Venezuela sigue estancada en lo que respecta legislaciones que avalen el matrimonio igualitario y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, al igual que la permisión de adopción para parejas homosexuales
Activistas y personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) marcharon este domingo 3 de julio desde la estación Miranda hacia el Parque los Caobos, en Caracas, para conmemorar el Día del Orgullo que, en Venezuela, viene acompañado de exigencias al gobierno, que tiene 01 en materia de defensa de los derechos de esta población.
Durante la caminata, que aún sigue en curso, múltiples ONG, entre ellasAccsi (Acción Ciudadana Contra el Sida), han pedido que se ponga fin a la homofobia de Estado, que perpetúa la discriminación contra este colectivo y deja impune crímenes de odio que se cometen en su contra. Para tener una idea de la magnitud del problema: para 2018, el 90% de los 72 asesinatos a personas de la diversidad sexual y 67 agresiones ocurridas entre 2009 y 2015, todos documentados por esta misma organización, no habían sido resueltos y se denunciaba que no eran debidamente investigados.
«La comunidad exige igualdad de derechos, respeto a la identidad, alto a los crímenes de odio y sus derechos. Por todos los derechos humanos de todas las personas», escribió en redes sociales la organización defensora de DDHH Provea.
En la actividad, que tiene una participación multitudinaria que ha recorrido las calles de la capital venezolana, hay una importante asitencia de diplomáticos de la Unión Europea. Rafael Dochao Moreno y Becks Buckingham,encargado de negocios de Los Veintisiete y de Reino Unido en Venezuela, respectivamente; Romain Nadal, embajador de Francia en Caracas; Robbert Schuddeboom, representánte diplomático de Holanda en territorio venezolano, son algunos de los asistentes.
Todos han resaltado su disposición por construir una Venezuela más justa e igualitaria.
«Junto a colegas de la comunidad diplomática y activistas de Venezuela, sumamos nuestra voz para que todas las personas tengan los mismos derechos. Los derechos LGBT+ son derechos humanos», se reseñó en la cuenta de Twitter de la embajada británica en Caracas.
También acudió a la marcha Richell Briceño, una activista de la comunidad LGBTI a quien, por cierto, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional chavista le suspendió el derecho de palabra en una sesión paralamentaria en la que hablaría sobre el derecho a al identidad de las personas trans en Venezuela, en donde, por ser trans, se sufren rechazos en entrevistas de trabajo, en aeropuertos, bancos, puntos policiales y hasta en el metro.
De hecho, es ese uno de los derechos que, entre consignas, exigen en la marcha que respete el Consejo Nacional Electoral (CNE), dándole cumplimiento y reconocimiento al artículo 156 de la ley del Registro Civil que permite a las personas cambiarse el nombre.
En 2016, Tamara Adrián, diputada al Parlamento electo en 2015, propuso una reforma a esa jurisprudencia, para que se aprobara la emisión de nuevas partidas de nacimiento para personas trans, que incluyeran su identidad sexual, ya que el recurso de rectificación de partida de nacimiento no permite el cambio de sexo sino solamente el cambio del nombre consignado en la partida. Esto ha ocasionado que la población trans que ha salido de Venezuela y puede hacer las gestiones de cambio para ser reconocidos en otros Estados, se vea impedida de ese derecho.
«Vine para exigir que como persona racializada y gay se respeten nuestros derechos como cualquier persona. Estamos pidiendo derechos igualitarios. No tenemos que discriminar a nadie por su orientación sexual.Tenemos derecho a ser libres (…) no le estamos haciendo daño a nadie», dijo Karim Conde, asistente a la manifestación, al medio Efecto Cocuyo.
Bajo el paraguas de la protección a la población Lgbti, Venezuela sigue estancada en lo relacionado a legislaciones que avalen el matrimonio igualitario y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, al igual que la permisión de adopción para parejas homosexuales. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha recomendado al gobierno venezolano adoptar medidas que garanticen el disfrute de los derechos de las personas de la comunidad, al igual que su protección.
Han sugerido, por ejemplo, la promulgación de leyes sobre crímenes de odio basados en la orientación sexual. Sin embargo, el Estado venezolano hace caso omiso a las recomendaciones, mientras que los asesinatos a personas de la comunidad siguen en aumento y la sensibilización de este tema dentro de la sociedad venezolana y los entes públicos que deberían actuar como garantes de su justicia, seguridad, salud y educación sigue a medias.