Las cajetillas legales más económicas se comercializan en alrededor de $1, mientras que las ilegales pueden llegar a costar $0,20. La diferencia de precios impulsa el mercado ilícito y genera pérdidas al fisco por el orden de los $100 millones, pero las autoridades no parecen tener intención alguna de detener el contrabando de cigarrillos. Fuentes del sector calculan que en los puertos se paga entre $50.000 y $100.000 de «vacuna» por cada contenedor de cigarrillos para dejar que ingresen al país sin cumplir con la regulación. Un contenedor debería arrojar al Estado aproximadamente 500 mil dólares en impuestos
Brian Contreras| TalCual
La ilegalidad se apodera de uno de los mercados que requieren de mayor grado de regulación y control gubernamental: la venta de cigarrillos. Dadas sus implicaciones para la salud y el dinero que este sector aporta al fisco mediante pago de impuestos, el contrabando resulta perjudicial no solo para las empresas legales, sino para la población general y el Estado.
La cigarrera Bigott, con más de 100 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, se convirtió en la empresa dominante del sector. Hasta antes de la pandemia, representaba 80% del mercado nacional mediante la comercialización de sus marcas Lucky Strike, Belmont, Pall Mall, Viceroy y Universal.
Esta situación cambió bruscamente a partir de 2021 por un crecimiento desmedido del contrabando y la instauración de una mecánica de competencia desleal, que ahora incluso amenaza con la permanencia de la empresa en el país en el mediano o largo plazo.
El director legal de Bigott, Miguel Benzo, explicó en una conversación con TalCual que los estudios de mercado realizados por la compañía no avizoran el mejor escenario para operar. Aunado a los problemas que ya afrontaban los privados en el mercado nacional debido a regulaciones gubernamentales, hiperinflación, devaluación de la moneda nacional e inseguridad jurídica, ahora la competencia desleal incrementa para entorpecer aún más las operaciones de las empresas privadas.
Bigott indicó que 44% de los cigarrillos disponibles en el mercado nacional forman parte de la competencia desleal. Casi la mitad de la venta de cigarrillos obedece directamente al contrabando o a empresas que importan productos desde el extranjero, sin cumplir con todas las regulaciones y obligaciones que establece la ley venezolana. Son alrededor de 127 marcas provenientes de distintas partes del mundo las que se comercializan en el país.
«Históricamente habíamos lidiado con niveles de contrabando inferiores a 10%. Era relativamente aceptable y podíamos convivir con eso, porque no ponía en riesgo la sustentabilidad de la empresa. Ahora estamos saliendo a la calle para ver qué está pasando y lo que vemos nos hace pensar que en la próxima medición seríamos afortunados si se mantiene ese 44%», confesó Benzo.
Para poner en perspectiva la diferencia, la cajetilla de cigarros más económica de la empresa, Universal —que no aporta rentabilidad a Bigott— se comercializa en 1 dólar y deja tan solo 0,3% de ganancias. En contraste, las marcas ilícitas se venden a $0,50 o incluso $0,20 por cajetilla y aún dejan margen de ganancias suficiente a los contrabandistas.
«Tenemos que hacer algo, porque nuestros ingresos no están cubriendo nuestros costos. ¿Cómo hace una empresa que tiene la mitad de su negocio perdido contra el ilícito para seguir manteniendo beneficios?», cuestionó.
A raíz de la situación, la empresa desarrolla desde mediados de septiembre una reestructuración del negocio, partiendo del cierre de sucursales y puntos de venta. «Tenemos que adaptarnos a la realidad», insistió Benzo.
Contrabando de cigarrillos tiene luz verde
El verdadero problema con la denuncia de Bigott no yace en las dificultades financieras de la propia empresa, sino en la inacción de entes gubernamentales que deberían cumplir con la función de impedir el contrabando; más aún cuando se trata de cigarrillos que causan afecciones importantes a la salud y no pasan por ningún tipo de filtro sanitario.
Los irrisorios precios del cigarro en el mercado nacional dejan entre puntos de interrogación la función del impuesto específico al tabaco, que se aplica para desincentivar la compra de este producto por ser perjudicial para la salud. En el caso de las marcas ilegales, el cigarrillo detallado puede costar menos que un caramelo. Es decir, es quizás el producto más económico del país.
El boom de las importaciones «puerta a puerta» explica gran parte del contrabando. Importadores evaden los canales regulares de la importación comercial y contratan servicios de courier para traer los productos desde el extranjero. Aunque este tipo de servicios está dedicado a los envíos personales y no a las actividades comerciales, en los últimos años ha sido utilizado en Venezuela para alimentar el impulso comercial que ha experimentado la economía.
La importación masiva de cigarrillos por esta vía es irregular. Este tipo de envíos salta controles y regulaciones. De acuerdo con las normas, los agentes aduaneros deben prohibir el ingreso de los productos tan pronto como determinen que los contenedores tienen cigarrillos sin cumplir con una serie de reglas para su comercialización, pero el dinero tiene la última palabra.
