Expertos en el tema eléctrico afirman que la prioridad actual es rehabilitar lo que se pueda de lo ya instalado en la infraestructura para lograr eliminar o reducir el racionamiento actual en el país
El sistema eléctrico nacional se ha tornado inviable, la gestión pública ha fracasado y de no abocarse a su reingeniería integral, con la participación de los especialistas del sector, se agudizará el problema al persistir la vieja práctica de adoptar medidas coyunturales (parches), afirmaron en un comunicado el Grupo Ricardo Zuloaga y el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente.
«Sociedades técnicas y grupos de expertos han desarrollado planes serios y bien formulados en el país. Lo que hace falta es voluntad política y capacidad para ejecutarlos», se indicó en el documento de estas organizaciones que han hecho seguimiento a la delicada situación de la industria eléctrica.
Estiman que la inversión requerida para recuperar el sistema eléctrico venezolano supera los 15.000 millones de dólares en un periodo de tres a cinco años, y deberá distribuirse de la siguiente manera: generación, alrededor del 35%; transmisión 25% y 40% en distribución y comercialización, siendo prioritario rehabilitar lo que sea posible.
«La solución a la crisis del sistema eléctrico pasa por cambios institucionales profundos: la ideología del régimen; un modelo económico que se aparte del rentismo y orientado hacia el bienestar de los ciudadanos; un nuevo marco legal que promueva una gestión basada en eficiencia y transparencia, operado por un equipo de profesionales con sólidos conocimientos en la prestación del servicio y con comprobada ética», señalaron.
El Grupo Ricardo Zuloaga y el Grupo Orinoco recordaron que el Sistema Interconectado Nacional se ejecutó entre 1958 a 1998 y fue piedra angular para el desarrollo de las industrias de petróleo-gas, hierro, acero y aluminio; del sector comercial y para aumentar la calidad de vida de la mayoría de la población. Integrado por empresas públicas y privadas llegó a ser considerado el mejor de América Latina, con una cobertura del 97% de la población, excelente calidad de servicio, uso de tecnología de punta, robustez, estabilidad y confiabilidad.
«Mientras que en las últimas dos décadas, la degradación del servicio eléctrico se ha hecho evidente: en 2006 comenzaron las fallas críticas y en 2008 hubo cuatro apagones nacionales (no olvidemos que en marzo de 2019 en Venezuela hubo un apagón general que afectó 23 estados del país). Se estima que los cortes de electricidad han causado más de 1.000 millones de dólares en pérdidas hasta el presente».
Destacaron que a finales de 2009, Corpoelec, por el mal manejo de los embalses hidroeléctricos y la indisponibilidad del parque térmico, comenzó a racionar el consumo de electricidad. En la actualidad, la capacidad térmica disponible escasamente sobrepasa los 2.000 MW de los 18.000 MW instalados.
Por otra parte, la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní está limitada por el descenso de la demanda de Guayana y por la capacidad de la Red Troncal de Transmisión. En Guayana existe una reserva rodante de 2.300 MW que, de no usarse localmente, debe ser descargada por los aliviaderos o se corre el riesgo de un apagón nacional en caso de fallas de generación en el sistema centro occidental.
«Para justificar sus fallas el Gobierno ha utilizado múltiples excusas como saboteo, sequía o daño causado por fauna silvestre. Sin embargo, la crisis actual es de su exclusiva responsabilidad y las causas del deterioro son la obsolescencia de todo el equipamiento, falta de mantenimiento, personal con escasa competencia profesional, improvisación, deficiente operación y corrupción generalizada».
Se estima que en las dos últimas décadas se le ha asignado al sector eléctrico más de $105.000 millones. Con la emergencia eléctrica decretada en el 2010, se hicieron adjudicaciones directas a firmas sin experiencia y se adquirieron unidades usadas y con sobreprecio.
«Es necesario señalar que el costo total de la inversión realizada en los 40 años de democracia (1958-1998) alcanzó los $47.000 millones», se acotó el documento.
Nueva ley para el sector eléctrico
El Sistema Interconectado Nacional tiene en la actualidad instalados unos 35.000 MW y la demanda de electricidad pasó de 18.600 MW en 2013 a unos 12.400 MW actualmente, de los cuales solo pueden ser atendidos unos 10.400 MW. «Este déficit es compensado con el racionamiento del servicio que afecta a millones de consumidores, ocasionando daños en hogares y equipos eléctricos por la variación del voltaje suministrado».
Precisan ambas organizaciones integradas por expertos en el área que Venezuela tiene una capacidad instalada hidrotérmica nominal tres veces mayor que la demanda actual, sin embargo, la indisponibilidad es tan alta (75%) que hay racionamiento diarios en varias regiones del país (a pesar de que casi la mayoría de ellas tiene generación instalada suficiente que, de estar disponible, las haría autosuficientes).
«La prioridad actual es rehabilitar lo que se pueda de lo ya instalado para lograr eliminar o reducir el racionamiento actual. Definitivamente, lo que se necesita actualmente es la energía firme que no aportan ni la eólica ni la solar como se está proponiendo».
Destacaron los expertos que es imperativo incorporar la energía eléctrica como elemento prioritario en la política energética del país, por lo que es necesario emitir una nueva Ley del Servicio Eléctrico que permita la participación de los privados en todas las actividades relacionadas con el sistema, ya que la del 2019 -que aún está en discusión- no es un mapa de ruta que sirva de guía y estímulo a la inversión privada.
«Esta Ley deberá contribuir a generar un clima de seguridad jurídica que haga viable la consecución de las inversiones privadas necesarias», señaló el documento.