Desde 2019, las organizaciones sindicales en Venezuela no lograban registrar protestas masivas, simultáneas y prolongadas en todos los estados por un mismo fin: exigir la cancelación completa del bono vacacional del sector público, y reclamar la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre). Esto hizo que, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) los reclamos se dispararan llegando a contabilizarse al menos 129 protestas laborales en la primera quincena de agosto.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-
Esta organización registró en junio un incremento de 14% en el número de protestas en comparación con el primer semestre de 2021. Es decir, en el primer semestre de este año hubo 3.892 protestas, en ese mismo período el año pasado tan sólo se dieron 3.393 protestas.
«Sorprendentemente, y a pesar de lo que esperaba el Gobierno, la calle fue tomada por todos los sectores públicos. Esto debido a que se violentaron las contrataciones colectivas que estaban articuladas a los beneficios laborales. La Onapre, actuando como un organismo supraconstitucional, asumió lo que debe ganar cada miembro del sector público, provocando un aplanamiento del ingreso y una desmejora en la capacidad adquisitiva de las personas que dependen del Estado, que son más de cuatro millones de ciudadanos», comentó Dioni Salas, sociólogo.
Las protestas en las primeras dos semanas del mes fueron tomando un «efecto bola de nieve». Comenzaron los reclamos de calle de los docentes universitarios, luego se le sumaron los educadores de primaria, diversificado y obreros, luego siguió creciendo con las protestas de los trabajadores de la administración pública de ministerios, alcaldías y gobernaciones, acompañados de los jubilados, y hasta el sector de enfermería llegó a amenazar con convocar una huelga general por un salario justo.
«La sociedad civil organizada fue la que presionó y generó que se asumiera una conducta diferente del Gobierno, que terminó por informar el pago de un bono vacacional este martes 16 de agosto. Yo considero que el elemento salarial está generando una presión y una reacción que va a continuar en la medida que los trabajadores vean conculcando sus beneficios», sostiene el sociólogo.
Manuel Virgüez, coordinador de Movimiento Vinotinto en Lara, indicó que otro factor que fue «gasolina» para esas protestas fue la solidaridad de los trabajadores con los nueve dirigentes sindicales detenidos desde junio. La aprehensión más reciente fue el 11 de agosto a Douglas González, dirigente sindical de la Corporación Venezolana de Guayana, en Bolívar. «El Estado ha venido desconociendo los derechos laborales de forma sistemática, y esto ha hecho que los trabajadores sean ahora los protagonistas de la conflictividad en Venezuela», opinó Virgüez.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (Fedeunep), indicó que por primera vez también se logró que los sindicatos adeptos al oficialismo se fragmentaran y reclamaran en contra del pago fraccionado de las vacaciones. «Estas no son protestas políticas, son reclamos por la misma causa. No estamos reclamando beneficios nuevos, las protestas son por beneficios ya preexistentes en convenciones colectivas, en actas, en la Ley del Trabajo», manifestó. Una solución que plantea es seguir presionando para que el Ejecutivo nacional se reúna con cada sector público y se debata el impacto y la desmejora que ha provocado el instructivo de la Onapre hasta que se derogue.
Piden estar alerta por pago de bono
Déborah Velásquez de Valecillos, presidente de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), exhortó a los docentes universitarios estar alertas hoy al pago del 100% del bono vacacional que prometió el Gobierno. Porque si es pagado de acuerdo con el instructivo Onapre les estarían conculcando un 50% de su valor, según la convención colectiva.
«En las protestas dejamos claro que las vacaciones de los educadores iban a comenzar a partir del pago del bono vacacional, por lo tanto no vamos a reintegrarnos a clases los primeros días de septiembre como pretende la ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena. Vamos a descontar todos los días que nos deben del calendario escolar», opinó.
Blanca Terán, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL, indicó que el pago del bono vacacional no puede considerarse un logro, porque el Gobierno les ha «robado» beneficios laborales, como la seguridad social.