Nicolás Maduro ha prometido una recuperación de los servicios públicos para finales de 2022. Según Ramón Cardozo, esa será una nueva promesa incumplida.
DW
El pasado 5 de agosto, Nicolás Maduro dijo en alocución pública que, antes de finalizar el año 2022, los servicios públicos venezolanos estarán recuperados. Sin embargo, la profunda y continuada crisis del sistema eléctrico venezolano, que ya va para más de dos décadas, hace que esta promesa de Maduro apunte más a deseos que a realidades.
La Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM), señala en su propuesta para el Plan País (2019) que, en los últimos veinte años, «Venezuela pasó de ser un país totalmente electrificado (97 por ciento de cobertura) y con un sistema robusto, otrora ejemplo en Latinoamérica, que poseía un moderno parque de generación hidroeléctrica y térmica, una red de transmisión adecuada a nuestros requerimientos, una red de distribución confiable para atender la prestación del servicio eléctrico continuo y de manera confiable en industrias, comercios y en comunidades, tanto agrícolas como residenciales, a poseer una industria eléctrica y un sistema eléctrico en colapso operacional, deteriorado, difícil de rehabilitar y recuperar”.
«Profunda crisis de servicios públicos»
En el mismo sentido se expresó el 9 de julio de este año el ingeniero José María de Viana, expresidente de la Hidrológica de la Región Capital, C.A. (HIDROCAPITAL), junto con un grupo de reconocidos especialistas venezolanos, en carta pública dirigida a la Organización de las Naciones Unidas y a la Corporación Andina de Fomento: «Venezuela sufre la más profunda crisis de servicios públicos en toda su historia, especialmente en los servicios de agua potable y energía eléctrica. Ello a pesar de haber logrado, al final del siglo XX, los mejores niveles de calidad de Latinoamérica, comparables con los de los países desarrollados”.
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Valoración negativa de los venezolanos
Una encuesta sobre el servicio eléctrico en Venezuela, realizada en mayo de 2022 por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en 12 de las principales ciudades del país, muestra elevados niveles de valoración negativa respecto de la calidad del servicio eléctrico en el país. En promedio, un 62 por ciento de los encuestados juzgó de forma negativa la prestación del servicio, llegando a alcanzar el 92.9 por ciento en San Cristóbal y 77,3 por ciento en Maracaibo, capitales de los estados Táchira y Zulia respectivamente.
Estos dos estados fronterizos con Colombia son las regiones más afectadas por interrupciones del servicio eléctrico, contabilizándose durante el mes de julio 3.789 cortes en Zulia y 1.890 en Táchira, de acuerdo con el registro que lleva la ONG Comité de Afectados por los Apagones. Estos indicadores no son una buena señal para el proyecto que el Gobierno de Maduro tiene para establecer una zona económica especial en la frontera de Venezuela con Colombia.
En Caracas, crece rápido el descontento
Esta encuesta muestra también que, desde el mes de enero hasta la fecha de hoy, la valoración negativa del servicio en la ciudad de Caracas creció en 10 puntos porcentuales, llegando a alcanzar un 72,2 por ciento.
Este deterioro de la percepción de los habitantes de la ciudad capital es significativo, pues tanto el Gobierno de Chávez primero, como después el de Maduro, han procurado que Caracas, por su importancia y visibilidad hacia el exterior, sea la ciudad menos afectada por la mala calidad del servicio.
Sin cifras de gestión del sistema eléctrico
La opacidad y falta de información sobre los resultados de la gestión pública, que ha sido característica tanto en el Gobierno de Maduro como en el de su antecesor, Chávez, ha sido también el caso respecto de la gestión del sistema eléctrico venezolano.
En el 2007 se dejaron de publicar las cifras oficiales y los informes estadísticos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En el año siguiente, la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS) y el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) dejaron de producir sus informes. A partir del 2010, el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico dejó de publicar información sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional.
«La opacidad del Ejecutivo Nacional en relación con el servicio eléctrico y su gestión es caótica, y más aún si lo comparamos con el resto de los países en Latinoamérica, donde la información, en la mayoría de los casos, es en tiempo real y con acceso público” señala Simón Saturno en su informe «Venezuela en apagón: Desinversión, falta de mantenimiento y desfalco».
