó esta deficiencia. «No hay inversión y hasta se atraviesa por una especie de desmantelamiento en centros asistenciales», recalca y lamenta de ese estimado de 40 mil profesionales que emigraron en busca de mejores condiciones.
Para Yudi Chaudary, doctora en Seguridad Social, el venezolano está totalmente indefenso, ni siquiera para el control de enfermedades que pueden ser prevenibles. «La protección no existe en salud y lo vemos en el descenso de la esperanza de vida que llega a los 70 años y el Estado de espalda», denuncia lamentando un Gobierno al que no le duele los venezolanos.
También lo comparte el sociólogo, Carlos Meléndez, al señalar la involución del bienestar desde 2013 con el alejamiento del Estado de sus problemas. «Se silenció y dejó todo el peso sobre los hombros de los ciudadanos», denuncia de esa deuda en salud y educación.
La inversión debe ser eficiente y en especial con aquellos más vulnerables, niños y adultos mayores.
Rechazan la criminalización
Un personal médico que además de atender y diagnosticar a un paciente no puede llevar la carga administrativa frente a la dotación insuficiente de insumos. Fue el pronunciamiento del gremio médico en Lara que este viernes recibió el apoyo de enfermería, sindicatos de salud y empleados públicos, así como de pacientes crónicos. Piden el cese de acusaciones arbitrarias del Gobierno y de la pretensión de endosarles la culpa por el desabastecimiento en centros asistenciales.
Así lo confirmó Deyanira Gentile, desde la directiva de Colegio de Médicos, luego de que el pasado 7 de junio desde la Federación Médica Venezolana también se pronunciaron contra la criminalización del personal. Recordó que aún con los inspectores instalados siguen las deficiencias en emergencia del Hospital Antonio María Pineda, con fallas tan específicas como determinados guantes, soluciones, tipos de sutura e hipertensivos que condenan a la fatalidad con cardiopatías.
Pidieron que Dirección regional de Salud publique la lista de insumos en hospitales, visible para el personal y de conocimiento público en general.