Fuentes del sector calculan que en los puertos se paga entre $50.000 y $100.000 de «vacuna» por cada contenedor de cigarrillos para dejar que ingresen al país sin cumplir con la regulación e ingresar en el mercado ilícito, sin permisos ni declaración de impuestos, cuando un contenedor de cajetillas de cigarro debería requerir un pago de aproximadamente $500.000 tan solo en impuestos.
Debido a esta irregularidad, el fisco venezolano deja de recibir unos $100 millones anuales. Después de todo, las cigarreras pagan 73% de impuesto específico al tabaco. De una caja de 20 cigarrillos, las ganancias de 15 van directamente dirigidas a un Estado que necesita cada vez más dinero en un contexto de escasos ingresos petroleros.
«En el primer semestre del año, al comparar nuestros volúmenes con los del ilícito, notamos que son más de $100 millones que está dejando de recaudar el Tesoro nacional en un momento álgido en el que la recaudación va ganando peso todos los días y que le suben las metas de recaudación al Seniat», resaltó Benzo.
Actores privados han insistido durante meses en la reactivación de la Comisión Presidencial de la Lucha Contra el Fraude Aduanero, una instancia gubernamental que se articulaba con el sector privado para evaluar los principales problemas en materia aduanera, siendo una de las prioridades lidiar con el contrabando.
Cada mes, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, resalta la necesidad de frenar el contrabando y la competencia desleal. Advierte que hasta 30% de los productos que se comercializan en el país corresponden a importaciones ilícitas —44% en el caso del mercado de los cigarrillos—, pero el Gobierno parece hacer oídos sordos a esta petición.
Representantes de Bigott se han reunido con distintos actores gubernamentales para explicarles la situación y resaltar la necesidad de controlar el contrabando en el sector. Tras encuentros con el Ministerio de Finanzas, personal del Seniat e incluso diputados de la Asamblea Nacional administrada por el chavismo, como Orlando Camacho y José Vielma Mora, las respuestas siguen sin llegar.
Una industria grande
A pesar de la crisis económica que ha sufrido el país en el último lustro, el consumo de cigarros ha mantenido sus niveles en esta etapa. Bigott calcula que el volumen del mercado se mantiene en unos 6.000 millones de cigarrillos vendidos por año. Esto se traduce en un consumo per cápita de aproximadamente 200 cigarros por habitante al año.
Por otra parte, el negocio de Bigott se sostiene gracias a la producción nacional. La misma empresa ha construido puentes con productores agrícolas durante décadas para trabajar el tabaco y comprar materia prima para alimentar sus plantas de producción.
Bigott solía comprar a los agricultores alrededor de 5 millones de kilogramos de tabaco a mediados de 2017. Debido a la contracción del mercado por el peso del contrabando, ahora contratan unos 2,8 millones de kilogramos.
Además, aseguran generar unos 12.000 puestos de empleo directos e indirectos sin introducir en el conteo al sector agrícola, que opera con financiamientos otorgados por la empresa.
Benzo advirtió que estas cifras están en riesgo de caer o simplemente desaparecer, ya que la casa matriz de la empresa, el conglomerado internacional British American Tobacco, empieza a ver su negocio en Venezuela como un problema.
«La realidad es que nos vamos convirtiendo en un problema. Estamos en un país sancionado, con inflación, devaluación, riesgos laborales y de seguridad. No somos el país más atractivo para estar. El grupo nos ha dado desde 2008 unos 250 millones de dólares en fondeo y nosotros seguimos sin enviar un solo centavo desde hace 12 años», acotó.
La expansión del mercado informal atenta contra la producción nacional. No es un problema que le competa únicamente a Bigott, sino que perjudica a toda la industria con la importación masiva de productos sin pagar aranceles ni impuestos, e instauran una competencia desleal con los productos locales al ser mucho más económicos por contar con una carga impositiva inferior o inexistente.
La competencia desleal de los productos importados —que es más amplia en el caso del contrabando— favorece la compra de importaciones económicas. Para competir, la industria nacional tiene que bajar los precios a su mínima expresión y a pesar de operar con una rentabilidad irrisoria, suelen ser la opción menos solicitada del mercado. Como consecuencia, disminuyen sus ventas e ingresos, y con ello cae la producción.
Para muchos industriales, la solución más clara es generar un entorno en el cual todos los productos compitan bajo las mismas condiciones. En el caso de Bigott, Benzo resaltó que esta posibilidad pasa por reducir los impuestos que paga el cigarro nacional o reforzar la seguridad en las aduanas y fronteras para impedir el ingreso de cigarrillos por contrabando.
«Una reducción de la carga impositiva haría efecto si es en el impuesto específico al cigarrillo. Una reducción del 10% solidificaría los cimientos de la compañía y nos permitiría ser competitivos frente al ilícito. La otra forma es poner, sí o sí, control en los puertos», recalcó.