El porqué de la crisis, según las versiones oficiales
Tanto Chávez como Maduro, como también los diez ministros que durante estos últimos 20 años han encabezado el despacho ministerial responsable de la energía eléctrica en Venezuela, han atribuido las causas de los apagones generalizados y la emergencia eléctrica en el país a un sinnúmero de factores ajenos a la gestión del Gobierno.
Dentro de las razones ofrecidas por los Gobiernos de Chávez y Maduro resaltan, junto con las sequías y las sanciones internacionales, los presuntos sabotajes organizados por miembros de la oposición venezolana, como también por los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, en combinación con organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Armas, ciberataques y animales
Según la información oficial, en estos ataques contra el sistema eléctrico se habrían utilizado «armas electromagnéticas” (julio 2019), «ciberataques” (marzo 2019), «misiles lanzados desde drones o embarcaciones” (octubre 2020), y «explosivos ataques terroristas” (2021).
También estos Gobiernos han atribuidos las fallas en el sistema eléctrico a situaciones pintorescas con animales. Así, por ejemplo, en abril de 2010, el Gobierno responsabilizó a una iguana por el apagón que dejó sin electricidad a buena parte del Estado Anzoátegui; en el 2011, la responsabilidad por el apagón ocurrido en el Estado Mérida recayó sobre una banda de golondrinas; en el 2019, una rata fue señalada como responsable del apagón ocurrido en Petare, la zona popular más grande del distrito capital del país.
Lo que dicen los expertos sobre la crisis
Según el informe de la AVIEM, el abandono y la falta de inversión en la actualización y mantenimiento del sistema eléctrico nacional durante las dos últimas décadas llevaron a que, por lo menos desde el año 2009 hasta el presente, la demanda máxima de electricidad del país sobrepasara con creces la capacidad de generación disponible del sistema.
Según el informe de AVIEM, «la gran diferencia entre la capacidad de generación instalada y la capacidad disponible es producto de la obsolescencia, tecnología inadecuada e ineficiente, falta de mantenimiento, proyectos inconclusos y gestión inadecuada, que se ha venido agravando en los últimos años”.
Cinco planes para enfrentar la crisis
Lo paradójico de toda esta situación es que, durante estas dos últimas décadas, Chávez y luego Maduro decretaron en distintas oportunidades cinco planes nacionales para enfrentar la crisis del sistema eléctrico, destinando para ello un total de alrededor de 105 mil millones de dólares.
Por ello, reconocidos venezolanos expertos en la prestación de servicios públicos señalan que la crisis del sistema eléctrico venezolano no ha obedecido a una falta de recursos financieros, sino fundamentalmente a la falta de capacidad técnica en la dirección y gestión de los proyectos de mantenimiento y expansión del sistema eléctrico nacional.
Esta situación ha derivado en obras inservibles o inconclusas; fallas en la programación de los proyectos; y falta de trasparencia en la contratación de los proyectos, todo lo cual ha resultado en despilfarro, sobreprecio y corrupción: «El costo de las obras construidas en Venezuela como resultado de las contrataciones por asignación directa ha sido entre dos y cinco veces superior al de estándares internacionales en obras similares” señaló el grupo de expertos venezolanos en la referida comunicación a la ONU y la CAF.
Otra promesa que no se cumplirá
La AVIEM, por su parte, añade a estas causas la designación de la gerencia del sistema atendiendo a la «fidelidad” política y no a los conocimientos técnicos, la desprofesionalización y diáspora de personal gerencial y técnico calificado a causa de la destrucción del salario y de las condiciones de trabajo, la cual se estima en 60 por ciento del total del personal.
Nada parece indicar que estas causas, mucho más verosímiles que las ofrecidas desde el Gobierno nacional, estén siendo enfrentadas en este momento. Por ello, todo apunta a que la promesa de Nicolas Maduro de recuperar la calidad del servicio eléctrico en Venezuela antes de finalizar el año no pasará de ser una oferta voluntarista más, y que no será cumplida para desgracia del país y de los venezolanos.(ms)