Nicolás Maduro no conforme con el saqueo de las finanzas públicas por parte de sus camaradas, al haber sostenido todos los mecanismos de robo de la riqueza petrolera, ahora adelanta un remate de activos fundamentales del país.
Estamos frente a una camarilla que no tiene racionalidad en el manejo de la cosa pública. Para ellos administrar no es asignar recursos humanos y financieros a la solución de los problemas de las comunidades, a la promoción del desarrollo humano integral. Administrar, para estos agentes del socialismo, es disponer a su antojo, al margen de toda norma legal, ética y técnica, de los bienes públicos.
De la implantación del modelo comunista, donde los medios de producción son propiedad del Estado, están pasando a un modelo de economía mafiosa y oscura, donde esos medios de producción están siendo rematados, entregados a actores políticos y económicos aliados del régimen.
Diversos analistas ponen de relieve la tesis de que hay un cambio en la política económica en el madurismo. Y ciertamente, las circunstancias han obligado a Maduro y su camarilla a tener que abandonar el dogma socialista de una economía estatizada para transitar hacia una apertura económica, menos interventora, con agentes privilegiados transfiriéndoles activos públicos que le puedan generar ingresos a las muy reducidas finanzas del estado autoritario.
Acostumbrados a manejar recursos a manos llenas, sin orden ni control, se han visto obligados a aplicar el más brutal plan de ajuste de nuestra historia económica y política. Ha sido un plan ejecutado con la misma arbitrariedad, ilegalidad, opacidad e irracionalidad con la que dispusieron de más de un millón de millones de dólares que el primer boom petrolero de este siglo les generó.
La excusa para semejante manejo arbitrario de las finanzas públicas, de la política tributaria, monetaria y fiscal, han sido las sanciones económicas aplicadas al gobierno y al estado venezolano, por parte de Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental desde el 6 de agosto de 2019, a las que han denominado “el bloqueo imperial”. He sostenido la tesis de que la causa de la destrucción de nuestra economía no es el bloqueo, sino el brutal saqueo perpetrado por la barbarie roja.
Esta apertura económica forzada por las circunstancias se ha hecho realidad con la llegada de una dolarización impuesta por los agentes económicos y los ciudadanos. La destrucción del b olívar, fruto de la más brutal devaluación conocida en este siglo a nivel mundial, no dejó otra alternativa que usar el dólar como moneda en nuestra cotidianidad económica. Maduro y su camarilla se vieron obligados a comerse sus propias palabras: “Vamos a pulverizar el dólar paralelo” y tener que aceptar su presencia en nuestra maltrecha economía, llegando a afirmar: «No lo veo mal … ese proceso que llaman de dolarización; puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía… gracias a Dios existe».
Además de verse obligado a aceptar la dolarización, el régimen ha tenido que desaplicar toda la legislación de control de precios y detener las expropiaciones masivas, aunque estas sean usadas cuando tienen que someter políticamente a un agente económico.
La destrucción de las empresas del Estado, en el campo petrolero, metal mecánico, cementero, hotelero y comercial los ha obligado a una sui generis política de privatización. Maduro impulsa un opaco y clientelar programa de privatización de empresas del Estado. Para ello se hizo aprobar una ley de transferencia de los activos del estado personas privadas, bajo el nombre de “ley antibloqueo”. Una forma de esconder ante los dogmáticos partidarios de la política comunista, la satanizada privatización de empresas del estado. Solo que dicha legislación es el burladero para rematar a precio de gallina flaca, o para regalar a sus aliados políticos, activos importantes de la República.
En una democracia con control parlamentario y judicial no sería posible una disposición de los bienes públicos de la forma tan leonina e irresponsable como se está adelantando en estos tiempos. La ley antibloqueo violenta todos los principios establecidos en la constitución nacional respecto de la administración y manejo de los bienes públicos.
El artículo 311 de la Carta Magna fija los principios de la gestión económica del estado en los siguientes términos: “La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal…”.
La gestión fiscal se refiere a la administración de los ingresos de la República. Maduro procura ingresos violando dichos principios. Ejecutando una política oscura, irresponsable e ineficiente en términos económicos y sociales.
Ha llegado en esta última semana a la grave e irresponsable decisión de entregar a la República Islámica de Irán un total de un millón de hectáreas de tierras agrícolas para su explotación.
¿Cuál es la naturaleza de esta entrega de nuestro territorio a otro país? Se trata de la más grave decisión en materia de transferencia de activos de la República en toda nuestra historia. Maduro adelanta esta operación de espaldas a la sociedad venezolana. Nadie explica si esa cesión de tan elevada porción de nuestro territorio (un espacio territorial más grande que muchos países de América central o Europa) se hace a título oneroso o gratuito, si es un arrendamiento, un comodato o una venta.
Pero lo más grave es que se trata de una cesión territorial a un país extranjero, es decir, a otro Estado. Este tipo de cesión de nuestro territorio está expresamente prohibido por nuestra constitución. Veamos la norma y los términos que lo consagra.
Artículo 13, constitucional: “El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.
«El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.
«Los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional.
«Las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podrán enajenarse, y su aprovechamiento sólo podrá concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra”.
La norma es por demás muy clara. No se puede entonces, en base a la inconstitucional ley antibloqueo, ceder una porción tan importante de nuestro territorio a otro estado, en este caso a la República Islámica de Irán. De concretarse esta operación la misma sería nula de nulidad absoluta, y su disposición generará responsabilidad política, penal y administrativa para Maduro y para los demás funcionarios, que por acción u omisión, permitan semejante disparate. Las consecuencias para la integridad de nuestro territorio, para la seguridad de la nación y del continente, para nuestra cultura y para nuestra economía son altamente disolventes.
La desesperación de Nicolás Maduro y su camarilla por perpetuarse en el poder los llevar de forma desesperada a buscar ingresos en divisas. Para lograr esos objetivos no les está importando “rematar” los activos de Venezuela. Es nuestro deber denunciar tamaño despropósito, exigir a los ciudadanos investidos de autoridad y a los que no lo están, rechazar de forma enérgica esta política entreguista, contraria a los más elevados intereses de nuestro país.