El empresario, implicado en la causa por la que fue detenida la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced, será presentado ante un tribunal norteamericano en San José
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, acusado de sobornos en Puerto Rico, se entregó ante agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en San José, donde deberá comparecer ante un tribunal norteamericano.
Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana y residente en Londres, Reino Unido, era propietario del Bancrédito International Bank & Trust, que operaba en la capital puertorriqueña.
En los últimos días el empresario presentó a los tres abogados que lo representarán en el caso. Una de ellas es Lilly Ann Sánchez, quien tiene su oficina en Miami, Florida, y que cobró notoriedad en 2008 cuando fue parte de la defensa legal de Jeffrey Epstein, acusado por abuso sexual de una menor de 14 años.
Las acusaciones en contra de Herrera Velutini se dan en el marco de la causa por la que fue detenida el pasado 4 de agosto la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, señalada por un esquema de soborno relacionado con el financiamiento de su campaña política de 2020, de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación formal, desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020, la ex gobernadora habría participado en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini y John Blakeman, para financiar su campaña electoral de 2020.
Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos y, si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión, indicó el comunicado emitido por la Justicia norteamericana.
Rossini, de España, fue un agente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini y Blakeman es un consultor político que trabajó en la campaña de 2020 de Vázquez Garced.
Díaz, por su parte, fue director ejecutivo y presidente del banco fundado por Herrera Velutini.
El Departamento de Justicia explicó que, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico.
A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que ella despidiera al comisionado de la OCIF y nombrara uno nuevo.
La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del comisionado y nombrar en el cargo a un ex consultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini. A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el banquero ítalo-venezolano quería asumir el control de la entidad de regulación financiera de la isla para ocultar millones de dólares de empresarios ligados a la dictadura de Nicolás Maduro que están siendo objeto de investigaciones por parte de Estados Unidos, de acuerdo a lo informado por El Nuevo Herald.
No obstante, según la Justicia norteamericana, luego de la derrota en las elecciones primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, Pedro Pierluisi, al que el comunicado solo identifica como “Funcionario Público A”.
El banquero utilizó supuestamente intermediarios para transmitir su oferta de soborno, pero esa persona actuaba bajo la dirección del FBI, y dirigió un pago de 25.000 dólares a un comité de acción política asociado con el “Funcionario Público A”.
“El presunto esquema de soborno llegó a los niveles más altos del Gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones”, dijo en la nota el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Otro que se entregó a las autoridades fue el ex agente del FBI, Mark Rossini, día después de la detención de Vázquez Garced. Se declaró inocente durante una breve comparecencia ante la corte, en la que el juez le autorizó vivir en Estados Unidos, pero no en España, donde recibe tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, el juez indicó que podía viajar a España para atenderse por su enfermedad.